¿Volvemos a una justicia por consenso?

¿Volvemos a una justicia por consenso?

Tras equiparar la semana pasada a los agresores de Alsasua con los Guardias Civiles agredidos, Podemos da este lunes un paso más en su alejamiento de las víctimas. El partido de Pablo Iglesias ha pedido en una proposición no de ley (PNL) sobre “libertad de expresión” eliminar el artículo 578 del Código Penal que regula el delito de enaltecimiento del terrorismo y protege a las víctimas del “descrédito, menosprecio o humillación”.

 

Dicen buscar que se salvaguarde, entre otras cosas, la libertad de expresión, evitando que nadie “pueda ir a la cárcel o ser inhabilitado” por escribir, por muy soez e hiriente que sea, un mensaje en las redes sociales. También piden revisar “inmediatamente” los delitos de injurias y calumnias y sus tipos cualificados, y las disposiciones “que puedan limitar o coartar el derecho a la libertad de expresión”. Claro que llaman libertad de expresión a añorar el establecimiento de guillotinas en la plaza de La Cibeles, o el holocausto, alegando que solo son manifestaciones de mal gusto.

 

El líder de Podemos se ha rodeado del humorista Facu Díaz y la tuitera Cassandra Vera, acusada de un delito de humillación a las víctimas del terrorismo por unos escritos en la red social sobre Carrero Blanco. Pero el partido morado también muestra su apoyo en la PNL a otros procesados como el rapero Miguel Arenas Beltrán, Valtonyc, condenado por la Audiencia Nacional a 3 años y medio de prisión por ensalzar a ETA e injuriar al Rey, o al cantante del grupo Def con Dos, César Strawberry, condenado por enaltecimiento del terrorismo a un año de cárcel. El escrito alude también a otros casos como el de los titiriteros o el de Rita Maestre para afianzar su tesis, por cuanto estos individuos salieron, desconozco si por misericordia, cobardía o inacción, sin castigo alguno aunque la concejala encabezara el atropello contra la celebración de la Eucaristia en la capilla de la Complutense.

De momento, el juez Yllanes rechaza la supresión del delito de enaltecimiento del terrorismo. Apunta que hacerlo desaparecer como propone  Podemos conlleva un riesgo de impunidad y sitúa a su formación en el “populismo penal” y avisa de que, si se elimina sin proponer una alternativa, se dejarían impunes casos de exaltación del terrorismo yihadista. “Nos encontramos con el problema de que ha habido 5 ó 6 casos concretos, y queremos quitar un tipo penal que también sanciona otras cosas, pero no podemos cargarnos el artículo“. Ha insistido en que esos casos no justifican su eliminación  ya que, además, supondría “actuar a golpe de la opinión pública” e incluso situaría a Podemos “en el mismo populismo penal” que le critican a otros partidos como el PP, en relación a la prisión permanente revisable que incluyó en la última reforma del código penal a raíz del caso Marta del Castillo, entre otras cosas.

Esta radicalización de ciertas facciones políticas en manifestaciones verbales, gestuales, siempre amenazantes, lleva a recordar con preocupación aquella que se desencadenó en España a partir de 1931 y que degeneró en un clima de enorme violencia y desorden público destruyendo y haciendo desaparecer el Estado en la España republicana. Los que desde las instancias públicas ocupaban el poder, aunque de forma más bien nominal, trataron, en aquellos meses a partir de febrero de 1936, de recuperar de forma efectiva la autoridad. Lo habían perdido en beneficio de las organizaciones más revolucionarias que, en un primer momento les ayudaron a detener el levantamiento de los nacionales, permitiendo que demostraran su supremacía en las calles. Luego las autoridades se vieron desbordadas o se dejaron desbordar.

Esta mención del juez de situar a Podemos “en el mismo populismo penal” nos recuerda lo ocurrido en toda la España republicana, con especial virulencia en capitales como Barcelona o Madrid. En el clima de terror sufrido desde los días inmediatos al 18 de julio, se implantó lo que algún historiador ha denominado La justicia por consenso.

¿Qué quería decir con esa definición? Se refiere a las ejecuciones en el lugar de combate, o a los paseos, incautaciones, saqueos, requisas y registros en el caso de la retaguardia, prescindiendo de los procedimientos judiciales, aunque se diera el nombre de juicios a las actuaciones de los que se autotitulaban tribunales. No había ni togas ni salas de juicios; estaban comandados por los  terribles comisarios políticos y era, por llamarlo con suavidad, una justicia clandestina.

Los motivos para detener o denunciar a alguien podían ser muy variados. Entre los principales estaba el “odium fidei” por lo que perseguían a todo aquél que tuviera el más mínimo acercamiento a la Iglesia, desde el pertenecer al orden sacerdotal o a cualquier congregación (masculina o femenina, daba igual, pues es sabido lo defensores que son de la igualdad) a tener libros, medallas u otros objetos o por ser denunciado por haber participado con anterioridad en los oficios religiosos. Caían hombres y mujeres de Iglesia, sus familiares y todo aquel que osara protegerles.

Otro motivo es el que algunos alegaban por la pertenencia a las derechas, pero, en realidad, la persecución se extendió a todos aquellos que no participaban de su ideología. Haber colaborado con algún partido de aquél signo o haberle votado; haber adoptado en el pasado una actitud antirrepublicana o poco revolucionaria, e incluso, simples rencillas y deseos de venganza personal eran causa suficiente para aparecer asesinado en cualquier cuneta.

Para el control de tanta población desafecta, crearon, copiando de la Rusia bolchevique, unas instalaciones, la checa, precursora de la OGPV, NKVD y KGB y aquí en la España republicana el temible Servicio de Información Militar (SIM). Así fue conocida la agencia de inteligencia y del servicio de seguridad de la Segunda República Española creado en agosto de 1937 por Indalecio Prieto, con el objetivo de limitar las actividades de quintacolumnistas, anarquistas, “incontrolados” y “otros desestabilizadores”.

En dichas checas se constituía “un tribunal” que interrogaba, bajo tortura, en un clima enrarecido y hostil al detenido sobre las razones que habían argumentado para su detención. Si ésta se había debido a la denuncia de alguien, el denunciante no estaba presente y la víctima no tenía opción de defensa. La ley que se aplicaba era “arreglar cuentas”, que unas veces eran ideológicas, otras laborales, otras personales o a veces simplemente relacionadas con la imagen o actitud habitual de la víctima.

Era una “justicia” por consenso porque durante las primeras semanas fue aceptada por la mayoría de la gente y por ello actuó con total libertad y sin freno alguno. La masa veía en esos “paseos”, registros, detenciones y requisas unos actos de “justicia” porque no se confiaba en la Justicia institucional que entendían como patrimonio de los poderosos. Los que la aplicaban y los que la alentaban o defendían argumentaban que esta “justicia” clandestina era la auténtica del pueblo. Incluso sobre algunas de las víctimas de estos crímenes en Madrid se hallaron notas manuscritas que expresaban estas ideas y que eran una especie de “sentencia” por la que se intentaba justificar lo que no era más que un asesinato.

Javier Cervera en su libro Madrid en guerra dice que esto sucedía por el poder efectivo que habían asumido las organizaciones políticas y sindicales que con su actuación en la calle, desde los primeros momentos, habían hecho fracasar el movimiento contrario a la República. Se encontraban envalentonados. Si ellos consideraban correcto, aunque no se ajustara a derecho, el “paseo” de un sacerdote o religioso, en esa atmósfera anticlerical que en tantos ambientes se respiraba, o de ese patrón que había tomado represalias por secundar una huelga en el pasado, o de ese militar como López Ochoa al que se asesinó y decapitó por haber tolerado la represión de octubre de 1934, (aunque recordemos que éste y otros militares, actuaron a las órdenes de la misma República bajo la presidencia de don Niceto Alcalá Zamora y el ministro de la Guerra, Diego Hidalgo y Durán[1]), pero las masas no se molestaban en valorar la culpa, simplemente aplicaban esa “justicia del pueblo” .

La matanza del Cuartel de la Montaña (la realidad que algunos quieren ocultar)

El mismo ministro Hidalgo, desde su escondite, antes de poder escapar a París, declaró al periodista estadounidense Edward Knoblaugh:

“Sé cómo debe de sentirse un criminal acosado —me dijo, sonriendo desmayadamente—. Pero no soy un criminal; sólo cumplí mi deber como ministro de la Guerra cuando ordené que el ejército atacase a los extremistas de izquierdas. ¿Desde cuándo el cumplimiento del deber es un crimen? Si tuviera que enfrentarme de nuevo con la misma situación, no dudaría en comportarme igual que entonces, aún sabiendo lo que me esperaba”.

Y Knoblaugh añade: “Todos los que tomaron parte en la represión (de la revolución de 1934), y que la presente guerra sorprendió en el territorio del gobierno, han sido víctimas de la venganza de quienes concertaron en ellos su odio. Pero Diego Hidalgo, que hubiera sido su trofeo más preciado, todavía estaba vivo y en libertad cuando yo abandoné España”. [2]

La prensa moderada de Madrid pronto comenzó la censura de este tipo de actuaciones. La situación era tan violenta, los muertos en las cunetas, Casa de Campo, cementerios, dehesa de la Villa, etc. que el ABC reclamaba el 25 de julio, en su primer número bajo su nueva orientación republicana, que nadie adoptara medidas y que la persecución correspondía a las organizaciones políticas o sindicales. Hasta el Socialista publicó el 23 de agosto un editorial titulado “Un imperativo moral indeclinable” en el que se censuraba esa violencia de quienes se tomaban “la justicia por su mano” porque “para juzgar a cuantos hayan delinquido disponemos de la Ley. Mientras dispongamos de ella, necesitamos acatarla. Con ella todo es lícito; sin ella nada”. El día anterior se había producido el salvaje asalto a la cárcel Modelo de Madrid. Dos días después el ABC reproducía parte de ese editorial de El Socialista e insistía en el respeto a la Ley. Llegaba a calificar a la llamada justicia popular de conducta vesánica.

 

No llegó a un mes más tarde, cuando se personaron en casa del subdirector de ABC y presidente de la APM, Alfonso Rodríguez Santamaría, una patrulla de las Milicias de la Prensa, quien después de sufrir en la checa de Bellas Artes, fue hallado en el cementerio de la Almudena (entonces por imposición de los anticlericales, llamado del Este), con dos disparos en el pecho y en la cabeza, junto a su compañero de redacción José Asenjo. Manuel Delgado Barreto de La Nación, Rufino Blanco director de El Universo, asesinado junto a su hijo Julián que trabajaba en el ABC, Julio Duque BerzalEnrique Estévez o Ramón Martínez de la Riva, son otros de los 28 periodistas que no abandonaron Madrid a pesar de las advertencias de que eran un objetivo capital y engrosaron la lista de asesinados por mor de la justicia del pueblo.

En 1936 (fecha de la imagen) en Barcelona los rojos hacían alarde de fuerza, en 1939 abandonarían la ciudad tras miles de inocentes represaliados.

Pero frente a la moderada aparecía otra prensa más extremista que se mostraba con una actitud bien diferente. En ello destacaba el periódico CNT, que hablaba de “odio al traidor”, aprobaba que el pueblo se tomara la justicia por su mano o que actuara con dureza extrema contra los enemigos declarados o encubiertos.

 

Poco a poco se fueron conociendo episodios que hicieron que entre los madrileños empezara a desaparecer el consenso y muchos de los que en principio no desaprobaron esas brutales acciones y asesinatos empezaron a rechazar esos comportamientos. Comenzaron a convencerse de que esa supuesta “justicia” de “vistas orales” en checas, sentencias emitidas por individuos que apenas sabían escribir y ejecuciones en descampados de los arrabales de la ciudad no eran en muchos casos más que venganzas personales por lo que cualquiera podía ser víctima. El madrileño medio observaba que en no pocas ocasiones “la justicia del pueblo” no actuaba siempre contra los enemigos emboscados, sino que podía tocarle a él por cualquier pequeño motivo. Esto hizo desaparecer el consenso aprobatorio hacia esa justicia clandestina, pero ya llevaban sus mochilas cargadas de víctimas inocentes.

 

Aunque cada vez se rechazaba más esa justicia popular, era difícil volver a los parámetros de la Justicia anterior. Para instaurar una verdadera Justicia que terminara con los abusos y desmanes que sembraban de cadáveres Madrid, había que dotar a los tribunales de un sentido más revolucionario; había que hacerla más popular que nunca, por tanto, había que incorporar a las salas de los tribunales a las organizaciones políticas y sindicales que en esos momentos controlaban la situación en Madrid. Eso fue lo que se pretendió con los decretos de agosto y octubre de 1936 que conformaron la nueva Justicia Popular republicana. Sin embargo, estas medidas legislativas de los primeros meses de guerra no terminarían con esa “justicia” clandestina de checas y paseos, aunque intentaron controlarlo.

 

Los tribunales no institucionales y las ejecuciones arbitrarias continuaron y no en pequeño volumen, lo que muestra la dificultad de hacer desaparecer la lacra de la justicia popular. Esa justicia que los diputados de Podemos están interesados en que se instaure de nuevo en España.  


  

[1] Diego Hidalgo y Durán (Los Santos de Maimona, Badajoz, 1886 – 1961) Intelectual y político, diputado por la provincia de Badajoz, fue el primer miembro del Partido Republicano Radical que ocupó la cartera de ministro de la Guerra de España entre el 23 de enero y el 16 de noviembre de 1934. Como titular de dicha cartera fue el encargado de sofocar la insurrección asturiana de octubre de 1934, para lo cual requirió al general Franco como asesor personal. La desconfianza del ministro hacia los generales Domingo Batet y Eduardo López Ochoa, hizo posible el nombramiento de Franco como jefe de las operaciones militares contrarrevolucionarias. En sesión parlamentaria los días 7 y 8 de noviembre sufrió el ataque de los monárquicos por la imprevisión ante la intentona de octubre Hidalgo fue forzado a dimitir.

Al estallar la Guerra Civil y tras muchas peripecias, consiguió salvar su vida refugiándose en París donde permaneció hasta el final de la guerra, tras la cual volvió a España.  

[2] Edward Knoblaugh. Última hora: guerra en España Áltera, Barcelona 2007 página 119

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