Religion

Carta abierta al Cardenal Cañizares tras su defensa de la Constitución

La Constitución de 1978 continúa el proceso iniciado por la Revolución Francesa de sustraer a los cuerpos intermedios toda función política y usurparles su representatividad.

Excelentísimo y Reverendísimo Monseñor Dr. Don Antonio,  Cardenal Cañizares:

Hace escasos meses leía ─maravillado─ unas preciosas palabras suyas en la hoja parroquial de una iglesia. Nos recordaba usted, señor cardenal, algunos de los gestos externos necesarios para que los templos sean, verdaderamente, casas de oración. Intensa felicidad me causó leer su recordatorio, a sacerdotes y seglares, sobre la adecuada actitud en la casa de Dios; ante el Sagrario y, especialmente, en la comunión: «la forma más consonante con el misterio del Cuerpo de Cristo que se recibe es comulgar de rodillas y en la boca». Nunca agradeceré suficientemente esa valiente defensa de lo que la Iglesia siempre nos ha enseñado.

Porque hay algunos sectores (Su Eminencia lo sabrá mejor que yo), que pretenden arrogarse el monopolio de la Tradición. Afirman que la Iglesia ha abandonado su misión, y que ahora se dedica a compadrear con el Mundo. Serias acusaciones. Y todas falsas. Pues, por muchos desmanes de las jerarquías ─aún de las más altas─ que se cometan, la Tradición de la Iglesia se mantiene incólume. En la Nave de Pedro estará siempre Cristo hasta el final de los tiempos, cuando triunfará definitivamente. Por eso los católicos no podemos perder la esperanza. Por eso debemos seguir firmes en la defensa de la fe, y trabajar por la restauración e instauración de todas las cosas en Cristo, Rey.

Precisamente por ello, quisiera reflejar en estas humildes líneas un sentir generalizado de muchos jóvenes católicos: necesitamos ortodoxia y Tradición para combatir el ateísmo de nuestros días. El hombre “moderno” (cronológicamente, entiéndaseme) de hoy ya no es el de hace casi seis décadas. Somos nosotros. Y necesitamos Tradición a grandes dosis: en la vida social, económica, política…y, por su puesto, en la estrictamente religiosa.

Fruto de esa necesidad, que en realidad creo perenne, ha surgido este escrito. Pues si antes le transmitía mi agradecimiento por cuanto he dejado apuntado, debo a continuación confesarle el motivo principal de esta carta, cuya redacción ha sido movida por la profunda inquietud que me han causado sus recientes loas hacia la Constitución “española” de 1978, durante la conferencia que dictó el pasado martes en el Ateneo Mercantil de Valencia. [9 de mayo de 2018].

Una Constitución hermética

Convendrá usted conmigo, Eminencia, en que el más abominable triunfo de la modernidad jurídica ha sido el de separar el orden jurídico del orden ético. Es más: la esencia misma de su mitología ha consistido en negar la idea de orden, empezando por la existencia de un orden natural. Lejos han quedado, como si del eco de un pasado oprobioso se tratase, las magníficas lecciones de Santo Tomás de Aquino.

La ideología constitucionalista, especialmente la de impronta kelseniana, encierra en funeraria pirámide al derecho; lo concibe como una realidad hermética, pura, constituida únicamente por normas. Normativismo positivista. Reduce el derecho a una ciencia técnica: la de la legislación. Y esa es, por muchos principios tecnicistas (art. 9.3 CE) o falsos valores que se consagren, la filosofía última que fundamenta nuestro texto constitucional. En una palabra: la legitimidad reducida a la legalidad. Una legalidad que ya no entiende qué es el bien común, al que usted con buena intención apela, sino que a lo sumo habla del interés general, cada día más reducido a dimensiones egoístas.

Odios y falsa representatividad

También habló usted de la Constitución como una Carta que buscaba “llegar a ser un texto de todos, no de unos frente a otros”. Pero, para nuestra desgracia, la realidad es bien distinta: España se fragmentó en partidos, en odios de toda clase (en especial hacia la Cruz) y en particularismos cuasi-patológicos. Las heridas de la guerra vuelven a ser abiertas, si es que lograron alguna vez restañarse, y leyes como la de memoria histórica o la continua propaganda biliosa contra el Valle de los Caídos y sus monjes son pruebas fehacientes de que una de las dos Españas aún ha de helarnos el corazón.

De otro lado, la convivencia conceptuada como mera coexistencia no ha hecho sino abundar en la idea de que la ciudad temporal debe ser un mero contrato entre las partes: desaparece la politicidad natural del hombre y la comunidad, ahora mero agregado de carácter societario. Y si el régimen anterior no contribuyó en exceso a devolver su protagonismo a los denominados cuerpos intermedios ─convertidos en simples delegaciones administrativas del Poder─, la Constitución de 1978 continúa el proceso iniciado por la Revolución Francesa de sustraerles toda función política y usurparles su representatividad. Vivimos, así, en la lógica del individualismo: individuos desarraigados frente al Estado o, en su época de eclipse, frente al mundialismo.

La coartada del antropoteísmo  

Más adelante asegura usted que “en nuestro texto constitucional no se invoca a Dios, pero sí se protegen los derechos humanos y queda claramente reconocido el derecho a la libertad religiosa”. Afirmación ésta que merece alguna que otra reflexión. En primer lugar, como anécdota personal, debo confesarle que tuve la conciencia aguijoneada durante algún tiempo por algunas arteras argumentaciones de aquellos “acaparadores de la Tradición” a los que antes me refería. Éstos aseguran que, al asumir el “lenguaje de los derechos humanos” ─ciertamente exclusiva hasta fechas recientes de los hijos ideológicos del iluminismo y del racionalismo─ la Iglesia habría dimitido del magisterio tradicional, que hasta el momento los rechazaba. Y debo reconocer que, a primera vista, eran conclusiones que tenían perfecta lógica.

Sin embargo, pronto me percaté de que aquellos “derechos humanos” que la Iglesia ahora defendía eran radicalmente divergentes de los nacidos del derecho nuevo y de las declaraciones universales. Ambas visiones sólo comparten un elemento común: su fundamentación en la dignidad humana; pero como se comprenderá, la noción de dignidad clásica ─la de la Iglesia─ dista mucho de reconocer la emancipación del hombre y su autorrealización como fines últimos de la persona humana. La Iglesia los fundamenta en la dignidad ontológica del hombre, es decir, aquélla que posee todo hombre como más alta criatura de cuantas creadas por Dios.

Los derechos humanos de las declaraciones modernas, por el contrario, se basan en la absoluta autonomía del hombre y de su “conciencia”. Son tendencialmente deificadoras del hombre. Antropoteístas. Y sus corolarios siempre son un humanitarismo filantrópico disolvente, y una elevación a la categoría de derechos de aquello que, en el mejor de los casos, no pasa de ser pura bajeza moral.  Muy sintomático del nihilismo en que nos hemos instalado. Conviene, pues, diferenciar ambas concepciones y defender así la verdadera dignidad del hombre, creado por Dios a su imagen y semejanza, y reconociendo en él otro tipo de dignidad: la dignidad moral, que depende de la adecuación de sus obras a la ley natural.

Es evidente, sin embargo, que la terminología puede llevar a grandes confusiones. Debemos evitarlas a toda costa y modestamente creo, señor Cardenal, que su defensa de la Constitución no contribuyó a ello en exceso. Más aún: la libertad religiosa a la que usted alude, que es la consagrada por la Constitución, dista muchísimo de ser la inmunidad de coacción, que es la única libertad civil que defiende la Iglesia en materia religiosa. La libertad religiosa, desarrollada en España por ley orgánica en 1980, consagra aquello de lo que el Catecismo de la Iglesia Católica nos previene (CEE, núm. 2108): la permisión moral de adherirse al error y el derecho al error. Y se obvia el deber de todo hombre a buscar la Verdad. Coherente con una visión tal de los derechos humanos, que no los vincula a obligación ninguna.

Pero, consciente de que no soy más que un simple bachiller en Leyes de segundo curso, y de que todas estas consideraciones pueden ser desoídas debido a mi nula autoridad, prefiero que sea San Juan Pablo II quien centre y epitome la cuestión:

«Los derechos humanos en realidad sólo tienen fuerza allí donde son respetados los derechos imprescriptibles de Dios, y el compromiso relativo a los primeros es ilusorio, ineficaz y poco duradero si se realiza al margen o con desprecio de los segundos».

[Carta a los obispos de Brasil, 10/XII/1980].

Independencia del poder temporal

Desde tiempos de Gelasio I, y aún antes, la Iglesia nos ha enseñado que debe existir una legítima autonomía del poder temporal respecto del espiritual. Se trata de una distinción de ambas esferas; jamás de una separación. Autonomía, que no independencia, ya que «ninguna actividad humana, ni siquiera el dominio temporal, puede sustraerse al imperio de Dios» (Lumen Gentium, 36). Pues si Nuestro Señor Jesucristo nos mandó dar «al César lo que es del César», también enseñó que todo poder deriva de Dios (Juan 19, 11). Enseñanza constante que se encuentra en nuestros mejores teólogos (como Suárez), y que ha sido reiterada en diversas encíclicas (Cfr. Diuturnum illud).

Y esto último es lo que el pensamiento moderno no puede admitir. El absolutismo ya pervirtió la doctrina clásica al construir un pretendido derecho divino de los reyes. Pero fue la introducción del concepto de soberanía, y posteriormente las tesis contractualistas, las que erigieron el voluntarismo en norma suprema para analizar la legitimidad del poder, que únicamente tiene su origen en el pueblo. Así, la democracia ya no es una simple forma de elegir a los gobernantes, sino fundamento último de toda potestad. Y ante falsedades tales, como la sostenida por el art. 1.2 CE, “ser tildados como enemigos de la democracia o contrarios a la Constitución”, debería constituir un timbre de gloria, y no algo a “evitar por los obispos”.

Conclusión

Me despido, Señor Cardenal-Arzobispo de Valencia, agradecido por el tiempo que dedique a leer estas palabras. Necesitaba dejar constancia de la enorme preocupación con que he leído su alabanza a uno de los textos legales más ambiguos y nefastos de la historia de España. Pero antes de cerrar esta carta, permítame que reproduzca el fragmento de un discurso bien significativo de uno de los siete padres de la Constitución, G. Peces-Barba, durante el debate sobre la redacción del art. 15 del proyecto constitucional: «Desengáñense sus señorías; el problema del derecho es el problema de la fuerza que está detrás del poder político y de la interpretación. Y si hay un Tribunal Constitucional y una mayoría proabortista, [la palabra] “todos” permite una Ley del aborto; y si hay un Tribunal Constitucional y una mayoría antiabortista, la “persona” impide una Ley del aborto».

Ante tal siniestro entendimiento del derecho, se comprenden mucho mejor algunos de los frutos de un Estado alejado de Dios. De una organización jurídico-política indiferente ante la Verdad y la Justicia que, carente de una moralidad objetiva, transmuta la ideología de turno en moralina estatal.

Defendámonos ante este totalitarismo velado. Y hagámoslo de la única manera posible: desde la Tradición. Y recordando que «si el Señor no construye la casa, en vano se afanan los que la edifican». Santa María nos ampare. Besa su anillo,

Por Juan Oltra (Estudiante de Derecho. Universidad de Valencia.) Este artículo se publicó por primera vez en la Revista Reino de Valencia.

 

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REINO DE VALENCIA es una revista editada por los CC. CC. Aparisi y Guijarro, San Miguel, Domingo Forcadell y Polo y Peyrolón.

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