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Historia

Los históricos y los actuales expolios a la Iglesia

La desamortización empobreció al pueblo y supuso una irreparable pérdida del patrimonio cultural.

A lo largo de la Historia, la Iglesia católica española ha sufrido innumerables robos, saqueos y depredaciones. Mencionaremos tres, aunque necesariamente debe ser con brevedad: La ocupación francesa, las desamortizaciones y la rapiña que llevaron a cabo las izquierdas durante la II República. Coinciden los tres depredadores en su profundo anticlericalismo. En ningún caso los causantes indemnizaron a la Iglesia.

*La ocupación francesa: Durante este período, José I Bonaparte suprime por Decreto de 18 de agosto de 1809 todas las Órdenes regulares, monacales, mendicantes y clericales y confisca sus bienes. Las granjas fueron esquilmadas, las casas saqueadas, las iglesias y conventos (uno de sus objetivos preferidos), arrasados y la población sometida a todo tipo de vejaciones.

No sé si por venir de la misma raíz, coincidieron en muchas de  sus actuaciones con los revolucionarios de 1936. Estos llevaban listas para saber a quién y qué debían pillar; los altos mandos del ejército francés, para reconocer qué obras eran más valiosas, vinieron con un libro como guía, el Diccionario histórico de las Bellas Artes en España de Ceán Bermúdez, publicado en 1800, así no se equivocaban al expoliar donde había mayor riqueza. Se calcula que se llevaron más de un millar de obras de grandes artistas. Obras de Murillo, Velázquez, Rubens… (“La cocina de los ángeles” de Murillo, ejemplo de los cientos de obras robadas, que actualmente se encuentra en el Louvre de París).

José Bonaparte retratado por François Gérard.

Coincidieron también con las furias desatadas de la República en la profanación de tumbas y el poco respeto a los restos encontrados. Los bonapartistas destrozaron la tumba de El Cid y de su esposa Doña Jimena en Burgos y esparcieron los huesos de ambos por las calles y quemaron puertas, retablos y esculturas de madera, sin ningún respeto a las obras de arte. Según parece no tanto por odio a la fe como en el 36, sino para calentarse, pero destrozaron gran parte del patrimonio. Y, también como en la II República no se salvó ni la nobleza, incluida la Casa Real. Lo primero que hizo José Bonaparte al llegar a Madrid fue empaquetar las Joyas de la Corona Española y mandarlas a Francia (la Perla Peregrina, una perla perfecta de 111 gr. fue una de las valiosas piezas que se llevó). Wellington, que detuvo a José Bonaparte cuando huía con más de 500 carros cargados con un gran botín, se quedó con parte de él y lo mandó a Inglaterra, con el consentimiento, si bien posterior, de Fernando VII que le permitió quedárselo (175 cuadros de un enorme valor artístico y económico, entre ellos la “Venus del espejo” o “El aguador de Sevilla” de Velázquez, o las santas “Justa y Rufina”, el “Regreso del hijo pródigo” o el “Nacimiento de la Virgen” todos de Murillo. También se quedó con cuadros de Zurbarán, Ribera, Rubens, Rafael, Tiziano, Correggio, Teniers, Brueghel, Van Dyck, Rubens, Guido Renni, Claudio Coello, etc. Wellington quedó muy contento y Fernando VII satisfecho en su aspiración de pasar a la Historia como un rey generoso, sin tener en cuenta el perjuicio que hacía al patrimonio nacional.

Sucede poco después otra situación de rapiña para la Iglesia con las desamortizaciones llevadas a cabo por Mendizábal y posteriormente por Madoz, seguidores ambos del anticlericalismo de la República Francesa.

*Las desamortizaciones: Fue todo un proceso que se desarrolló en varias etapas desde finales del siglo XVIII hasta la segunda mitad del XIX con el objetivo de paliar la urgente necesidad de incrementar los fondos del Estado que venía siendo patente desde los inicios del reinado de Fernando VII, pero que la actuación de los ejércitos de Napoleón apremió. Por ello las liberales Cortes de Cádiz acordaron, por Decreto de 22 de febrero de 1813, abolir el Santo Oficio apropiándose el Estado de sus bienes y suprimir conventos quedándose con sus bienes para atender a las necesidades de la guerra, con la vaga promesa de “restituirlos a su tiempo” (nunca lo hicieron, claro). Durante el trienio liberal (1820-23), se promulga el Decreto de 1 de octubre de 1820, por el cual todos los bienes muebles e inmuebles de Órdenes religiosas disueltas quedaron a disposición de la Hacienda Pública.

Pero las normas más radicales parten de la mano de Mendizábal[1], que abordará la desamortización sin ningún tipo de cortapisa por la promulgación de tres decretos que afectarán principalmente a los bienes de la Iglesia. Posteriormente y pese a la vigencia del  Concordato de 1851 con la Santa Sede, se promulgó la Ley “Madoz” de 1 de mayo de 1855, que supuso la expropiación y nacionalización de gran parte de los bienes que quedaban en establecimientos eclesiásticos, incluso los de las órdenes militares de Santiago, Calatrava, Montesa y San Juan de Jerusalén, de cofradías, obras pías y santuarios.

La desamortización empobreció al pueblo y supuso una irreparable pérdida del patrimonio cultural.

El expolio que sufrió la Iglesia con las desamortizaciones fue impresionante. No solo fueron bienes muebles fácilmente enajenables, también lo fueron cantidad de inmuebles. Los edificios que albergaban a estas órdenes religiosas, sin tener en cuenta su importancia histórico-artística, fueron objeto de venta pública y, de esta forma, los conventos y monasterios cambiaron su uso en manos de particulares para convertirse en buena parte de los casos en almacenes, fábricas, o simplemente viviendas. En otros casos fueron cedidos a instituciones que los dedicaron a cuarteles, como, por ejemplo, el convento del Carmen en Sevilla, o museos, como ocurrió con el convento de la Merced, también en la capital andaluza.

¿Dónde fueron a parar las obras de arte, los enseres de diverso tipo y, sobre todo, las bibliotecas y los archivos de los conventos suprimidos? Muchas de sus obras de arte y de su riqueza bibliográfica se dispersaron, se perdieron, o simplemente se destruyeron por diversos motivos. Ya en tiempos de Carlos IV se había fundido una parte de la orfebrería de conventos e iglesias para sufragar los cuantiosos gastos que originaron las guerras finiseculares con Francia e Inglaterra. En algunas ciudades las gestiones de las autoridades civiles pudieron conseguir el rescate de algunos de los bienes muebles de valor que fueron desamortizados durante el reinado.  En una orden dada por Antonio María de Seixas el 9 de octubre de 1837, se mandaba que “…en la casa de la moneda de Sevilla se reunirían las alhajas procedentes de las provincias de Aragón, Cataluña, Valencia, Andalucía, Extremadura, Galicia, León, Oviedo, Santander, Vascongadas, Islas Baleares y Canarias. Las alhajas de las demás provincias del Reino se remitirán a la casa de la moneda de Madrid. La conducción se verificaría en cajones precintados, sellados y numerados, rotulándose en la tapa el peso de cada uno; y los inventarios que han de llevar los comisionados expresarán el contenido de cada cajón con referencia al inventario general”. Sin embargo no se hizo; no interesaba hacerlo.

En general, estos bienes muebles estuvieron muy mal cuidados en su almacenamiento. Muchos libros procedentes de conventos fueron sustraídos de ellos, ya para uso de los particulares, ya para venderse, perdiéndose lastimosamente un tesoro literario de gran precio. La catástrofe que supuso la desamortización en este dominio de las colecciones bibliográficas y documentales fue denunciada por Claudio Sánchez Albornoz cuando afirmó que “… la desamortización de Mendizábal, genial en su concepción y torpe en sus medios, había de dañar gravemente el tesoro de la riqueza diplomática y bibliográfica española”.[2]

De modo que la Iglesia ha contribuido con el expolio sufrido a lo largo del tiempo a sufragar los gastos que exigía la defensa de la nación y a enriquecer algunos bolsillos, pero mucho peor fue lo sucedido durante el enfrentamiento que se produjo en el período de la II República.

*El expolio republicano: Durante los casi ocho años que duró el gobierno (o mejor desgobierno) de la laicista y masónica II República, los ataques a la Iglesia se sucedieron ininterrumpidamente. A la quema de iglesias y conventos seguía la rapiña de su contenido, que se acrecentó en la zona republicana durante los tres últimos años en la que el expolio estuvo organizado y dirigido por los propios dirigentes republicanos como Negrín, Méndez Aspe, Wenceslao Roces o Rodríguez-Moñino.

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El 23 de septiembre de 1936 (a los dos meses de iniciada la guerra civil,) el Gobierno de Francisco Largo Caballero, presidente del vigesimotercer Gobierno de la Segunda República Española siendo Juan Negrín ministro de Hacienda, crean la “Caja general de reparaciones de daños derivados de la guerra civil”  con objeto de incautar en favor del Gobierno los bienes de los civiles que apoyasen la sublevación militar del 18 de julio, entre los que, naturalmente, se encontraba la Iglesia, partidarios aunque solo fuese por defender la vida de sus miembros. Esto vino a significar una patente de corso por la que en toda la zona republicana no quedó iglesia, monasterio o convento sin expoliar y, en algunos casos, arrasar hasta los cimientos. No quedó fuera de esa “patente” ninguna de las cajas de los Bancos, no resistió ni una, aún las de pequeñas ciudades, sin forzar. Al mando de dicha Caja de Reparaciones, estaba Francisco Méndez Aspe, el hombre de confianza del ministro de Hacienda y su sustituto.

 

Cuando Negrín crea este instrumento tiene muy claro cuál es su fin: “No para protegerlos, (los bienes expoliados) sino para transformarlos”,[3] eufemismo que disimula el propósito que tenían los republicanos. Según decían era para comprar armamento para la guerra, con ello trataban de justificar la transformación de las obras de arte en valor monetario. Esa disculpa facilitó a las hordas revolucionarias avanzar arrasando todo, y al Gobierno −que se llevó la parte del león−, servirse de ellos, a los que presentó como coartada de sus saqueos, tratando de eximir su culpa. Sin embargo, conviene no olvidar que esa bula dictada por el Gobierno para el robo y pillaje de España, facilitaron que se produjeran los dos casos más importantes por su monto global, llevadas a cabo por dirigentes republicanos: el mal llamado “oro de Moscú” que no fue tal, sino oro de España, (todas las reservas de oro del Banco de España trasladadas a la URSS) y una cantidad menor de oro pero mayor de plata, enviada a Francia que posteriormente pudo ser recuperada por los gobiernos de Franco. Sin embargo, el que más nos afecta en este trabajo porque estaban incluidos bienes de la Iglesia, es el que llevaron a cabo tantos importantes izquierdistas para llenar todo un yate. Hablo del Vita.

El yate “Vita”, protagonizó uno de los escándalos mas vergonzosos de los políticos republicanos.

En el tesoro del Vita, (magnífico yate de lujo comprado por los republicanos para trasladar su contenido a Méjico), según una lista aproximada del ugetista Amaro del Rosal, se incluyeron cajas con oro acuñado y otros objetos valiosos depositados por la Generalitat de Cataluña; piezas pertenecientes al tesoro Artístico Nacional como las joyas de la capilla del Palacio Real de Madrid; objetos de culto, parte del tesoro de la catedral de Tortosa, ropajes y objetos religiosos de la catedral de Toledo como el «Manto de las cincuenta mil perlas de la Virgen del Sagrario». También llevaba todo lo extraído de los depósitos del Monte de Piedad de Madrid, donde las joyas requisadas constituían la prenda de más de treinta mil operaciones de pignoración de humildes piezas por valor en conjunto de 11,6 millones de pesetas de la época.

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Y  piezas del monetario del Museo Arqueológico Nacional de incalculable valor histórico y crematístico. De la requisa numismática del MAN, que en 1925 contaba con 160.000 monedas, 15.000 medallas y medio millar de piezas grabadas, se encargó el subsecretario del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, Wenceslao Roces, con el concurso de Antonio Rodríguez-Moñino. Los responsables del museo eran conscientes de que aquello era un expolio en toda regla y que con la excusa de proteger las monedas para que “no caigan en manos de los fascistas”, las piezas que llevasen no iban a volver nunca a la colección. Se negaron los saqueadores a efectuar el más mínimo control de descripción de cada moneda, ni peso, ni cómputo global y obligaron a que fueran volcadas sobre los gorros de los milicianos; así era más fácil distraer algunas piezas.

 

De modo que el Vita llevaba parte del tesoro requisado de las catedrales de Toledo y Tortosa, del Palacio Real de Madrid, de la impresionante colección de monedas antiguas de oro del Museo Arqueológico Nacional de Madrid, y parte de las reservas económicas de la Generalitat, así como joyas, dinero y otros objetos procedentes de las cajas de seguridad del Banco de España de Madrid y de los depósitos del Monte de Piedad de Madrid. Todo ese tesoro que había sido incautado al amparo de la creación de la Caja de Reparaciones, fue escondido desde los primeros meses de la guerra por el Gobierno republicano que lo llevó en su peregrinación hacia la frontera hasta llegar a París y de ahí (ante el avance alemán) lo embarcaron para Méjico. “El caso del Vita es un ejemplo de hasta dónde pueden llegar, en primer lugar, un gobierno, y posteriormente quienes se arrogan la representación de la legitimidad legal en el empleo y la conversión económica del patrimonio histórico-artístico de un Estado en beneficio privado y sin rendir cuentas por ello”, afirman Francisco Gracia, catedrático de Prehistoria de la UB, y Gloria Munilla, profesora de la UOC quienes durante varios años han estudiado el tema.

 

A este pequeño esbozo del expolio sufrido por España por el que la Iglesia perdió tantos y tan importantes bienes, hay que añadir los destrozos que ocasionaron en innumerables obras de arte que se perdieron para siempre, libros incunables…No obstante, nadie se ha tomado el más mínimo interés en hacer un somero cálculo de a cuanto ascendió el saqueo republicano a toda España incluida la Iglesia ni por supuesto se ha exigido compensación por ellos. Se indemnizó a partidos políticos y sindicatos por daños sufridos durante la guerra, pero la Iglesia no ha sido resarcida por estos individuos que tantos daños causaron. Algunos templos se perdieron para siempre, otros hemos tenido que restaurar en profundidad y ahora nos encontramos con que los herederos de aquellos invasores hijos de la Revolución Francesa que vinieron predicando lo de la “egalité, liberté y fraternité”, ideología adoptada después por sus sucesores, aquéllos que arrasaban llamándose “los amigos de Durruti”, “los Hijos de la noche” o “los sin Dios”, vienen queriendo hacer lo mismo, es decir apropiarse de lo que no es suyo, quedarse con inmuebles sagrados para convertirlos como entonces en almacenes, garajes o cuadras.

Se diferencian de aquéllos, de momento, solo en los métodos. Vuelven, como entonces, en función de su anticlericalismo a dificultar, prohibir, incluso con amenazas, toda participación en actos religiosos. Y en su pertinaz rapiña y lucha contra la Iglesia imponen una multa considerable a un colegio concertado católico por no someterse a su diktat sobre las leyes LGTBI, es decir, por no ser “políticamente correctos”. Recuerdan también, la privación de exenciones fiscales en la época republicana y tratan de volver a ella, como ha ocurrido cuando un colegio religioso de Getafe (Madrid), invocando un Acuerdo entre España y el Vaticano anterior a la adhesión de España a la UE que establece diversas exenciones fiscales en favor de la Iglesia Católica, ha solicitado la devolución de un impuesto municipal (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras) por importe de más de 23 000 euros que tuvo que abonar con motivo de unas obras realizadas en el edificio. Se ha visto obligado el colegio a llevar el asunto ante la UE, donde una letrada ha dictaminado a su favor y en contra del municipio. Está compuesta dicha alcaldía por mayoría de izquierdas (7 miembros del PSOE +7 miembros de Ahora Getafe + 1 de IU), y se encuentra asociado, como propio de estos radicales, a “Europa laica” organismo que, extendido por toda España, promueve el laicismo y son los promotores de las conocidas campañas sobre la catedral de Córdoba y La Seo y La Magdalena en Zaragoza, pero entre sus objetivos está en extenderlo a todo el territorio español  alentando a los “pobres tontos útiles” a seguir robando hasta llegar a destruirlas.

Hay que acabar con la Iglesia católica, lo dejan muy claro al aprobar una moción en Pleno municipal de Getafe para conocer las necesidades reales de los diferentes cultos y regular en consecuencia para adaptar a las diferentes religiones el cementerio, tanatorio, la posible cesión de espacios para el Ramadán y gestionar la construcción de nuevos espacios de culto: musulmán, budista, judío, etc. los cuales sí están apoyados por “Laicismo.org[4]; su fobia solo va contra el catolicismo. Se olvidan que el art. 16 de la Constitución garantiza la libertad de culto así como la separación Iglesia-Estado, por el cual las instituciones del Estado y religiosas (Iglesia) se mantienen separadas y la Iglesia no interviene en los asuntos públicos; teniendo cada parte una autonomía para tratar los temas relacionados con sus esferas de influencia. En la actualidad, la Iglesia no interviene en las cuestiones de Estado, pero el Estado, con su actuación (permisiva o impositiva), sí interviene por sí mismo con sus leyes y a través de las distintas actuaciones de asociaciones anticlericales cada vez más consentidas por muy radicales que sean sus actuaciones.

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Se centran ahora sus protestas contra las inmatriculaciones que ha efectuado la Iglesia. En el año 1998, para no colapsar la Administración, se promulgó una Ley permitiendo que la Iglesia pudiera inmatricular sus edificios. Fue una cuestión meramente práctica y burocrática que ha legalizado así una realidad que ya existía por la cual la Iglesia solo ha inmatriculado aquellos edificios que en su momento construyó el pueblo cristiano con un fin muy determinado: rezar, celebrar la eucaristía juntos, reunirse, etc. y alojar a los párrocos en casas anexas.

Lo mismo sucedía, con los ayuntamientos y con los edificios públicos. También estos últimos estaban sin registrar. Nadie dudaba de quienes eran y de quienes son. En el caso de los edificios públicos y de los ayuntamientos, es evidente que del pueblo al que sirven. En el caso de los edificios religiosos, la evidencia es la misma: pertenecían y pertenecen al pueblo cristiano en su conjunto, el de ayer y el de hoy, también pertenecerán a los cristianos del mañana. Y hasta cabe pensar que la Iglesia haya realizado las inmatriculaciones temiendo que lo que puede venir sea como el aciago trienio 36-39. No parece tan descaminado teniendo en cuenta que afirman querer dedicarlos a un uso civil. Nadie, ningún miembro de la sociedad civil, se había planteado la necesidad de impugnar la inmatriculación hasta que azuzaron los de Europa laica. Un ejemplo claro lo tenemos en Castilla La Mancha con el documento PSOE-Podemos[5] por el que este le exigió hasta 26 medidas concretas para impulsarlo, como instar a la modificación de artículos de la Constitución, eliminar la Ley de Mecenazgo, derogar varios artículos del Código Penal que recogen los delitos de blasfemia, eliminar los símbolos religiosos o suprimir la presencia de las Fuerzas Armadas en actos religiosos y por supuesto las inmatriculaciones. También proponen eliminar capillas de espacios públicos como colegios, hospitales o cárceles, garantizar la interrupción voluntaria del embarazo, suprimir conciertos educativos y conformar una UCLM “totalmente laica”. Es la vuelta del Frente Popular.

Otro medio de saqueo a la Iglesia es la exigencia de pago del IBI olvidando que no se trata de exenciones que un ayuntamiento pueda aplicar discrecionalmente. El Real Decreto 2/2004 desarrolla esta figura impositiva para todos los consistorios del país considerando la existencia de unas exenciones automáticas entre ellas los bienes de la Iglesia Católica y de otras confesiones religiosas.

Observen que de los beneficios que puedan obtener musulmanes, judíos, etc. no se quejan, solo protestan contra la Iglesia Católica, aunque la ley prevé que también estén exentas las “otras confesiones religiosas” pero esto les parece muy bien. Contra ellas no dicen nada en una clara muestra del objetivo que ocultan a los que de buena fe o por exceso de ingenuidad, les siguen.


[1] Se le considera masón del “Taller Sublime” de Cádiz, junto a Francisco Istúriz y Antonio Alcalá Galiano      

[2]SANCHEZ ALBORNOZ, Claudio: Españoles ante la Historia , Buenos Aires, 1958, p. 192, tomado de Rafael Sánchez Mantero; LA DESAMORTIZACION, Fondos y procedencias: bibliotecas en la Biblioteca de la Universidad de Sevilla [2012]  

[3] Francisco Gracia Alonso y Gloria Munilla: «El tesoro del Vita» 

[4] Laicismo.org organización mundial que, a través de organizaciones en distintos países, promueven un laicismo radical con el fin último de destruir a la Iglesia promoviendo distintas campañas: rechazo a las exenciones del IBI a la Iglesia, que no se marque la casilla de la Iglesia en la declaración de la Renta, el testamento vital (eufemismo para encubrir la eutanasia), que no existan manifestaciones religiosas en los centros educativos, que no participen niños de nazarenos en las procesiones…El presidente de honor de Europa laica fue el librepensador y ateo Gonzalo Puente Ojea. En la actualidad lo es Francisco Delgado .

[5] La Plataforma Imagina Podemos, que ha conformado candidatura para optar a liderar Podemos en Castilla-La Mancha con Fernando Barredo como punta de lanza, recoge en su borrador de documento político como eje principal la lucha por un “laicismo real” en todos los ámbitos de la acción de Gobierno.

 

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Licenciada en Geografía e Historia, fue profesora hasta su jubilación.

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