Mientras el presidente Obama se acerca al término de su mandato, su política exterior sigue siendo indescifrable incluso para los especialistas. Su reticencia en asuntos exteriores (incluso en casos de genocidio) es legendaria, excepto por una cuestión. Una estrategia coordinada sobre un asunto clave sale a la luz a través de los discursos de los funcionarios, de financiamientos poco claros en el extranjero, incluso del acorralamiento de diplomáticos en baños de la ONU para que den a conocer una prioridad de la política exterior de Obama.
«A nivel internacional, este gobierno ha hecho lo imposible para promover los derechos LGBT a escala mundial, pero permanece en silencio mientras las minorías cristianas en el exterior sufren la persecución, y, en Oriente Medio, el genocidio» dijo a Friday Fax un ex funcionario de alto rango del Departamento de Estado.
En 2011, Hillary Clinton anunció que los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales y transexuales son prioritarios y Obama estableció un «Fondo Global para la Igualdad» con el objeto de entregar dinero a los activistas LGBT que luchan contra restricciones tales como exigir que las personas identifiquen su sexo biológico en los pasaportes.
Esto amplió la preferencia política que ya se había dado a las agrupaciones abortistas. Durante su primera semana en el cargo, el presidente Obama ordenó que la ayuda estadounidense fuera destinada a dichas agrupaciones en otros países. Los dos asuntos van de la mano, ya que se les llama «salud y derechos sexuales y reproductivos» en los círculos internacionales.
Antes de convertirse en embajadora de Obama ante las Naciones Unidas, Samantha Power era más conocida por defender la acción internacional tendiente a poner fin a los asesinatos en masa. Pero en la ONU, Power dijo respecto de su empeño por exigir que la ONU costeara beneficios para las parejas del personal homosexual que implicó «trabajar tan duro por ese voto como por cualquier voto que hemos logrado desde que me convertí en Embajadora estadounidense ante las Naciones Unidas».
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«Utilizamos todos los componentes de nuestro juego de herramientas. Y los embajadores estadounidenses de todo el mundo en las capitales se pusieron a trabajar a toda marcha. Exigimos el pago de deudas. E incluso cuando sospechábamos que habíamos pasado de estar detrás a obtener la mayoría, seguimos trabajando», dijo hace poco a la agrupación homosexual Human Rights Campaign.
«Y cuando los países no respondían nuestras llamadas, los acorralábamos en el Salón de la Asamblea General, en el Consejo de Seguridad o incluso en los baños».
Power dijo que Estados Unidos responde «rápida y significativamente cuando los gobiernos reprimen los derechos LGBTI»: marcado contraste con la inacción del gobierno de Obama respecto de violaciones, persecuciones y masacres de minorías religiosas en Oriente Medio y África.
Desde 2012, Estados Unidos asignó cerca de 41 millones de dólares concretamente a la promoción LGBT a nivel mundial, sin contar los recursos utilizados cuando los funcionarios integran los asuntos LGBT en toda la labor de gobierno.
Un memorando presidencial de 2013 detalla la integración del aborto y de los derechos homosexuales a través de medios diplomáticos, a lo largo de veinte organismos gubernamentales que van desde Agricultura hasta el Cuerpo de Paz, con la coordinación del Consejero de Seguridad Nacional.
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Una hoja informativa del Departamento de Estado enumera sus «esfuerzos ampliados de forma significativa» para promover la los LGBT mediante «compromisos privados con gobiernos y la sociedad civil, la diplomacia pública, la ayuda extranjera y el trabajo en foros multilaterales». La dirección del Departamento de Estado está «constantemente interviniendo, tanto de forma privada como pública, en representación de refugiados y personas LGBT que solicitan asilo».
Desde 2009, los fondos estadounidenses fluyen hacia agrupaciones abortistas como la Federación Internacional de Planificación de la Familia y Marie Stopes International. El Fondo de Población, que colabora con el organismo chino que exige el cumplimiento de la política de aborto forzoso, recibió más de 230 millones de dólares.
En la Nochebuena de 2014, el gobierno publicó nuevas normas que exigen a las instituciones benéficas confesionales suministrar el aborto a las niñas refugiadas como requisito para recibir dinero federal. También exigen a los proveedores que capaciten a su personal en «LGBTQI» y que identifiquen a los niños «transexuales e intersexuales».
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