Hoy se cumplen 30 años de la aprobación en España de la primera ley del aborto, que despenalizaba este horrendo delito en tres supuestos y que supuso la ventana por la que se justificó el asesinato de ceca de dos millones de seres humanos indefensos en el seno materno y el primer paso a la consideración de esta terrible práctica en un derecho, dando carta de naturaleza a que un ser humano pueda tener derecho sobre la vida de otro.
Desgraciadamente para España, a los españoles de hoy este tema les importa muy poco y la inmensa mayoría no lo considera un tema prioritario o lo justificaría en algún caso concreto, pero esto no fue siempre así. Hace 30 años, cuando Ledesma era ministro de justicia del Gobierno de Felipe González, impulsó esta ley, había un número significativo de españoles que alzaron su voz contra esta atrocidad y que podrían haber supuesto un importante frente anti abortista.
Así, años antes de la aprobación de esta ley , ya había españoles que intuían, frente a la incredulidad del resto, lo que podría ocurrir y comenzaron a generar opinión y movilizar a los españoles sobre los peligros que se cernían. Lugar destacado en este frente merece el brillante político y notario Blas Piñar, que en 1982 organizó la primera gran manifestación contra el aborto en España a la que asistieron de manera masiva, españoles de bien y que fue apoyada explícitamente por sectores de la jerarquía católica, como Monseñor Guerra Campos, que ante la defensa del bien, no tenían problema alguno en asumir las críticas que incluso desde su propia acera, podrían propinarle. El mismo Piñar, publicó un brillante ensayo titulado Derecho a Vivir en el que aportaba inapelables argumentos jurídicos, antropológicos y morales en contra de todos los atentados contra la vida y la dignidad humana que el advertía que podrían darse en España, y que lamentablemente, el tiempo confirmó.
No se puede continuar con un análisis serio del viraje de España en su percepción del aborto sin mencionar el primer paso legal para ampararlo. Este es la redacción del artículo 15 de la Constitución Española de 1978, que da cabida al aborto como así han certificado sentencias del propio Tribunal Constitucional. Hay que recordar que La Constitución del 78 fue apoyada por la inmensa mayoría de los políticos venidos del franquismo, excepción de nuevo de Blas Piñar, y por la Iglesia Católica que, como según reconoce el cardenal Tarancón en una entrevista autobiográfica: el episcopado era consciente de que esta situación traería diversos males como el aborto y el divorcio, pero no quedaba más remedio que apoyar la nueva situación “por respeto a la pluralidad política.”
Pero como ya ocurriera antes y como ocurrió posteriormente en otras muchas situaciones parecidas, aquellos interesados en implantar este tipo de leyes, sabían como neutralizar a los que se oponían. Contaban con el apoyo, bien por acción o bien por omisión de aquellas organizaciones políticas y sociales que tenían la autoridad moral, el apoyo político y el afecto de millones de españoles que veían en ellos a los garantes de los valores propios que conforman España y cuyas consignas seguían ciegamente. Así, miembros de la derecha, se mostraban contrarios a la Ley, mientras eran oposición, para mantener la fidelidad del votante preocupado por estos temas, mientras desarticulaban ,mediante el silencio y la calumnia, a aquellas opciones que mostraban una beligerancia mucho mas activa y real. Con el tiempo, quedó clara la postura de esta formación política y su sucesora, el Partido Popular que cuando alcanzó el gobierno, primero con mayoría simple, y luego con mayoría absoluta, no solo no derogó la ley del aborto socialista, sino que impulsó y legalizó nuevas formas de aborto como la píldora RU 486, la llamada PDD, y una ley que amparaba la manipulación de embriones humanos ” con fines científicos”, lo que a la postre supuso un terrible aumento del número de abortos, llegando a cifras que superan ampliamente el número de los llamados abortos quirúrgicos y cuyo número se suma a los 511.429 asesinados en las dos legislaturas del gobierno de Aznar. Entre tanto, los medios de comunicación omitían esta terrible realidad y cuando lo hacían era para dar altavoz al feminismo que iba implantando como un mantra la idea del derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo , obviando que el ser humano que esta por nacer, dispone de una corporalidad distinta a la de la madre. Y así con el paso del tiempo se iban durmiendo las conciencias y la jerarquía de la Iglesia Católica , única institución capaz de generar un clima amplio de resistencia frente a esta barbarie, optó por el silencio , a veces interrumpido con tibias e insuficientes declaraciones contribuyendo así por omisión a la aceptación general del aborto como una realidad imposible de cambiar.
No es hasta años más tarde, cuando la querella interpuesta por Alternativa Española contra el doctor Morin, conocido medico abortista , destapando las cotidianas atrocidades del aborto silenciadas hasta entonces, cuando el aborto volvió al primer plano del debate social, surgiendo una nueva oportunidad en cuanto a la derogación de este mal. Pero una vez más, la “derecha”, en complicidad con sus terminales mediáticas, volvieron a aplicar la dormidera a la sociedad española, centrando el debate en cambios de la ley en aspectos formales, como son la necesidad de permiso paterno para abortar o los plazos por supuestos, sin abordar la única solución moralmente aceptable, que es la absoluta derogación de cualquier tipo de ley que ampare el aborto.
De esta manera, la “derecha ” seguía consolidando la realidad del aborto, que pasaba, de la Ley socialista del 85 a la Ley abortista Aido con el reconocimiento explícito del aborto como un derecho de la mujer y colocando a Mariano Rajoy como garante de la Ley abortista de Felipe González.
El último capítulo de esta triste historia fue el intento de reforma de la ley Aido que propuso el ministro de justicia Gallardon, afortunadamente desechado por su propio Gobierno y que de haber salido adelante, hubiese supuesto la escandalosa aprobación de una ley abortista, con el asentimiento de un importante grupo de asociaciones provida, que erróneamente contemplaban esta reforma como un avance, así como de numerosos miembros de la jerarquía católica.
A fecha de hoy, el debate sobre el aborto corre el riesgo de volver a ser cubierto “bajo un espeso muro de silencio”, condenando a una muerte sin defensa a cientos de miles de niños y a España, a su suicidio moral, social y demográfico. Solo la reapertura del Caso Morin, luchado en solitario por Alternativa Española y su gabinete jurídico , con un enorme esfuerzo profesional y económico, puede mantener vivos la lucha y el debate.
Cada español debería de hacer una profunda reflexión sobre este tema y muy en especial, todos aquellos que tienen responsabilidad a la hora de generar criterio, formación y principios morales. La verdad y asuntos de bien común, como la vida y la familia no pueden estar sujetos a componendas de ningún tipo, ni a rebajas morales y ser moneda de cambio de intereses políticos puntuales.
No tener esto en cuenta, ha estrangulado la familia en España, primero con leyes divorcistas que niegan la indisolubilidad del matrimonio, provocando un índice de rupturas matrimoniales en porcentajes socialmente insostenibles. La frivolizacion del vínculo culmina con la equiparación legal del matrimonio a las uniones de parejas del mismo sexo. Así la legalización del divorcio se convierte es un primer paso hacia la legalización del aborto, y este a su vez abrirá el paso a la eutanasia.
Las dramáticas consecuencias que esta concatenación supone, son inasumibles para ninguna sociedad. Tenemos, cada uno de nosotros, la obligación de combatir estas leyes injustas, aunque sea en solitario, hasta su total derogación. De lo contrario, tan culpables seremos, por omisión, como el médico que aborto, la madre que consintió, el pueblo que cayó, el político que legisló y el Rey que sancionó.
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