La Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) ha tenido conocimiento, a través de las noticias publicadas en prensa, de la sorprendente petición del Sr. Garzón, en nombre de IU, del cierre cautelar del Archivo de nuestra Fundación.
En esta ocasión la artificial polémica, envuelta en un sorprendente desconocimiento y verdades a medias, con amenazas judiciales incluidas y ánimo censor e inquisitorial, impropio de alguien que según parece ha sido profesor universitario y se presenta como defensor de la libertad, viene determinada por el contenido de la documentación que la FNFF custodia y pone a disposición de investigadores e historiadores con las debidas reservas que son usuales en cualquier archivo. Las acusaciones de Izquierda Unida son dos: 1) que la FNFF posee documentos que son propiedad de la Jefatura del Estado, y 2) que la FNFF custodia documentos que se encontrarían dentro de los referidos en la vigente Ley de Secretos Oficiales (ley de 1968, modificada en 1978 y en trámite de ser sustituida por una nueva ley).
La FNFF reitera, una vez más, que su fondo no está compuesto, mayoritariamente, por documentos originales, sino por reproducciones (copias) de documentos que se encuentran en los respectivos archivos de la Administración. Se trata de los documentos que Francisco Franco consideró en su momento como más relevantes de entre todos aquellos que los distintos Ministerios le fueron enviando a lo largo de los años, motivo que le llevó a incorporarlos a su archivo particular. Muchos de ellos contienen subrayados y anotaciones de su puño y letra, lo que les confiere una especial relevancia histórica. El archivo de la FNFF agrupa la totalidad de los documentos de mayor relieve que el Jefe del Estado español recibió y consultó a lo largo de sus 40 años de gobierno, un tesoro excepcional que permite a los historiadores interesados en la España de Franco encontrar condensada en una píldora la trayectoria de su mandato.
En lo que se refiere a la posible divulgación de algunos documentos que pudieran en su día haber estado clasificados, y que forman parte de nuestro archivo, la FNFF recuerda asimismo al Sr. Garzón que el fondo documental referido puede consultarse en los archivos públicos; ya que de acuerdo con el sentido de la Ley de Transparencia (Ley 19/2013) y con la idea que dio vida al Centro Documental de la Memoria Histórica (Archivo de Salamanca), cualquier ciudadano puede acceder a esta documentación, pues una copia digitalizada, en virtud de acuerdo con el Estado, se custodia en el Archivo de Salamanca.
Desde el punto de vista legal, la FNFF quiere recordar al señor Garzón y su equipo de amenazantes juristas de IU que la Ley de Secretos Oficiales (Ley de 1968 y modificación de 1978) se refiere no a documentos que tengan sello de “Secreto” o “Difusión reservada” (valga significar, por ejemplo, que los resúmenes de noticias extraídos de las emisiones de Radio España Independiente “La Pirenaica” tenían tal calificación), sino a aquellos que hayan sido oficialmente determinados como “materias clasificadas” porque su contenido pueda “dañar o poner en peligro la seguridad y defensa del Estado”. Es una obviedad que ninguno de los documentos que conserva nuestro archivo pudiera calificarse como “peligroso para la seguridad y defensa del Estado” en el año 2017.
La FNFF quiere, asimismo, destacar la incoherencia y falta de honestidad del diputado Alberto Garzón, ya que la por todos considerada como superada Ley de Secretos Oficiales (1968/1978) va a ser en breve sustituida por otra más acorde con los tiempos y las prácticas que existen en los países avanzados (proposición apoyada por el señor Garzón y por toda la oposición). Es hartamente significativo, y muestra y demuestra su doble vara de medir, que el señor Garzón y su grupo, en la tramitación de lo que sería una modificación o nueva ley, aboguen por la transparencia y la desclasificación casi inmediata de los Documentos Secretos, frente a la postura más moderada de que se desclasifiquen automáticamente a los 30/25 años, en tanto que los Documentos Reservados lo hagan a los 10 (el gobierno podría prolongarlos otros 10). Una simple operación matemática, aplicando la ley que el señor Garzón defiende (menos para el archivo de la FNFF), indica que es imposible que ninguno de los documentos que conserva la FNFF pudiera estar clasificado.
Reiteramos, una vez más, que lo que la FNFF ha hecho y hace es defender la libertad y la transparencia, contribuyendo a uno de sus fines, que es la investigación sobre la España de Franco, y evitar, como algunos historiadores han denunciado, que los investigadores, por falta de presupuesto, tengan que desplazarse al extranjero para consultar la documentación referente a España, que otros países han desclasificado. Todo ello en consonancia con la idea, defendida por todo el arco parlamentario español con la excepción del Sr. Garzón e IU, de “trasparencia y acceso al conocimiento de la historia”.
La FNFF confía en la protesta de historiadores e investigadores, algunos de ellos próximos a IU, por la inquisitorial y totalitaria petición del señor Garzón de que se cierre cautelarmente el Archivo de la FNFF, lo que cegaría la fuente de información histórica más relevante de la España de Franco actualmente disponible en el mundo.
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