Si yo tuviera una escoba …

Si yo tuviera una escoba …

¿Recuerdan Vds. aquella canción de los años 60 que decía….:

Si yo tuviera una escoba

cuántas cosas barrería.

Primero, lo que haría yo primero

barrería yo el dinero,

que es la causa y el motivo

ay, de tanto desespero.

Segundo, lo que haría yo segundo

barrería bien profundo,

todas cuantas cosas sucias

se ven por los bajos mundos.

Si yo tuviera una escoba

cuántas cosas barrería”[1].

Me he acordado de ella viendo la situación que sufrimos en España. Yo también barrería toda la corrupción que nos ahoga y destruye, porque no queda mucho donde mirar sin que esté enfangado. Vean si no.

Para organizar el funcionamiento de nuestro país, el Estado ejerce tres importantes poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Según la Constitución, los poderes del Estado deben estar en instituciones separadas. Por eso, para cada uno de estos poderes tenemos distintas instituciones: las Cortes Generales, el Gobierno y los jueces y magistrados.

Y ya aquí nos encontramos con el primer problema desde que Alfonso Guerra (diputado por el Partido Socialista Obrero Español en el Congreso de los Diputados desde 1977 y vicepresidente del Gobierno de España desde 1982 hasta 1991) pronunció su famosa frase, ya histórica, de “Montesquieu ha muerto”. Lo hizo en el año 1985, aprovechando la mayoría parlamentaria que poseía el partido socialista para reformar la Ley del Poder Judicial. Se jactaban de ello y, en consecuencia, enterrar a Montesquieu, el filósofo que defendió la independencia de los tres poderes del Estado.

Quizás sea hora ya de resucitar al viejo filósofo. Para él, las leyes políticas y su conveniente ordenamiento producen la libertad. Dicho ordenamiento se construye sobre la base de la separación de los poderes principales del Estado. El predominio constante del poder ejecutivo y su intromisión en los demás poderes conduce, sin remisión, a la tiranía. Colocar el máximo órgano de gobierno de los jueces en manos de los partidos no garantiza precisamente la libertad e independencia de este órgano para servir a los ciudadanos, como tantos ejemplos podríamos dar de la prostitución del poder judicial a manos del conchaveo entre los partidos mayoritarios. El último, además de los de la infanta, Urdangarín, Pujoles, etc., podría ser la desaparición de la causa sobre los borrados por parte del PP de los ordenadores de su ex tesorero Luis Bárcenas, cuyo archivo recurrieron a la Audiencia de Madrid todas las acusaciones. Nos quieren convencer que se ha extraviado en el trayecto de la Audiencia al Decanato.

Los diputados de las Cortes elaboran las leyes y votan para aprobarlas o rechazarlas, pero claro en España hemos llegado a la estupidez de proponer para diputados en listas cerradas a personas elegidas por diversos factores como la afinidad personal, lazos familiares y miles más, por lo que cuesta trabajo encontrar a aquellos que lo han sido por capacidad y desarrollo neuronal. Esta reflexión es aplicable, naturalmente, tanto al género masculino como al femenino y aún al “neutro”.

El problema se acentúa cuando estos inútiles son nombrados para que desarrollen funciones en el poder ejecutivo, en el Gobierno. No tenemos más que recordar a las “inefables” (porque nos dejaron sin habla con sus increíbles frases y actitudes) Leire Pajín o Bibiana Aído, quien llegó a asegurar que una mujer embarazada no lleva un ser humano en su seno.

El Gobierno posee el poder ejecutivo, es decir, hace que se cumplan las leyes. Se ocupa de gestionar o dirigir los asuntos públicos, como las relaciones con otros países, la educación, la sanidad, el ejército….., pero debería hacerlo siempre pensando en el bien común, es decir, España. Y no siempre es así. Aquí encontramos un montón de tropelías en todas y cada una de las áreas que gestiona, pero no piensen que esto es exclusivamente referido al PP, que también, pero han venido abusando de su poder todos los gobiernos de esto que llaman democracia.

2015-02-15 corrupcionEspaña cada día es menos un país democrático y se exhibe ante el mundo, sin pudor, como un conjunto de tribus corrompidas y, a veces, delictivas. Se ha producido una llegada masiva de delincuentes al poder político. Esa es la verdadera base de la corrupción que nos invade. Pero lo original y genuino del caso español, lo que nos diferencia de otros estados mundiales corruptos, es que la corrupción española no parece un accidente o la consecuencia de una serie de casualidades, sino una conspiración para saquear el Estado, cuidadosamente ideada y desplegada desde las mismas entrañas del poder.

 Los partidos, principales focos de la corrupción en España, protegen a muchos de sus políticos presentándolos en las listas electorales para que sean diputados y senadores, aforándoles y dotándoles de un nada despreciable blindaje ante la justicia ordinaria. Se trata de un comportamiento claramente mafioso que demuestra que las instituciones están actuando como protectoras de delincuentes. Si se pudiera practicar un scaner veraz sobre el Congreso y el Senado,  los españoles descubrirían aterrorizados que en esos templos de la palabra y del poder político numerosos sillones están ocupados por personajes protegidos por sus propios partidos, con sus conciencias manchadas, que podrían ser acusados de maltrato, acoso sexual, apropiación indebida, cohecho, malversación, amiguismo, nepotismo, abuso de poder, conducción temeraria, pertenencia a banda terrorista, falsedad de documentos públicos u otros muchos delitos y faltas, algunos tipificados y otros no.

 El saqueo de España se ha realizado, con impunidad, de manera sistemática y planificada, desde el corazón del poder político. La mayoría de las cajas de ahorros han sido desvalijadas y en algunas de ellas, como la CAM, la de Castilla la Mancha y BANKIA, han desaparecido varios miles de millones de euros sin que nadie haya pagado por esos delitos y sin que las instituciones del Estado hayan realizado grandes esfuerzos por recuperar el dinero sustraído. Se ve que la cúpula piensa como aquella ministra tan progre que aseguraba que el dinero no era de nadie y, por tanto, según su filosofía se lo podían quedar al grito de ¡tonto el último!

 

El latrocinio tiene mil vertientes, algunas todavía desconocidas por la prensa y el gran público, dicen ciertos investigadores. Se han concedido subvenciones a empresas que no lo merecían, sólo porque en ellas trabajaban familiares o amigos del poder; se han cobrado comisiones sistemáticas por licencias, concesiones y contratos públicos; se han urbanizado terrenos protegidos para cobrar comisión; los recaudadores de los partidos políticos han extorsionado sin obstáculo; se han trucado concursos públicos; falseado oposiciones; filtrado las preguntas de oposiciones a los amigos del poder; se ha marginado a empresarios por pensar diferente o por ser honrados, cerrándoles mafiosamente el paso para evitar que reciban subvenciones y ganen concursos públicos; hay miles de políticos incapaces de explicar su patrimonio, sin que ni siquiera hayan sido investigados a pesar de haber desempeñado puestos que se prestan a recibir cohechos. ¿Por cierto, el Fiscal General del Estado no debe defender los intereses de la Nación?

La podredumbre, en España, no ha sido, como en otros países, un virus que ha ido extendiéndose hasta contaminar al poder, sino una estrategia meditada y fría del poder que ha contaminado a la sociedad y la ha empobrecido, de modo que la cúpula del poder y sus adláteres viven muy bien, pero han reducido al pueblo, como en la Edad Media, a siervos de la gleba[2]. Y mientras tanto, ellos, como sátrapas orientales, sin dar cuentas a la Nación, en definitiva la dueña del dinero, tipos como el malhadado Zapatero, cuando ya tenía destrozada a España, financió en Cuba a la AECID, fundación ligada a Podemos. Según reconoce la propia organización en su página web, la AECID, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo financió en 2007 el Programa de especialización en el ámbito Jurídico-Público en la República de Cuba. Dicha organización  depende del Ministerio de Asuntos Exteriores, al frente del cual estaba en ese momento como titular de la cartera Miguel Ángel Moratinos.

La corrupción en nuestro país alcanza a más de 1.900 imputados y al menos 170 condenados en más de 130 causas. Estas cifras proceden de un recuento de más de 135 casos de corrupción en España (algunos de ellos son macrocausas y otros afectan a sólo a un alcalde de una localidad, que o bien siguen abiertos o bien se han cerrado con condenas en esta legislatura). Entre los más voluminosos por número de imputados está el de los supuestos ERE irregulares andaluces, con más de 200, aparte de la petición de imputación a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que están aforados, por lo que tendrá que pronunciarse el Tribunal Supremo.

Según los datos recabados por Europa Press, entre los imputados y condenados hay personas que han ocupado cargos en partidos políticos o en la Administración Pública   ̶ a todos los niveles ̶ y también empresarios, abogados, sindicalistas y familiares de todos ellos, principalmente por corrupción urbanística, fraude fiscal y contratación irregular tanto de personal como de empresas. En la lista figuran nombres propios como Miguel Blesa (caso de las tarjetas B de Caja Madrid), los empresarios Juan Miguel Villar Mir y Luis del Rivero (caso Bárcenas), el ex presidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán (Aerolíneas Argentinas y vaciamiento del Grupo Marsans) o el ex presidente del FC Barcelona Josep Lluís Núñez (caso Hacienda).  Entre los que han ostentado cargos públicos notorios, destacan los ex vicepresidentes del Gobierno Rodrigo Rato (tarjetas B y fusión y salida a Bolsa de Bankia) y Narcís Serra (Catalunya Caixa), los ex ministros Magdalena Álvarez (falsos ERE de Andalucía) y Ángel Acebes (caso Bárcenas y caso Bankia), la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin (caso Nóos), la ex senadora Elena Diego (por su etapa como alcaldesa), el delegado del Gobierno en Murcia, Joaquín Bascuñana (Novo Carthago), el ex alcalde de Santiago Ángel Currás (Pokémon) y el ex tesorero del PP Luis Bárcenas. Lo cierto es que a pesar de tanto proceso judicial contra la corrupción y tanto encausado, tan sólo un número ínfimo de “sospechosos” por corrupción están cumpliendo condena, principalmente por la dilatación de los procesos judiciales, la lentitud de trámites administrativos, etcétera.

Un estudio de la Universidad de las Palmas (ULPGC) cifra en 40.000 millones de euros (precios de 2008) el coste social de la corrupción en España, fenómeno que según ese informe tiene una dimensión mucho mayor que la que reflejan las estadísticas oficiales, porque incluye otros aspectos que estos sondeos no miden, pero que los investigadores de la ULPGC han incluido en este estudio, como el impacto sobre la reducción de inversión extranjera, los casos que no se detectan o no pueden ser probados judicialmente, o el desánimo en la población, que deja de emprender proyectos personales y profesionales por miedo a que la corrupción los detenga.

La regeneración en España pasa por acabar con la impunidad de los corruptos políticos y por limpiar las instituciones, llenando las cárceles de delincuentes sea cual sea el nivel que éstos tengan y el partido al que pertenezca. Si no se hace, no hay futuro digno y el país, mande quien mande,(todos han actuado igual), seguirá siendo una pocilga incapaz de salir de una crisis que, como acaba de descubrir Europa, va mucho más allá de lo económico y se adentra en el alma podrida de la nación.

En las sociedades modernas y evolucionadas, como se supone que es España, existen al menos cuatro poderes que, en teoría, se suponen independientes entre sí; sin embargo en nuestro país, repleto de casos de corrupción, la realidad que percibimos los ciudadanos es bien distinta:

  • un poder político (incluyo aquí ejecutivo y legislativo) sometido al aparato económico financiero
  • un poder judicial controlado por el poder político (y, por extensión, el poder económico)
  • un poder económico financiero plegado a sus propios intereses.
  • un cuarto poder, el poder de los medios de comunicación, que ha perdido toda su esencia (y me refiero a los grupos empresariales y “grandes periodistas” habituales de las tertulias televisivas), que desconoce el significado de términos como objetividad, verdad, veracidad o ética profesional, y que se amolda, según convenga, al mejor postor.

Pero dicho esto y visto lo visto, tal vez tan sólo quede limpio de corrupciónimpoluto, el único y verdadero poder, el poder del pueblo, pero tal como se aprecia en el horizonte de los partidos políticos ¿Encontrará el pueblo español ese camino que conduce a la ilusión de una regeneración? ¿Habrá alguna estrella que guie HONRADAMENTE al pueblo?


[1] Canción del grupo de rock español  Los Sirex, nacido en Barcelona en junio de 1959, uno de los primeros grupos  españoles de gran éxito. Fueron los segundos teloneros de los Beatles cuando tocaron en España.

[2] Los siervos de la gleba eran unos seres humanos que, en época medieval, tenían una condición de semi-esclavitud. Anclados a la tierra en la que habitaban, carecían de cualquier derecho individual y no tenían más garantías legales que las que el amo de los territorios quisiera otorgarles. No tenían derechos. Eran parte del territorio.

En España hay siervos de la gleba, personas sin derechos porque es la tierra y no ellos la beneficiaria de sus derechos individuales. Porque en algunos lugares de España no hay personas, sino territorios. Y, pese a existir una Constitución que garantiza los derechos individuales, los territorios fagocitan esos derechos y las personas se ven adscritas a esos territorios y dominadas por los caciques locales. Y los caciques, nuevos dueños de unas tierras con derechos sobre sus habitantes, desprecian las garantías constitucionales, como por ejemplo, el derecho a conocer y utilizar la lengua oficial: el español.

Le recomendamos






Comenta

Comenta nuestras noticias con tu cuenta facebook.

entrevistas tv
logo opinion portada