Acerca de la masonería y su implicación en la historia de España (IV)

En 1885 Alfonso XII fallecía prematuramente, su viuda, María Cristina de Habsburgo, embarazada del que sería Alfonso XIII, asumió la regencia hasta que éste alcanzó la mayoría de edad (1902 En esas circunstancias fue Práxedes Mateo Sagasta, (cumpliendo lo establecido en el Pacto de El Pardo con Cánovas) quien se hizo cargo de la presidencia de Gobierno e, inmediatamente, reanudó la política liberal.

Durante este periodo se llevaron a cabo un conjunto de reformas que configuran de un modo definitivo el perfil social y político de la Restauración  por lo que algunos historiadores lo han considerado el período más fecundo de la misma.

Las reformas políticas, jurídicas y sociales

Como no podía ser de otro modo, siendo Sagasta jefe de Gobierno y Manuel Alonso Martínez desempeñando la cartera de Gracia y Justicia, se aprobaron las siguientes reformas:

Ley de Asociaciones (1887), que permitía la legalización de las organizaciones obreras, (en la clandestinidad desde la dictadura de Serrano (1874)). Permitió que las organizaciones obreras pudieran actuar legalmente ya que incluía la libertad sindical, lo que dio un gran impulso al movimiento obrero en España. Al amparo de la nueva ley, Pablo Iglesias Posse fundó en 1879 el PSOE en torno a 25 personas: 16 tipógrafos, cuatro médicos, un doctor en ciencias, dos joyeros, un marmolista y un zapatero. Fue el segundo partido socialista y obrero que se fundó en el mundo; solo el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), se había fundado con anterioridad. Poco después, en Barcelona fundó la UGT con representantes de cuarenta y cuatro sociedades de oficios, ante la necesidad de organizarse para defender sus intereses.

Pablo Iglesias en un acto público.

Pablo Iglesias en un acto público.

Surge, al parecer bajo la influencia de las ideas de un anarcocomunismo por una parte, y de un anarcocolectivismo bakuninista por otra,  la “Mano Negra” que actuó en Andalucía a principios de la década de 1880 durante el reinado de Alfonso XII, y a la que se le atribuyeron asesinatos, incendios de cosechas y edificios. Se extendió, además, la anarcosindicalista  Federación de los Trabajadores de la Región Española, (FTRE), fundada en 1881 como sucesora de la FRE-AIT del Sexenio Democrático.

Satisfecho por esta Ley, el Socialista escribió:

“Pacíficamente pueden hoy los trabajadores hacer sentir su fuerza… sobre la clase privilegiada. Mañana cuando la organización del proletariado sea completa, y la burguesía no quiera ceder ante la razón que asiste a aquel y el poder que le acompañe, habrá llegado la hora de proceder revolucionariamente”. (Advertencia que llevaron a efecto pocos años después).

Desde el mundo católico se intentó crear un movimiento obrero con esa significación confesional a raíz de la publicación en 1891 de la encíclica papal “Rerum novarum” que alentaba a que se tomaran iniciativas en el campo social. En España surgieron los Círculos Católicos de Obreros, promovidos por el jesuita Antonio Vicent, así como las asociaciones profesionales de carácter mixto, obrero y patronal. Con ello el P. Vicent se hizo eco del movimiento social europeo, entre cuyos iniciadores más significativos se encuentran el presbítero Kolping y el obispo Ketteler en Alemania y el marqués de la Tour du Pin y el conde de Mun en Francia. A este primer impulso de la Acción Social Católica, se unen el marqués de Comillas y el jesuita Gabriel Palau. La defensa del sindicalismo cristiano será también obra de los jesuitas Noguer, Nevares, Ballesta y Azpiazu, sin olvidar a los dominicos Gerard y Gafo. El que fue conocido como “el apóstol del catolicismo social español” basaba su obra, en los postulados de León XIII, y en los fundamentos de que el obrero se encontraba indefenso ante el poderoso patrono y el capital y ante el avance de las máquinas que impedían el desarrollo artesanal. Propone en defensa del obrero que la solución para su emancipación y progreso se encontraba en el asociacionismo y en la restauración de las antiguas corporaciones gremiales. Surgen así los círculos  ̶ a imitación de los existentes en Europa ̶  en cuyo seno habría de encontrar seguridad el patrono, bienestar el obrero, y paz en definitiva, la sociedad. Los círculos fueron acusados en seguida de “amarillismo” y de “paternalismo”.

Impulsará también el movimiento cooperativista agrario (hasta 1905 había creado más de cien gremios de labradores). Propició también la creación de instituciones de propagandistas católicos, como las Escuelas de Perfección Cristiana y Reforma Social. En los Círculos Católicos Obreros y en las Escuelas Profesionales de Aprendizaje, además de la especialización de cada una, se impartían conferencias y clases de los más diversos temas. Estableció otra novedad: clases diurnas, nocturnas y dominicales. Propuso también la creación y puesta en funcionamiento de bibliotecas populares. Siguiendo esta línea del P. Vicent, años después aparecerá el Padre Pedro Poveda, creador de la Institución Teresiana, seguidor también del P. Manjón, y hoy canonizado en virtud de sus méritos ya que sufrió persecución y martirio el 28 de julio de 1936 en Madrid.

Requeté del Patronato Obrero Tradicionalista de Barcelona (Fotografía: Vademecun del jaimista enero 1913, Fondo: Familia Pérez- Roldán)

Requeté del Patronato Obrero Tradicionalista de Barcelona (Fotografía: Vademecun del jaimista enero 1913, Fondo: Familia Pérez- Roldán)

Ley del Jurado (1888), que permitía el juicio por jurados populares para ciertos delitos, una vieja reivindicación, del liberalismo progresista a la que siempre se había resistido el conservadurismo. El juicio por jurado se estableció para aquellos delitos que tuvieran mayor impacto para el mantenimiento del orden social o que afectaran a los derechos individuales, como la libertad de imprenta, o la legalización de las organizaciones obreras en la clandestinidad desde la dictadura de Serrano (1874).

Ley de Sufragio Universal (1890) sustituye el sufragio censitario, limitado a propietarios y personas que demostraran unas determinadas “capacidades”, por el derecho a voto de todos los ciudadanos varones mayores de 25 años.  En realidad, era una maniobra política de Sagasta para reforzar su liderazgo dentro del Partido Liberal al conseguir con su aprobación asegurar la unidad del partido y del gobierno satisfaciendo una reivindicación histórica del liberalismo democrático. Con esta ley consiguió la incorporación al mismo de los republicanos “posibilistas” de Emilio Castelar tal como habían prometido si se aprobaba la extensión del sufragio. En cualquier caso, las élites que dominaban los sucesivos gobiernos permitieron y fomentaron el caciquismo, por lo que el fraude electoral siguió vigente, de modo que según el profesor Carlos Dardé Morales, las clases medias y trabajadoras y, especialmente las masas rurales, extremadamente pobres y analfabetas, eran completamente ajenas a dicho proyecto, mantenían la esperanza de una revolución social, en la mitad sur del país y del triunfo del carlismo en buena parte del norte; unas masas, que además, habían experimentado o bien una fuerte represión policial o la derrota en una guerra civil.

No fue fácil para Sagasta mantener unido un partido tan heterogéneo y, por tanto, con necesidades tan amplias y variadas. Las dificultades se manifestaron especialmente a partir de 1887, con las disidencias de Cristino Martos (el hermano Catón del Gran Oriente de España) y el general Cassola[1] y el enfrentamiento entre Gamazo y Moret, representantes máximos, dentro del partido, de las opiniones e intereses proteccionistas y librecambistas, respectivamente.

La situación militar era preocupante por el auge y predominio que la masonería había adquirido en sus filas; muchos procedían de las juntas revolucionarias. Como ejemplo, valga el estudio sobre la provincia de Castellón realizada por Juan Carlos Usó[2], en las que afirma que en aquella época, en la provincia había 19 establecimientos masónicos, (destacan La Verdad y Perfecta Razón, ambas en la capital) que aglutinaron a más de 350 masones de los cuales 56 eran militares. En el presente cuadro figuran 23 de los que consta su graduación. Puede apreciarse su pertenencia a la oficialidad, suboficialidad y miembros de la administración militar, tanto de la armada como de los distintos cuerpos del ejército español:

 

Ballester, Félix Alférez. 1889
Blanco Beltrán, José Teniente 1889
Cotrina, José Capitán de Infantería 1884
Dozal López, Ángel Teniente Coronel Retirado 1889
Fernández Salvador, José Médico Militar 1889
Fernández, Rafael Teniente de Infantería 1892
Gómez Tejedor, José Alférez 1887
Hernández Mir, Cayetano Capitán 1889
López Navia, Manuel Teniente 1887
López Rozabal, José Capitán 1889
Manlleu, Cándido Comandante de Infantería 1882
Marcos Riera, Constantino Teniente 1887
Mas Diez, Andrés Teniente de Administración Militar 1889
Mundo Ebrí, Antonio Comandante 1889
Núñez de Cortes de la Torre, Miguel Coronel 1889
Peirats, Trinitario Teniente de Artillería 1892
Rius Descarrega, Domingo Teniente 1889
Ros Rocafort, Vicente Guardia Civil 1894
Roselló Bru, Eduardo Teniente 1889
Rubiales de la Peña, Luis Teniente 1889
Rubiales Pardillo, Luis Coronel 1889
Sampol, Matías Alférez 1889
Ximénez de Sandoval, José Comandante 1889

 

Según la estadística del Gran Oriente Nacional de España en 1882, de los 14.358 miembros activos adscritos a dicha obediencia, 1094 eran oficiales superiores y militares de todas clases, siendo el  grupo profesional de magistrados, jueces, fiscales y abogados, el siguiente con 1.033 miembros.

La Restauración se construyó sobre la marginación de las opciones políticas incompatibles  con la monarquía de Alfonso XII. Esa exclusión política se tradujo, a menudo, en expatriación forzosa. El episodio más conocido y, quizás, más representativo de ello fue la orden de expulsión decretada contra Manuel Ruiz Zorrilla[3] por el gobierno de Cánovas en 1875.

El líder progresista condicionó su regreso a España al de los exiliados que él mismo había comprometido. Por ello se convirtió en el organizador del exilio republicano español en Francia, Argelia, Bélgica, Inglaterra, Suiza e incluso Iberoamérica. Tras la serie de indultos y amnistías que beneficiaron a los refugiados carlistas y cantonales, la emigración republicana zorrillista constituyó el principal contingente del exilio español entre 1880 y 1895 y el líder progresista pretendía contrarrestar el golpe de Sagunto recurriendo a la fuerza militar.

La preferencia  por la vía insurreccional frente a la legal llevó a un persistente esfuerzo para la captación de oficiales y suboficiales republicanos o, simplemente, descontentos con su situación profesional. En torno a 1881 surgieron diferentes agrupaciones secretas que buscaron el amparo de partidos o personalidades políticas de relieve. Algunas de ellas se fundieron en la Asociación Republicana Militar (ARM), protagonista de las sublevaciones de Badajoz, Santo Domingo de la Calzada o el más sonado del brigadier Villacampa.

El 19 de septiembre de 1886 el brigadier Manuel Villacampa[4], cabeza visible del irreductible Ruiz Zorrilla, junto al caoitán Vidaurreta y otros, se sublevó en Madrid el 19 de septiembre de 1886 y avanzó hacia la Puerta del Sol al frente de los regimientos Garellano y Albuera, de caballería, para proclamar la República en España, poco más de una década después de que el general Arsenio Martínez Campos la enterrase con su pronunciamiento en las playas de Sagunto y cuando el país aún vivía agitado por la repentina muerte del rey Alfonso XII y la inestabilidad provocada por una restauración monárquica que ceñía la corona a un niño recién nacido. Abortada la sublevación, Villacampa, y su segundo teniente Felipe González, fueron sometidos a Consejo de Guerra y Villacampa condenado a muerte. Ante la pasividad del pueblo que, demostró que el país había perdido la fe en la intervención de espadas y pronunciamientos, Salmerón, a pesar de haber sido solicitado como su defensor, pretextó encontrarse enfermo para no hacerlo (por alguna razón desconocida el presidente no llevó a cabo lo que la Orden estipula sobre la fraternidad entre sus miembros).

Sin embargo, Francisco Cañamaque Giménez[5] promovió una campaña a favor de Villacampa que, aparentemente, consiguió la concesión del indulto y su reclusión en Melilla. Lo cierto es que a pocas horas de dictar sentencia “recibió el señor Sagasta la célebre “plancha” del entonces Príncipe de Gales y hoy Eduardo VII de Inglaterra jefe a la sazón de los masones ingleses en la que interesaba al hermano Paz, que así se llamaba D. Práxedes en el círculo masónico y casi le conminaba a que se otorgara el indulto. Lo que no pudieron otras razones púdolo la masonería y a las pocas horas el Sr Sagasta llevaba a la regente el indulto”.[6] El capitán Vidaurreta fue preso en el Peñón de Vélez.

Otros militares miembros de la AMR y de la masonería, implicados en las varias revoluciones fueron los hermanos Gálvez-Cañero Gómez, descendientes de una conocida familia de militares, la de Teodoro Gálvez Cañero, mariscal de campo. Santiago Gálvez-Cañero fue miembro de la Sociedad Patriótica de Lucena, incansable fundador de logias allá por donde iba destinado, se creó una fructífera carrera masónica que le llevó a ostentar los más altos grados, pero delatado, el hermano Juan de Padilla (su nombre en la Orden) fue encarcelado y procesado junto a sus hermanos de sangre Julio y Enrique y condenado a muerte en Valladolid en 1894.

Se produjo la relativamente rápida victoria liberal en la guerra carlista. Se explica por la conjunción de varios factores: por un lado, las divisiones internas en el seno del carlismo, y algunas desafecciones significativas como la del mítico general Cabrera y por otro, el esfuerzo financiero, bélico y diplomático del Gobierno de Madrid. La superioridad numérica del ejército liberal era de 4 a 1 según algunas estimaciones, aparte de la mayor disciplina y eficacia de un ejército regular. El tiempo jugaba a favor de un régimen en trance de consolidación constitucional pues el final de la guerra coincidía con el final de ese proceso. La abolición de los fueros vascos, otra consecuencia de la derrota carlista, no significó la anulación de algunas particularidades, como la posibilidad de mantener conciertos económicos dando pie así a una vía de reconciliación.

Muy significativa fue la actuación del masón Cassola. Ministro de la Guerra en 1887, presentó una serie de reformas militares que incluían el servicio militar obligatorio sin redenciones ni sustituciones, que permitían a los hijos de familias acomodadas no incorporarse a filas si pagaban una determinada cantidad de dinero o enviaban un sustituto en su lugar. Significaba una amplia reorganización interna del Ejército, pero ante la cerrada oposición que presentaron a estos proyectos no sólo el partido conservador  sino muchos altos jefes militares, Sagasta no quiso forzar la situación y, sin desautorizar al ministro, no le prestó el apoyo necesario para sacar adelante sus reformas. En 1893 se producirá la primera guerra del Rif, también conocida como del general Juan García Margallo[7], gobernador por entonces de la plaza de Melilla.

Respecto a la situación de la Armada, 1884 supone un hito dramático para ella tras años de abandono en lo que a la dotación material y presupuestaria se refiere por todos los gobiernos desde la caída de Narváez, el ministro de Marina se vio obligado a adoptar la medida suicida de cerrar los Arsenales de La Habana, dejando a merced de los ingleses en Jamaica y de los norteamericanos el mantenimiento de nuestra flota de las Antillas. Isaac Peral, testigo y protagonista de las hazañas de la Armada, decidió hacer algo grande para atajar el problema: la invención del prototipo primer submarino con propulsión eléctrica realizado por la Armada Española según un proyecto personal y propio de él mismo.

Un enfrentamiento con Alemania por la posesión del archipiélago de Las Carolinas amenazó con llevar a España a la guerra. La tensión fue creciendo entre ambas naciones durante los meses de agosto y septiembre de 1885 y el inventor sintió que era su deber poner en conocimiento de sus superiores que había inventado el submarino y lo ofrecía a su patria para su mejor defensa. El ministro de Marina, Manuel de la Pezuela acoge con gran interés el proyecto dictando varias órdenes para que se efectuaran pruebas preliminares y declarando el asunto alto secreto militar. Las pruebas fueron superadas con éxito, pero Isaac Peral y España, como veremos, tuvieron la mala suerte de sufrir un cambio de gobierno con motivo de la muerte de Alfonso XII. El ministro que sustituyó a de la Pezuela fue el masón vicealmirante Berànger Ruiz de Apodaca, intrigante cacique bien relacionado con el trust industrial británico, principal responsable del inadecuado desarrollo del Programa Naval que nos condujo al desigual enfrentamiento con la Marina de EEUU.

Con Berànger en el ministerio de marina se bloquea el proyecto que quedaría inicialmente aparcado siete meses sin causa alguna. A partir de aquí se produjeron una serie de sucias maniobras no solo contra Isaac Peral y su submarino, sino contra España, hechos tan sórdidos y traicioneros que merecerán un artículo propio. Berànger, y muchos altos dirigentes políticos del  momento, fueron activos miembros de la masonería,  lo que le permitía mantener estrechas relaciones con tres políticos muy poderosos: Cánovas, Sagasta y Romero Robledo. Todo esto facilitó que se produjera una clara violación del secreto militar: no sólo los franceses debieron de tener acceso a los planos para la construcción de su submarino, sino que un industrial inglés del sector armamentístico, William B. Thompson, abordó a Isaac Peral en los pasillos del mismísimo Ministerio de Marina para ofrecerse a comprarle la patente de su invento. Invento que, por cierto, Peral nunca patentó, pues lo había cedido al Estado español.

 ¿A quién pudo beneficiarle que España no llegara a disponer de un arma como el submarino? Un alto oficial estadounidense, el almirante norteamericano Dewey reconoció ante el Congreso de su país que, en 1898, nunca hubieran atacado de la misma manera de haber tenido España submarinos. Todas las personas que se opusieron al proyecto de Peral dentro del Ministerio de Marina, tuvieron relación en algún momento de su carrera con comisiones en el extranjero: Víctor Concas, en Londres; Bermejo, en Berlín; Ruiz del Árbol, uno de los primeros en hacer campaña contra el submarino, fue, en 1898, protagonista de una rocambolesca y sospechosa aventura. Estaba en Cuba y desapareció al estallar el conflicto. Escribió una carta a la reina explicándose, en la que narraba un periplo por Estados Unidos, donde fue detenido, pero no identificado (?), para terminar, sin ningún problema, en Francia. No dio señales de vida hasta el final de la guerra. “Algo raro había”, dice Javier San Mateo[8]. Disiento de esta afirmación. No creo que hubiera tal rareza, sino más bien el funcionamiento de ayuda que fraternalmente siempre se prestan entre sí los miembros de la Orden, aunque para ello tengan que transgredir leyes.

La política económica  liberal había sido relativamente librecambista, los conservadores se habían manifestado más proteccionistas, aunque no defenderían explícitamente esta postura hasta los años 90. El conflicto surgió en el partido liberal cuando Gamazo, al frente de un importante grupo de diputados y senadores, al amparo de la libertad de opinión existente en lo económico, trató de variar la tradicional política del partido, sustentada por Sagasta al nombrar ministros de Hacienda de orientación librecambista. Germán Gamazo, que era portavoz de la Liga Agraria (uno de los escasos movimientos de opinión organizados, fundada en 1887), demandaba una solución a la crisis. Se planteó:

*En primer lugar, el abaratamiento de la producción mediante la rebaja de los impuestos defendido por Germán Gamazo[9]. Personaje paradójico, intentó reducir los impuestos que gravaban la propiedad de la tierra, el cultivo y la ganadería, aunque para equilibrar los gastos del Estado fuera necesario establecer un impuesto general sobre la renta. En ese abaratamiento de la producción se incluía el mantenimiento del régimen de esclavitud, pero las presiones internacionales, especialmente tras el fracaso español en la Conferencia Internacional de Berlín de 1885, en las que las potenciales internacionales se repartieron África, forzaron al ministro de Ultramar, Germán Gamazo a decretar con dos años de antelación la liberación total de los esclavos en la isla de Cuba. Así, el 7 de octubre de 1886 quedaban en libertad los últimos 25.000 esclavos africanos o hijos de africanos de los territorios españoles de Ultramar.

*En segundo lugar, la reclamación de la necesaria protección arancelaria. Su actividad parlamentaria con una dura crítica a las artimañas electorales que se aplicaban en los comicios españoles del período; las mismas que posteriormente ejerció en beneficio propio con gran maestría.. Su proteccionismo, era más pragmático que ideológico, dado que le permitió establecer su estructura caciquil en Valladolid, vinculado a los intereses cerealistas y harineros de Castilla. El elitismo de las clases dirigentes y sus manipulaciones caciquiles, lastraba, si no impedía, la democratización del sistema político español de la Restauración. Creó con su actuación serios problemas a Sagasta y, a fines de 1888, hasta una crisis de gobierno al perder éste una votación. A lo largo de 1889, el enfrentamiento fue haciéndose más intenso y preocupante para Sagasta al conseguir Gamazo el apoyo de Martínez Campos, con gran influencia en la regente, Cristina de Habsburgo.

El 5 de julio de 1890, inexplicablemente para todos, Sagasta fue sustituido por Cánovas en la presidencia del Consejo de ministros. La causa de la crisis fue revelada, años más tarde, por el conde de Romanones, al relatar en su biografía de la reina regente la confidencia que ésta le hizo sobre los sucesos de aquellos días. Sagasta dimitió ante la amenaza de Romero Robledo de hacer públicos ciertos documentos relacionados con la concesión de un ferrocarril en Cuba, en los que aparecía implicada la mujer del jefe liberal. Romero, a través de Martínez Campos, puso en conocimiento de la regente el asunto, quien lo trasmitió a Sagasta a través de López Puigcerver, ministro de Gracia y Justicia. Planteada la crisis, María Cristina aceptó la renuncia del político riojano.

 

Los regionalismos y nacionalismos.

 

A finales del siglo XIX aparecen en España una serie de movimientos regionalistas y nacionalistas frente al Estado centralista de la Restauración. El regionalismo es un fenómeno dual  que  defiende una idiosincrasia propia apoyada en una:

*Vertiente cultural por cuanto es un movimiento que exalta las tradiciones y las peculiaridades históricas de determinadas regiones y una

*Vertiente política que desde fines del siglo XIX algunas regiones, como Cataluña, País Vasco o Galicia ponen  especial énfasis en ella. En estos casos el regionalismo deriva en un nacionalismo, es decir, en la consideración de que una determinada región constituye una nación, frente a la naturaleza unitaria del Estado central, todo ello en base a la conciencia de una misma lengua, historia y un pasado común (conceptos a veces bastardeados) y se llega, en estos casos, a pedir autonomía política para una región o incluso la independencia.

Las causas generales que inspiraron estos movimientos fueron la oposición al Estado centralista de la Restauración y el fracaso de la Revolución industrial que hace que en Cataluña y el País Vasco la burguesía exige medidas proteccionistas para hacer frente a la competencia exterior.

**Cataluña

Desde 1830 surge la Renaixença, movimiento cultural y literario, cuya finalidad es recuperar la lengua y las señas de identidad de la cultura catalana. Destacó el poema “La patria” de Carles Aribau (1833) y la celebración de los “juegos florales” desde 1859, es decir, concursos de poesía que recuperan la lengua catalana y le proporcionan respetabilidad literaria.

Llama la atención el que parte de estos autores son liberales exaltados que conocen las incomodidades del exilio por sus ideas políticas. Dos de ellos –Robreño y Puigblanch- son agitadores liberales en un tiempo en el que “ser liberal” iba necesariamente parejo a pertenecer a alguna “sociedad secreta”. Y sólo había tres (eso sí, divididas en múltiples tendencias): la masonería, el carbonarismo y la Sociedad Comunera. En la historia del siglo XIX catalán suelen aparecer personajes que han alcanzado fama (Anselm Clavé, Narcís Monturiol, Ildefons Cerdá, etc.) de los que prácticamente se oculta que pertenecieron a asociaciones secretas y grupos conspirativos.

Bonaventura Carles Aribau, considerado como el punto de arranque de la Renaixença catalana, permaneció durante toda su vida completamente ajeno a cualquier idea catalanista pero participó en su juventud de la actividad de las sociedades secretas carbonarias que operaban en España. Este dato no es desdeñable a la vista de que otros patriarcas del catalanismo o del republicanismo catalán, eran también miembros del carbonarismo, sin olvidar que la primera asociación cultural catalanista, Jove Catalunya, en similitud a la “Giovine Italia” que creó Giuseppe Mazzini, tenía profundas y evidentes raíces carbonarias.

**Vascongadas

Diferentes estudiosos como Jon Juaristi, Javier Corcuera Atienza o Juan Aranzadi defienden que la estructura mítica del nacionalismo vasco representa sobre todo el deseo de regresar a una Edad de Oro, un pasado remoto idealizado en el que los vascos vivían libres, felices y sin preocupaciones. En resumen, un regreso al Paraíso. Así, en Vasconia, obra de Federico Krutwig, uno de los autores más influyentes en el nacionalismo etarra, éste defiende que en Vizcaya no hubo luchas de clases ni desigualdad social hasta la llegada de los españoles.

Durante la Tercera Guerra Carlista (1868–1876), las escuelas dominadas por la monarquía de Estella de Carlos VII adoptan la educación bilingüe (castellano y euskera). También se apela a los antiguos fueros y tradiciones en obras como “Amaya o los vascos en el siglo VIII” (1876) o “Doña Blanca de Navarra”, ambas de Navarro Villoslada que contribuyen a crear una conciencia de pasado común entre los vascos.

Carlos VII (retrato de Carlos Vázquez)

Carlos VII (retrato de Carlos Vázquez)

Pero la derrota del Carlismo, principal defensor del sistema foral, provoca que se supriman los fueros vascos (1876). Además se inicia la llegada de trabajadores de otras regiones españolas debido a la industrialización vasca en los sectores minero, naval y siderometalúrgico: la industrialización vasca se basó en buena medida en la mano de obra emigrante, pero ésta no se sentía atraída por las tradiciones vascas. Se produce un choque y, en consecuencia,  muchos vascos se muestran contrarios al proceso de españolización al tiempo que aumentan los seguidores del PSOE y la UGT entre los proletarios de Bilbao, muchos de ellos inmigrantes.

En este contexto, destacó Sabino Arana (1865–1903), el padre del nacionalismo vasco. Publicó estudios lingüísticos e históricos vascos, destacando su obra “Vizcaya por su independencia” y “Orígenes de la raza vasca”. En 1895 fundó un nuevo partido, el Bizkai Buru Batzar (Directorio vizcaíno), que luego más tarde extendió al resto de provincias vascas dando lugar en 1897 al PNV (Partido nacionalista Vasco). El nuevo partido defendía el respeto de fueros vascos tradicionales y la idea de la raza vasca. Su lema “Dios y fueros” (Jaungoikua eta Legi Zarra) recuerda al de los carlistas. Era pues un partido independentista, tradicionalista y católico. La ideología de Sabino Arana y por tanto del primer PNV es agresiva, racista y profundamente reaccionaria y victimista:

– Racista, ya que defiende la superioridad de la raza vasca y la necesidad de perpetuarla.

– Victimista, ya que considera que los males económicos del País Vasco se deben según su propia expresión “a Castilla y sus hermanas”. Además acusa al Ministerio de Hacienda de sangrar la economía vasca, ello a pesar de que era la única región española que contaba con un sistema de conciertos económicos.  Además Arana realiza una exaltación de la lengua y las tradiciones y exige un Estado vasco propio. En definitiva el nacionalismo vasco inicial fue una reacción ante lo que Arana considera la destrucción de la sociedad tradicional vasca, frente a la paulatina “españolización”.

 

**Galicia

Galicia no contaba con una burguesía económicamente desarrollada. Por ello sus reivindicaciones iniciales se limitaron al nacionalismo cultural: se inició con el movimiento cultural “O Rexurdimento” que abogaba por la recuperación de la lengua y la cultura gallegas a la vez que critica el subdesarrollo de la región. Destacan la “Historia de Galicia” (1866) y “El Regionalismo Gallego” de Manuel Murguía, quien además de organizar los juegos florales gallegos fue presidente de la “Asociación Regionalista Gallega”, el primer grupo autonomista de la región. La esposa de Murguía, Rosalía de Castro (1837–1885), fue la máxima exponente del Rexurdimento. Entre sus obras en gallego destacan “Cantares gallegos” (1863), “Follas novas” (1880). A ellos se une Alfredo Brañas, autor de “El regionalismo” (1899). Pero no se llegó a crear un partido autonomista hasta el siglo XX.

De la política anticlerical hablaremos en el próximo capítulo.


[1] Según Gustavo Pardo: SOCIEDADS SECRETAS DE LOS AÑOS 20, era masón de alto grado

[2] USO I ARNAL, Joan-Carles; Católicos y masones en Castelló de la Plana, Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura tomo LIX (enero-marzo 1983), pp. 91-109, Societat Castellonença de Cultura, Castellón 1983.

[3] Manuel Ruiz Zorrilla (El Burgo de Osma 1833- Burgos 1895) En lo religioso fue siempre y ante todo un hombre respetuoso, político español, diputado en Cortes y, posteriormente, ministro de Fomento de Gracia y Justicia durante el gobierno provisional formado tras la Revolución Gloriosa de 1868 y jefe de Gobierno con Amadeo I. A pesar de ser intervencionista en los Bienes artísticos, nunca fue ni contra la iglesia ni contra el clero ya que era consciente de que España era mayoritariamente católica. Llegó a ser Gran Comendador y Gran Maestre de una de las Logias más importantes del País: el Gran Oriente de España. Sin embargo, los masones siempre le consideraron un ferviente católico que amaba la masonería. Así que Iglesia y Masonería sentían un profundo afecto y respeto por él.

[4] Manuel Villacampa del Castillo (Betanzos 1827- Melilla 1889) Tras ser detenido, fue juzgado y condenado a muerte, pena que fue conmutada por la de prisión perpetua en África, primero en Fernando Póo y desde 1887 en Melilla, donde fue cuidado hasta su muerte por su hija Emilia, que procuraba defenderle de las humillaciones que se le imponían.

[5] Siempre se le ha considerado masón por sus amistades y pertenencia a sociedades vinculadas a la Orden. Sus intervenciones parlamentarias destacan por centrarse en las cuestiones de Ultramar, de las que era experto; también, por su acento anticlerical y su defensa a ultranza del laicismo y la separación entre Iglesia y Estado.Falleció a consecuencia de una sospechosa  súbita y grave enfermedad, sin haber cumplido aún los cuarenta años.

[6] Del periódico local El Telegrama del Rif, Melilla 9 de febrero de 1903, pag 1-2 recogido por Vicente Moga y Adoración Perpén en Orígenes ideológicos de los talleres masónicos contemporáneos en Melilla: Militares y Masonería (1893- 1927) nota 12

[7] Bisabuelo del actual ministro de Exteriores José Manuel García Margallo, intentó desalojar el campo para proseguir las obras comenzadas de  excavar los cimientos de un nuevo fuerte en los terrenos de un cementerio donde reposaba un morabito (santón) muy popular entre los rifeños. La agresividad de éstos y la escasez de las fuerzas españolas, hicieron al general refugiarse en el fuerte de Cabrerizas, próximo a Melilla, donde hubo de soportar un durísimo asedio. El general intentó una salida desesperada y fue abatido por tres balazos el 28 de octubre.

En el transcurso de esta guerra tuvo una especial intervención el entonces capitán Juan Picasso González, tío segundo del célebre pintor y que, andando los años, sería el encargado de elaborar un informe, conocido por el «Expediente Picasso», que resultaría decisivo para dilucidar las responsabilidades del desastre de Annual en 1921.

[8] JAVIER SAN MATEO ISAAC PERAL : EL SUBMARINO PERAL.LA GRAN CONJURA . (Javier San Mateo es bisnieto del inventor).

[9] Germán Gamazo y Calvo (Boecillo, Valladolid, 1840 – Madrid, 1901) fue un abogado y político español, ministro de Fomento durante el reinado de Alfonso XII, cartera que volvería a desempeñar junto a las de Hacienda y de Ultramar durante la regencia de María Cristina de Habsburgo-Lorena. Militaba en el sector más moderado del Partido, liberal, al tiempo que mantenía  una relación excelente con el  dirigente conservador Francisco Silvela, entre otros motivos porque era partidario del proteccionismo económico, y porque empezó su trayectoria profesional como abogado en el bufete de su padre, Manuel Silvela y de Le Vielleuze. Mejoró su posición económica y social con su habilidad jurídica —era considerado el mejor abogado español del último tercio del siglo XIX—, a través de préstamos a aristócratas y con dos bodas. Enviudó y se casó de nuevo con la que había sido su cuñada, que aportó tres hijos al matrimonio y una dote nada despreciable; una de sus hermanas se casó con el mallorquín Antonio Maura, su heredero político, mientras que sus hijos se casaron con “lo más granado de la burguesía catalana a través de López (en referencia a Antonio López Bru, segundo marqués de Comillas): los Arnús, Ferrer y Güell”

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