El pasado 17 de marzo de 2016 el Pleno de la Asamblea de Madrid aprobó la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación (ley de transexualidad) con el voto favorable del Partido Socialista, Ciudadanos y Podemos y con la única abstención del Partido Popular.
Según el Centro Jurídico Tomás Moro La ley aprobada supone la imposición a la ciudadanía madrileña de una ley ideológica y totalitaria que pretende dar por buenas las teorías de la ideología de género y manipular a los menores para fomentar entre ellos el cambio de sexo.
En nombre de una democracia autoritaria se deconstruye de forma sistemática y organizada la realidad y la verdad. El ejercicio de este poder arbitrario se ha instalado en el campo de la educación, la sanidad y los medios de comunicación social, llevándonos a la dictadura del relativismo y pretendiendo corromper a los menores.
El problema jurídico de la norma consiste tanto en «otorgar soberanía a la voluntad humana sobre cualquier otra consideración física» como en imponer a los demás esa soberanía individual, y en convertir al sistema sanitario en garante de una mera soberanía individual que no responde al interés general. Para estos fines el legislador ha prescindido de los conocimientos científicos, pues aunque reconoce que la disforia de género (trastorno de la identidad sexual) es considera por la ciencia casi de forma unánime como un trastorno de la salud, prescinde de criterios técnico científicos olvidando que la transexualidad no está reconocida por la literatura científica como una manifestación de la libertad individual, sino que está reconocida como un padecimiento, entrando a forma parte de todas las clasificaciones de enfermedades usadas mundialmente (entre ellas la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE-IO de la OMS).
Toda la ley supone una peligrosa imposición totalitaria, pero de entre sus principios cabe mencionar tres sumamente preocupantes por cuanto corrompen a nuestros menores y establecen la censura política.
1.- Al establecer que en el caso de realizarse actividades diferenciadas por sexo, se tendrá en cuenta el sexo sentido por el alumnado, garantizándose el acceso y uso de las instalaciones del centro de acuerdo con su identidad de género, incluyendo los aseos y los vestuarios, se está fomentando la corrupción de los menores, y se está dando pábulo a que los menores hagan uso de su identidad sexual para desarrollar conductas hostigadoras, sexistas y de violencia. No queremos que en los vestuarios de nuestra hijas se cuelen varones con el fin de ejercer de mirones o abusar sexualmente de ellas.
2.- Además la Comunidad de Madrid manifiesta su voluntad de coordinar los recursos del sistema educativo y sanitario con carácter fiscalizador e intervencionista con el objeto de efectuar la posible detección temprana de aquellas personas en educación infantil que puedan estar incursas en un proceso de manifestación de su identidad de género. Resulta jurídicamente intolerable que la administración pública se inmiscuya en las relaciones familiares tratando de crear órganos fiscalizadores con la misión encubierta de fomentar la transexualidad, eligiendo sin criterios ciertos a las víctimas entre los menores que serán observados y estudiados sin el consentimiento de los padres.
3.- Según la norma todas las bibliotecas propiedad de la Comunidad de Madrid y de los diferentes Ayuntamientos, deberán contar con fondo bibliográfico específico en materia de identidad sexual y de género nunca contrario al reconocimiento de la expresión o identidad de género. Es decir, la norma censura toda postura discrepante mediante la no difusión de obras que sean contrarias a los principios de la ideología de género, certificando así que la administración pública ha optado de una forma clara por la imposición ideológica sin ningún tipo de control democrático. Y ello violentando la propia Constitución Española, que prohíbe toda forma de censura.
Por todo ello el Centro Jurídico Tomás Moro ha emitido una guía gratuita para informar a los padres y docentes madrileños de los peligros de la nueva norma jurídica (se puede descargar de forma gratuita pulsando aquí ) y ha creado una petición en un portal ciudadano para pedir a Ignacio Aguado, como portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, que pare esta barbara ley pues en el plazo de nueve meses se tienen que desarrollar las disposiciones reglamentarias, y es necesario que los reglamentos que se desarrollen dejen completamente sin contenido esta atroz norma jurídica. Puede firmar la petición ciudadana pulsando aquí.
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