La Junta de Extremadura ha tomado recientemente la decisión de reducir a la mitad el tiempo que se le dedica a la enseñanza de la Religión Católica en los centros públicos de enseñanza. Lo hace, dicen, con el noble pretexto de ampliar el tiempo que se le dedica a otras asignaturas, que al entender del partido gobernante en Extremadura, PSOE, están desatendidas y merecen que se les preste más atención. “Casualmente” lo dicen quienes vienen aprobando normas y más normas desde hace décadas (“leyes educativas progresistas” las llaman) que han conducido a que en Extremadura en particular, y en España en general, la calidad de la enseñanza institucionalizada esté bajo mínimos, las tasas de fracaso escolar sean de las más altas de la Unión Europea, y el abandono temprano y no finalización de la enseñanza obligatoria sean de los más altos de Europa, y no será porque no se le dedique ingentes cantidades de dinero, medios y personal a la enseñanza pública.
Según parece, el gobierno regional (con el consenso, dicen, de la “comunidad educativa”) ha llegado a la conclusión de que la causa principal, de tal desaguisado la tiene que se le dedique demasiado tiempo en el horario escolar a la enseñanza de la Religión Católica.
La enseñanza de la religión y moral católica –voluntariamente- es una oferta prevista en los Acuerdos Iglesia – Estado de 1979. Durante casi 40 años esta materia ha sido escogida por entre un 70 y 80% de los alumnos y sus familias; pese a que los gobiernos socialistas y en menor grado el Partido Popular no han dejado de poner trabas a su impartición y tratado de disuadir a las familias. También es importante el acoso que recibe en muchos casos el profesorado (llegando incluso al mobbing) y la burla de la que son víctimas los alumnos, sobre todo en secundaria.
La Constitución Española de 1978 obliga a los poderes públicos a garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Los poderes públicos también están obligados en esta misma dirección por los diversos Tratados Internacionales a los que está adherido el Reino de España, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de Diciembre de 1948, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 19 de Diciembre de 1966, Convenio Europeo de Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de 4 de Noviembre de 1950, y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, incorporada al Derecho español mediante la Ley Orgánica 1/2008, de 30 de Julio.
Los Acuerdos suscritos con la Santa Sede, anteriormente mencionados, afirma que el Estado Español reconoce el derecho fundamental a la educación religiosa, en consonancia con los pactos suscritos por España y que garantiza el ejercicio de este derecho, y obliga a las diversos gobiernos a incluir la enseñanza de la religión católica en todos los Centros de Educación, en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales.
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España es un país de raíces cristianas. Negar el derecho de una o varias generaciones de alumnos al conocimiento del cristianismo sería negarles el conocimiento en otros ámbitos de la vida relacionados, por cultura, con la Religión, como es el arte, la literatura o la filosofía. Privar a los alumnos de enseñanza primaria, secundaria y bachillerato de la enseñanza de la Religión implica, también, privarlos del conocimiento de la historia de uno de los pilares de nuestra sociedad occidental: la tradición judeocristiana, sin la que no se puede entender ni la vida, ni la muerte, ni el arte, ni la historia de Europa y del nuevo Mundo , ni el siglo de oro español en literatura, ni si quiera la ciencia, la reforma protestante, el sentido del mal y del bien, la libertad, la fraternidad, el clericalismo y la “sana laicidad” del Estado.
Por más que algunos lo ignoren, o deseen ignorarlo, la democracia civil tiene una íntima relación con la doctrina social de la Iglesia, y muchos valores democráticos tienen un profundo aroma cristiano: la igualdad, la equidad, el concepto de soberanía, los derechos del hombre, especialmente la libertad religiosa, la dignidad de la mujer, el Derecho penal, el de familia, son valores cristianos que se han hecho civiles en su evolución histórica y cultural.
Uno de los “argumentos” a los que más se recurre para justificar la expulsión de la Religión Católica de los centros de enseñanza, es que los profesores de religión católica realizan adoctrinamiento, mientras que del resto de profesionales de la enseñanza se da por hecho que enseñan sin estar “contaminados” por sus creencias personales, cuando la realidad es muy distinta, y son mayoría los que adoctrinan amparándose en el socorrido subterfugio de “la libertad de cátedra”. En muchos casos, ¡Será casualidad!, muchos que critican la presencia de la Religión Católica en los centros de enseñanza, si se lo pueden permitir suelen enviar a sus hijos a centros privados concertados o sin conciertos, como suelen preferir la sanidad privada a la pública, pese a que digan que “defienden lo público”.
La enseñanza de la religión es un bien que se exige de modo clamoroso por muchas personas e instituciones de la sociedad civil y sólo por eso ya habría que posibilitarla. No se entiende que quienes gobiernan para todos, propongan normativas que no se atienen la legalidad vigente, a la vez que menosprecian a quienes no participan de su ideología excluyente.
Vox no puede dejar pasar la ocasión para manifestar su repulsa por la decisión arbitraria, y a todas luces “ideológica” de reducir la presencia de la enseñanza de la Religión Católica en los centros dependientes de la Junta de Extremadura, y es una enorme contradicción pues el sr. Fdez. Vara y su partido se han proclamado los luchadores contra los recortes de gobiernos populares. Esta decisión política puede provocar una masacre laboral en la que 150 profesores serán despedidos. Y 350, indefinidos, algunos con más de 20 años dedicados a la docencia, verán recortados sus sueldos un 30%. Una política muy social.
¿Dónde están los agentes sociales que decían y continúan diciendo que la educación no debe ser “recortable”?.
Aunque, también deseamos señalar que es triste y lamentable que esté triunfando “el mal” debido a la inacción de la gente de buena voluntad, es lamentable que sabiéndose que lo que está ocurriendo con la asignatura de Religión Católica estaba por llegar nadie haya hecho casi nada para impedirlo, cuando lo lógico es que la Conferencia Episcopal Española hubiera hecho algo para que se cumpla el Acuerdo del Estado Español y la Santa Sede.
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Tampoco hubiera estado de más que los sacerdotes hubieran alertado a los feligreses desde el púlpito, lo lógico es que los medios de información propiedad o con una participación importante de la Iglesia Católica hubieran intervenido más. Incluso más aún: la Conferencia Episcopal debiera orientar el voto católico hacia las opciones políticas que están en la misma dirección del mensaje evangélico, y defienden la vida, la familia; y no su destrucción como es el caso de quienes han abandonado el humanismo cristiano y pretenden erradicar de nuestras vidas todo lo que huela a cristianismo.
¿Por qué esa fobia, esa inquina, ese odio por parte de los partidos de izquierda con respecto de todo lo que tenga que ver con la Iglesia Católica?
