La prevaricación como nueva forma de hacer política.

Ahora que tenemos al populismo en la cocina toca degustar los platos que ellos cocinen.

La prevaricación como nueva forma de hacer política.

Los resultados de las últimas elecciones municipales han aupado al poder a pretendidos portavoces del pueblo que pretenden regenerar la vida política haciendo uso de los mismos principios políticos que han llevado a occidente a su autodestrucción.

De forma sorprendente los madrileños tendrán que ser espectadores de la constitución de un nuevo Ayuntamiento presidido por la conocida ex magistrada Carmena. Desde su candidatura Ahora Madrid y desde el partido político detrás de la misma (Podemos) han querido vender a esta ideologizada septuagenaria como solución de los numerosos problemas de la capital española.

Al día siguiente de quedar segunda en las elecciones municipales nuestra Carmena ya se autoproclamaba alcaldesa y lo que es más importante, comunicaba sus primeros pasos como alcaldesa en funciones. Según confesó a los medios de comunicación el lunes pasado mantuvo una reunión con el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y con el Juez Decano de la capital; lo sorprendente no es en sí la reunión mantenida sino el objeto de la mismas y la conclusiones que la alcaldable extrajo de dicha reunión.

Por lo visto desde el Ayuntamiento se pretende constituir una oficina para evitar los lanzamientos, o en román paladino se pretende evitar los desahucios de todos aquellos que no pueden o no quieren pagar sus alquileres. Esta oficina, que a algunos les pudiera parecer buena idea, sin embargo tiene un problema elemental: supone quebrantar el único beneficio que tiene el estado de derechos, a saber, la seguridad jurídica.

Efectivamente, los jueces y magistrados tienen la obligación de hacer cumplir la ley, sin que en ningún caso puedan hacer dejación de dicha misión, no obstante parece que la ex magistrada ya no se acuerda de las obligaciones que tenía cuando desempeñaba su antiguo oficio antes de dedicarse a la política, pues sino no se entiende como puede ahora pedir a los jueces que inapliquen la ley por motivos políticos.

Cabe recordar que los Ayuntamientos no tienen competencias en materia de justicia, ni tienen competencias para dejar sin efecto las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por lo cual poco o nada puede hacer el Ayuntamiento en esta materia.

Las únicas competencias que tiene el Ayuntamiento es ayudar a las familias con necesidades económicas a finalizar el mes haciendo uso de sus propias  competencias en materia social, mediante el ofrecimiento a las familias de viviendas sociales y la concesión de diferentes figuras de ayudas económicas y subsidios.

Pero el problema mayor viene precisamente de la buena impresión que dicha entrevista ha producido al Presidente del Tribunal Superior de Justicia y al Juez Decano de Madrid. Una de dos, o falta a la verdad la señora Carmena al decir que los jueces han quedado satisfechos y  con ganas de implantar la referida oficina antidesahucios, o los jueces han decidido junto a la futura alcaldesa transitar por los difíciles caminos de la prevaricación judicial, pues no se nos ocurre forma alguna de parar un desahucio cuando la ley ampara a aquel que ejercita una acción justa.

Desde luego queda claro que el populismo y no el pueblo ha llegado al poder en España después de las últimas elecciones. El fin del populismo no es precisamente solucionar los problemas de las personas y familias, sino crear una ficción de solución, así lo lógico sería pensar que una persona que no puede pagar su alquiler o no puede pagar la hipoteca lo que necesita es un trabajo remunerado y no simplemente que se paralice el desahucio. Aunque sea una obviedad tenemos que recordar que las necesidades de las familias no se acaban con la posesión de una vivienda, sino que se han de arbitrar mecanismos que permitan a las familias comer caliente todos los días, poder vestir con dignidad, pagar sus facturas, llevar al colegio a sus hijos, y tantas y tantas necesidades que se pueden cubrir perfectamente si todas las familias tuvieran acceso a un trabajo dignamente remunerado.

Además, ¿verdaderamente es oportuno paralizar los desahucios?. Para responder a esta pregunta basta poner un ejemplo bastante común en nuestro país. Una pobre viuda sin derecho a pensión, o con derecho a pensión mínima, es titular de dos viviendas, a saber: la que disfrutaba con su difunto esposo, y que actualmente es su vivienda habitual, y otra vivienda que posee como herencia de su familia. Dicha pobre viuda para satisfacer sus necesidades primordiales (alimento, vestido y medicamentos), como cientos de viudas, decide poner en alquiler su segunda vivienda para poder llegar a fin de mes con las rentas producidas. Si su inquilino le paga puntualmente el alquiler nuestra viuda llegará a fin de mes con dignidad, pero si no recibe puntualmente su alquiler tendrá que guardar cola en los comedores de caridad para poder comer algo calientes. ¿Es justo que la pobre viuda ante el impago de las rentas no trate de desahuciar a su inquilino para liberar la vivienda y volverla a ponerla en alquiler? Según la progresía no es justo pues la propiedad es un pecado en sí misma y nuestra pobre viuda vendría obligada a soportar un inquilino incumplidos, mientras ella se ve en la necesidad de recurrir a la caridad para llegar a fin de mes, pero según un elemental criterio de justicia y equidad nuestra viuda tendría todo el derecho del mundo para desahuciar a su inquilino incumplidor.

Después de las elecciones del 24 de mayo ya tenemos el populismo en casa, así que prescinda usted de la lógica más elemental y acostúmbrese a razonar no bajo los parámetros de la lógica, o del sentido común, sino bajo los parámetros de la ideología.

 

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