Concapa Navarra ya advirtió en Junio del año pasado de las intenciones del Departamento de Educación de vulnerar la libertad de los padres y los derechos de los menores en relación al Decreto de Salud Sexual y Reproductiva.
La aprobación del protocolo sobre Transexualidad en los centros Escolares supone una grave vulneración de la legalidad vigente, de los derechos de los menores y de los derechos de las familias, por lo que transmitimos a toda la comunidad educativa la petición de no llevarlo a cabo.
Se impulsa la transexualidad obviando los necesarios informes médicos y psicológicos, los cuales se excluyen expresamente en el protocolo. Igualmente, se obvian los mecanismos legales de defensa del menor como el cambio de nombre, saltándose la legalidad vigente.
Concapa Navarra entiende que antes de dar ningún paso en relación con el menor, se debe contar expresamente con el consentimiento y petición de los representantes legales, y no tal y como se viene haciendo hasta ahora.
Entienden igualmente que no deberá iniciarse ningún proceso llamado de tránsito hasta el momento en el que los informes médicos o psicológicos, o las resoluciones judiciales lo autoricen o aconsejen. Hacer lo contrario, que es lo que propone el Gobierno no es sino fomentar la transexualidad.
Si alguno de los representantes legales del menor se opone a adoptar cualquier medida, el centro educativo tiene la obligación de no tomar ninguna medida.
Concapa entiende absolutamente negativo que antes de cualquier intervención en el centro, no sean informados el resto de familias, incluso antes que el propio alumnado, puesto que los padres y madres no han delegado esta educación en ningún centro educativo, y por lo tanto son quienes deben decidir si se explica, el qué se explica, y sobre todo, quién y cómo se explica.
En este sentido, el protocolo vulnera el Decreto de Salud Sexual y reproductiva puesto que otorga al Departamento de Educación la potestad de proporcionar de manera obligatoria la formación y asesoramiento con adultos, asignando a profesionales ajenos al centro educativo sin titulación alguna en materia educativa, siendo este aspecto abiertamente ilegal.
Desde Concapa se siente de nuevo, profundamente engañados al ver un protocolo que vulnera nuestros derechos como familias, que vulnera los derechos de sus hijos, ataca la libertad de educación, y que nace sin consulta previa ni participación de los agentes implicados.
El editor recomienda
