25 asociaciones civiles denuncian ante el ECSR incumplimientos del Estado español de la Carta Social Europea

En el informe ha colaborado el Centro Jurídico Tomás Moro.

25 asociaciones civiles denuncian ante el ECSR incumplimientos del Estado español de la Carta Social Europea

En el marco de la evaluación de España de la Carta Social Europea (ESC), 25 asociaciones coordinadas por Profesionales por la Ética, han presentado al Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa (ECSR) un Informe que denuncia determinadas legislaciones y actuaciones del Estado español entre 2010-2013.

Entre los aspectos que recoge el Informe se denuncia la existencia, entre 2010 y 2013, de asignaturas escolares adoctrinadoras obligatorias como Educación para la Ciudadanía además de una educación sexual ideológizada. Ambas actuaciones vulneran la Carta Social Europea, además de las Recomendaciones de la ONU para la Prevención de la Delincuencia Juvenil así como el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales y la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.

Educación sexual ideologizada

En relación con la educación sexual ideologizada, el Informe indica que la incluyen numerosas leyes españolas(Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, entre otras) que tienen en común los siguientes aspectos:

En la mayoría de los casos, imponen una educación sexual al margen del derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones.

Transmiten una visión antropológica de la sexualidad que no es compartida por todos los ciudadanos.
Difunden formas de comportamiento sexual que no han demostrado ninguna eficacia; por el contrario, incitan a los menores a mantener relaciones prematuras y aumentan la transmisión de enfermedades sexuales en las menores así como el número de embarazos no deseados.

No respetan el diferente grado de madurez de los adolescentes al impartirse por edades y al margen de su distinto desarrollo físico y psíquico.

Como recomendaciones, el Informe establece, además de elimina Educación para la Ciudadanía (asignatura que se encuentra en su último curso escolar), eliminar la educación sexual temprana ideologizada y obligatoria y asignarla a los padres, tutores o a quienes ellos designen, de forma que estos puede elegir el enfoque y la edad en que sus hijos han de recibirlo.

Discriminación del padre en casos de divorcio

El Informe pone de manifiesto que la legislación española, muy especialmente la controvertida Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, discrimina con frecuencia al padre en los procesos de divorcio y da lugar a denuncias falsas fomentando el uso de los menores como arma arrojadiza y forma de herir o vengarse del cónyuge. De esta forma, se le priva al menor de la figura de uno de sus progenitores, habitualmente el padre. Si a esta ausencia de la figura paterna, se añade el sufrimiento de los menores en las separaciones y divorcios, traumáticas ya de por sí, las denuncias, el daño al menor puede ser grave e irreversible. Lamentablemente, nada de esto preocupa a las personas que se benefician del conflicto y de una legislación injusta por discriminatoria. Por todo ello, el Informe propone generalización de la custodia compartida, salvo en casos de maltrato demostrado, para que ambos progenitores compartan la responsabilidad de la educación del menor y se le evite al menor la desaparición de uno de sus referentes familiares y su familia extensa.

“Esta discriminación del padre es uno de los efectos más perversos del totalitarismo de género”, afirma Leonor Tamayo, presidenta de Profesionales por la Ética.

Discriminación de la mujer a causa de su maternidad

Por último, el Informe denuncia que España vulnera los siguientes derechos:

– Derecho de las mujeres trabajadoras a la protección de la maternidad.

– Derecho de la familia a la protección social, jurídica y económica.

– Derechos de los trabajadores con responsabilidades familiares a la igualdad de oportunidades y de trato.

Estos derechos están recogidos en normas internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales respecto a la igualdad entre el trabajo de hombres y mujeres, el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales respecto a la protección de las madres y futuras madres y el Convenio de la OIT sobre Protección de la Maternidad.

El Informe señala que muchas mujeres desean ser madres. Sin embargo, en el ámbito laboral supone un perjuicio económico para el contratante y un obstáculo en la posterior carrera profesional en caso de solicitar una excedencia o abandonar temporalmente el marcado laboral. En esta situación, la mujer se encuentra con dos opciones: renunciar a la maternidad o renunciar al trabajo. No puede haber mayor injusticia y discriminación, por lo que se debe incidir en eliminar esa disyuntiva de forma que la mujer pueda elegir libremente realizarse en ambas funciones sin que menoscabe su proyección laboral ni su vida personal.

Se denuncia igualmente el mobbing al que a menudo se somete a las madres en el trabajo –el acoso, discriminación, violencia o abuso que sufre la mujer por decidir ser madre-, empieza cuando una joven en su ámbito de trabajo, por el simple hecho de estar en edad de procrear, embarazada o tener hijos menores, sufre situaciones tales como el no ser contratada por estar en edad fértil, ser degradada de sus funciones, disminución de su salario, presión para renunciar voluntariamente, no renovación de contrato, despido, etc… y continúa con intimidación para que abandone su puesto de trabajo o flagrante discriminación si solicita reducción de jornada o mayor flexibilidad en el horario laboral. La crisis económica, la eliminación de prestaciones para la mujer-madre, la falta de cultura social y laboral positiva en España a favor de la maternidad generan un descenso en la verdadera conciliación maternidad-empleo. A ello se une la necesidad de recuperar el prestigio de la mujer que ha decidido dedicarse en exclusiva a su familia y que por ello es sometida a una exclusión social sistemática.

Las recomendaciones del Informe en esta materia son:

– Facilitar el trabajo para la mujer- madre con medidas que incluyan flexibilidad de horario real y ajustado a las necesidades de la madre trabajadora, promoción del trabajo desde casa y de las responsabilidades profesionales por objetivos, ampliación del derecho a la reducción de jornada para la madre trabajadora.

– Inversiones públicas en políticas de ayuda familiar que incluyan desde la ampliación de la paga de 100 euros a todas las madres con hijos menores de 3 años hasta porcentajes de desgravación de impuestos que favorezcan el esfuerzo económico de la crianza de hijos.

– Normativa que incentive la contratación de mujeres madres implementando ayudas de forma que los contratantes no se vean perjudicados por esa condición familiar.

– Campañas de sensibilización de la función social de la mujer madre y políticas de dignificación del trabajo en el hogar elegido libremente, incluyendo como categoría laboral la “dedicación exclusiva a la familia” con acceso a prestaciones propias del asalariado.

– Nuevas prestaciones sociolaborales que faciliten la permanencia de la mujer madre en el mercado laboral.

Ausencia de protección a la maternidad en situaciones difíciles

El Informe recoge la vulneración por parte de España de la legislación internacional respecto a la protección a las madres en todas las etapas de embarazo y parto a causa de la vigencia de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que ha incrementado la discriminación por maternidad. Han aumentado además el número de abortos, contraviniendo entre otras las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en el sentido de implementar políticas y medidas que los reduzcan. Se han detectado además numerosos casos de mujeres que no desean abortar pero se ven abocadas a ello por la presión social y laboral o imposición de su pareja contra la propia voluntad de la gestante, lo que supone una nueva y terrible vulneración de los derechos de las mujeres.

En este punto, el Informe recomienda eliminar el rango de “derecho” para el aborto y promover la intervención institucional de apoyo a las mujeres embarazadas desde la Atención Primaria del Sistema de Salud de forma que vean amparadas sus necesidades básicas y las de su hijo. Además, se incide especialmente en el caso de las menores embarazadas, para las que se recomienda, entre otras medidas, programas específicos de ayuda, siempre con el conocimiento y apoyo de sus padres.

El Informe presentado por 25 asociaciones civiles se presenta al grupo de trabajo “Niños, familia y migrantes” del ECSR, que emitirá sus conclusiones en diciembre de 2015. Como explica Leonor Tamayo, “con esta iniciativa introducimos en el debate, las instituciones internacionales y sus normas y recomendaciones las demandas de una buena parte de la sociedad española que de otra manera no tendrían eco alguno dando lugar al desamparo de muchos ciudadanos”.

Informe completo en este enlace:
Informe ECSR España PpE2015 –

Asociaciones firmantes del Informe

APFS ESPAÑA
ASOCIACIÓN CATÓLICA DE MAESTROS VALENCIANOS
ACVMVAL
ASOCIACIÓN DE FAMILIAS NUMEROSAS MADRID
ASOCIACIÓN DE PADRES Y FAMILIAS SEPARADAS
APFS
ASOCIACIÓN EUROPEA DE ABOGADOS DE FAMILIA
ASOCIACIÓN NACIONAL POR LA DEFENSA DE LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA
ANDOC
ASOCIACIÓN PRO DERECHOS DEL NIÑO
SOS PAPA
CASTELLÓN EDUCA EN LIBERTAD
CEL
CENTRO JURÍDICO TOMÁS MORO
CÓRDOBA POR LA DEFENSA DE LA IGUALDAD EFECTIVA
CODIE
DERECHO A VIVIR
FUNDACIÓN CITIZEN GO
GENMAD
GENMAD
HAZTE OIR
HO
INSTITUTO DE POLÍTICA FAMILIAR
IPF
MADRID EDUCA EN LIBERTAD
MEL
MUJER MADRE Y PROFESIONAL
MUJERES CORDOBESAS POR LA DEFENSA DE LA IGUALDAD EFECTIVA
MUCODIE
PROJUSTICIA
UNIÓN NACIONAL DE ASOCIACIONES Y PLATAFORMAS POR LA CUSTODIA COMPARTIDA
VIDA DIGNA
WOMEN OF THE WORLD
WoW

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