La igualdad que proclama la Constitución Española de 1978 en su artículo 14 es cosa de gente carca, retrógrada, y fascista.

Por Carlos Aurelio Caldito Aunión.

La igualdad que proclama la Constitución Española de 1978 en su artículo 14 es cosa de gente carca, retrógrada, y fascista.

En España una de cada cuatro separaciones matrimoniales, o de pareja, va acompañada de denuncia por «malos tratos».
Como sabrán quienes estén informados de lo que acontece en “estepaís”, eufemismo al que recurren quienes procuran evitar por todos los medios llamar a nuestra nación por su nombre: España, hace unos días, en uno de esos programas televisivos que han dado en llamar “debates electorales”, hubo una miembro del partido Ciudadanos que tuvo la feliz ocurrencia de destapar la caja de los truenos y traicionar al acuerdo de “omertá” acerca del tabú de lo que los políticamente correctos denominan “violencia de género” y también “violencia machista”.
Una mujer de nombre Marta Rivera en el “debate a 9 de RTVE”, tuvo el desliz, el lapsus linguae de nombrar la bicha, y habló de que en España existe asimetría penal cuando se trata de la violencia doméstica. Y, ante la protesta del resto de contertulios que, poco faltó para que la lincharan (luego lo hicieron en todos los medios de información y en las denominadas redes sociales) afirmó que su partido (el de Albert Rivera) tiene intención de reformar la LVIOGEN, ley de “violencia de género” de 28 de diciembre de 2004, para que no se castigue más severamente a los hombres que a otras personas cuando ejercen violencia sobre otros…
Estoy hablando de una ley cuya aplicación ya ha ocasionado la detención y el procesamiento de más de 1.500.000 hombres, la mayoría de ellos acusados de vejaciones, insultos, voces, zarandeos, empujones, o cosas similares, todas ellas consideradas graves, gravísimos delitos y susceptibles de ser castigadas severamente… (Por supuesto, de esto último no se habló en el “debate”).
Estamos hablando de una ley que ha hecho que desde su entrada en vigor hayan sido empujados al suicidio alrededor de 10.000 hombres (un millar por año).
Estamos hablando de una ley, cuyo “protocolo” propicia la detención arbitraria de cientos de hombres cada día, a los que se priva de libertad ilegalmente, incumpliendo el precepto constitucional del recurso de habeas corpus.
Estamos hablando de una ley mediante la cual se han creado tribunales de excepción (expresamente prohibidos por la Constitución Española de 1978) en los que solamente se juzga a hombres, se les condena con la versión de la mujer supuestamente maltratada como única prueba, y se les castiga más severamente que a las mujeres en caso de incurrir en el mismo ilícito penal. Todo ello con el aval del Tribunal Constitucional y aplicándose la Jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Estamos hablando de una ley que promueve la falsa denuncia por maltrato por parte de mujeres, para conseguir ventajas procesales en los pleitos de divorcio, por la custodia de los hijos menores y para la liquidación del régimen económico de gananciales. Sí, hablo de denuncias falsas que muchas mujeres promueven, aconsejadas por sus abogados y abogadas, y que cuentan con la colaboración necesaria de la Fiscalía y los Jueces y Magistrados… ¿Tienen noticias quienes me leen, de alguna mujer que haya sido castigada con pena de prisión por haber denunciado falsamente a su marido, novio, compañero…?
Estamos hablando de una ley que ha legalizado el repudio, evidentemente de la mujer hacia el hombre; no a la inversa.
Estamos hablando de una ley que ha causado la orfandad de cientos de miles de menores que, se han visto privados del amor de sus padres, de su cuidado, de su educación y crianza.
Estamos hablando de una ley – la Ley de Violencia de Género- cuya aplicación es la causa principal por la cual los españoles varones son encarcelados; estamos hablando de más del 15% del total de reclusos en las cárceles españolas.
Estamos hablando de una norma que ha batido todos los récords de recursos de inconstitucionalidad -promovidos por jueces cuando se han visto obligados a aplicarla- más de dos centenares; una norma que todos los juristas españoles de reconocido prestigio han afirmado que viola el derecho constitucional a la igualdad, el derecho a la presunción de inocencia, a la dignidad de la persona y a la tutela judicial efectiva, y muchas cosas más; cuestiones que a pesar del tiempo transcurrido, salvo los damnificados, sus familiares y amigos; la mayoría de la población española sigue ignorando, o ¿tal vez la mayoría de los españoles desea seguir ignorándolo?, y en tal caso, algo realmente grave, gravísimo está ocurriendo en España.
Estamos hablando de un ámbito en el que aquello de la corrupción, de la que tanto nos hablan los medios de información, un día sí, y el otro también, es lo más común, y para lo cual es imprescindible la entusiasta colaboración de jueces, fiscales, secretarios judiciales, abogados, forenses, psicólogos, y un largo etc. que obtiene pingües beneficios del sufrimiento ajeno, principalmente de cientos de miles de varones, de sus hijos, de sus familias extensas; ya digo, un verdadero genocidio, crímenes de lesa humanidad. (La definición de crimen contra la humanidad, o crimen de lesa humanidad, está recogida en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, y comprende las conductas tipificadas como asesinato, exterminio, apartheid, deportación o desplazamiento forzoso, tortura, violación, prostitución forzada, esclavitud sexual, esterilización forzada y encarcelación o persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos, de orientación sexual u otros definidos expresamente, desaparición forzada, secuestro o cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien los sufre, siempre que dichas conductas se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque).
Estamos hablando de una ley que no protege a las mujeres en situación de riesgo de sufrir violencia, por más que quienes elogian su aprobación y puesta en funcionamiento, y dicen de ella que era necesaria, útil y estupenda digan lo contrario. Pues la ley no funciona, y solo ha ocasionado mayores problemas, de una enorme magnitud, que los que supuestamente sus “bienintencionados” promotores pretendían resolver.
Hoy, la regulación de las separaciones y divorcios está marcada, en una sociedad nihilista del «todo vale», por una Ley que bien parece dar respaldo legal a esta amoralidad. Las acusaciones por «malos tratos» planean sobre la mayoría de los procesos de separación, y muchos abogados se han especializado en introducirlos como elemento de presión. Con una simple denuncia, el expediente de separación pasa del Juzgado de Familia, civil, a Violencia de Género, penal.
Incluso sin denuncia, el uso torticero de esta Ley como instrumento de coacción influye, de manera determinante, en muchos de los acuerdos que se adoptan. El simple hecho de que exista la perversa y sexista Ley de Violencia de Género, genera una grave situación de desigualdad, y también de injusticia, un terrible drama, de enorme magnitud, cientos de miles de casos concretos, con nombres y apellidos.
Otro aspecto no menos grave, y de especial transcendencia e que la Ley de Violencia de Género también «regula» las relaciones de intimidad, introduciendo un factor de distorsión que desnaturaliza el sentido mismo del vocablo intimidad. Un concepto que solo puede existir si se fundamenta en la igualdad, la reciprocidad y la libertad de ambas partes.
Pero… ¿Y por qué no funciona la LVIOGEN, ley de violencia de “género” de 28 de diciembre de 2004?
Según la legislación aprobada en la última década, relativa a separaciones, divorcios, relaciones interpersonales, de pareja, etc. los varones españoles nacen “culpables” (algo así como el pecado original del que hablan los católicos) y se les somete a una sistemática discriminación en sus derechos esenciales, discriminación amparada en la denominada «perspectiva de género». Un nuevo fundamentalismo fanático, violento, el feminismo «de género» aliado con el poder político, está en el origen de todo ello, y el retroceso al que asistimos respecto de derechos fundamentales no tiene comparación posible en nuestro entorno cultural.
En junio de 2005 entraba en vigor en España la Ley Orgánica 1/2004, denominada «Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género», —más conocida como Ley de Violencia de Género, de forma abreviada LVIOGEN—, tras los preceptivos seis meses desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Una Ley sin precedentes en nuestro entorno democrático occidental, que legalizaba el linchamiento, la vejación sistemática, el escarnio y la condena de los varones, «por el hecho de serlo», en el ámbito de la pareja. Una perversa e injusta ley que impone penas distintas a hombres y mujeres por los mismos hechos, obviamente más duras y severas a los primeros que a las segundas; una ley en la que está implícita la presunción de culpabilidad para los varones españoles.
Estamos hablando de una ley que determina que en la práctica, todo, o casi todo es calificable como delito de «maltrato», si el sujeto activo es varón.
Todo al fin y al cabo, pues la perversa y sexista ley invierte la carga de la prueba, y presupone la culpabilidad masculina; cuando un varón es acusado estará siempre obligado a demostrar, si es que puede, su inocencia; mientras tanto será considerado culpable. Una Ley absolutamente injusta que no ha acabado resolviendo nada, todo lo contrario ha acabado mayores y más problemas que los que supuestamente pretendía resolver, y que está causando ingentes dosis tanto de desdicha privada —de dolor— como de desdicha pública: injusticia.
Tras casi once años de aplicación la cifra de muertes de mujeres se sigue manteniendo en el mismo tono que el de los años previos a su aprobación y puesta en práctica.
Es importante señalar que la frase tantas veces repetida de, “no para de aumentar el número de mujeres muertas” y cosas por el estilo (amplificada hasta la saciedad por los diversos medios de información…) es una absoluta falsedad, pues como demuestran las estadísticas del Ministerio del Interior (y de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, y del Instituto Nacional de Estadística…) el número de mujeres y hombres muertos en el ámbito familiar, se mantiene más o menos estable…
La teoría en la que se inspira la fracasada ley es que la violencia contra la mujer, los feminicidios, es la respuesta del “macho dominante” a los deseos de emancipación y libertad de la mujer. El varón apegado a formas de conducta ya periclitadas, el varón educado en la familia y la religión judeocristianas, en el patriarcado, que niega la autonomía de su pareja y a partir de un determinado límite resuelve el conflicto matándola.
Naturalmente, dado que es una ideología bastante chapucera, no existen datos que corroboren o apoyen tales hipótesis. Todo lo contrario. Si la hipótesis de la “perspectiva de género” fuera verdad, la violencia y, sobre todo, los asesinatos se darían en mayor medida en las personas educadas de forma más tradicional que en las personas jóvenes. Sin embargo, la tozuda realidad demuestra que las cosas no son así: la inmensa mayoría de homicidas son menores de 40 años, y el veinte por ciento menores de 30. Las homicidas mayores de 50 años, el grupo en teoría más peligroso por su supuesto “patriarcalismo”, apenas representan el 40 por ciento de los casos.
Si la teoría fuera cierta, las personas con mentalidad tradicional deberían cometer más homicidios que las más “liberales” o “progres”. Pero no es así. Las personas unidas por matrimonio religioso presentan una menor tendencia al homicidio que las unidas por matrimonio civil, y a su vez, éstas muchísimo menos que las que viven como pareja de hecho. Casualmente, las estadísticas demuestran que existen 10 veces más posibilidades de homicidio en una relación de pareja de hecho.
Si las afirmaciones de la perspectiva de género, que inspiran la ley fueran ciertas, los países “más liberales”, con una mayor tradición de emancipación de la mujer, como los países nórdicos y anglosajones, deberían poseer una incidencia mucho menor que los países de raíz tradicional y católica, como Portugal, España, Italia, Grecia (ortodoxa), incluso Irlanda. Pero no es así, sino todo lo contrario. Suecia tiene el dudoso honor de liderar el ranking junto con Gran Bretaña y los Países del Norte de Europa, mientras que la cola corresponde precisamente a los países mediterráneos e Irlanda.
El tópico-estereotipo de un presunto “macho violento” de pelo en pecho, color cetrino y mirada cejijunta frente a un rosado nórdico, de ojos azules y actitudes liberales, es falsa: el nórdico estadísticamente presenta una mayor tasa de feminicidios y, no sólo esto, sino también de violaciones.
La ley falla porque no ve que el origen de la violencia intrafamiliar está en la ruptura de pareja.
Existen tres factores (que a menudo se olvidan) que guardan una íntima relación con los feminicidios. Uno ya ha sido señalado, las parejas de hecho; el segundo es la inmigración desestructurada, sin familia (que no la inmigración a secas) y el tercero son los procesos de ruptura de pareja.
Pero en realidad estos tres factores se pueden resumir en un único factor: el que ya hemos nombrado de las rupturas, porque la inmigración desestructurada suele derivar en parejas de hecho y éstas presentan un grado de inestabilidad, de ruptura, por consiguiente, muchísimo más elevado que los matrimonios. De ahí también, que el aumento del número de divorcios tienda a presionar al alza el número de homicidios.
Pero la ley no quería abordar en profundidad el asunto porque resulta social y políticamente incorrecto señalar la ruptura como el factor de riesgo, porque lo importante era criminalizar al hombre-varón, y no buscar la causa real del por qué en unos casos concretos la violencia estalla mientras que en la mayoría no. Para la ideología de género es necesario que la violencia contra la mujer sea inherente al sistema y el feminicidio su corolario.
Y ¿qué hacer ante semejante panorama, por cierto nada halagüeño? Pues sencillamente, “más mediación familiar y menos policía, suprimir los juzgados de violencia de género y devolver al ámbito de la jurisdicción civil y penal este tipo de conflictos, tal como estaba antes.
Y ya para terminar: estamos hablando de un salvaje retroceso en lo que respecta a los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Española de 1978, de la que hace pocos días celebrábamos su trigésimo séptimo aniversario, que todos los días se le niega a la mitad de la población por haber nacido con pene; circunstancia que no es algo casual. La liberticida y totalitaria Ley de Violencia de Género es la culminación de una ideología que se ha acabado instalando en la sociedad y goza de omnipresencia en las instituciones del Estado de Derecho. Una ideología que se llama feminismo de género, o feminazismo. Un régimen político, al fin y al cabo, que solo la “sociedad civil” puede derrocar, pues cualquiera que esté bien informado debe de tener en cuenta que las soluciones no vendrán desde la esfera política. Solo la sociedad civil, con su reacción, puede impedir que lo «inverosímil» se adueñe definitivamente de nuestras vidas.
Generalmente cuando la gente es convocada a Elecciones Generales, como las del pasado 20 de diciembre, suele padecer “alzheimer selectivo” y hace un acto de desmemoria, o vota con el corazón, en lugar de la mente; permítanme que les recuerde que su voto SÍ puede decidir, permítanme que les aconseje que no voten a quienes legislan para destruir nuestras familias, apartarnos de nuestros hijos, convertirlos en huérfanos de padre y de la familia paterna: abuelos, tíos, primos… De ustedes depende, si ustedes siguen ignorándolo, no teniéndolo en cuenta a la hora de depositar el voto, es que algo terrible está ocurriendo en España.

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