Opinion

La traición a España

¿Se atreverán a exigir responsabilidad criminal al presidente por atentado contra la seguridad del Estado?

Su ego le hace creerse un estadista a la altura de Fernando el Católico, sin darse cuenta que solo puede compararse a Fernando VII. En su felonía llega a superar a su mentor Rodríguez Zapatero aquel que ante las 16.000 personas que llenaban las gradas del Palau San Jordi, hizo (cual dictadorzuelo caribeño)  su promesa; una promesa que dio alas al separatismo: «Apoyaré la reforma del Estatuto que apruebe el Parlamento catalán», aseguró, solemne, entre fuertes aplausos. Una frase que abriría a Pasqual Maragall las puertas del Palau de la Generalitat y le ayudaría a él mismo a atravesar las de La Moncloa cuatro meses después.

Desde ese momento distintos personajes políticos van dando pasos con discreción para la consecución del objetivo que va más allá de la independencia de Cataluña ya que podrían intentar lo mismo las Provincias Vascongadas o Galicia, hasta lograr el desmoronamiento de España como si fuera un castillo de naipes. El PP declaró que dicho Estatuto era inconstitucional, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega admitió que Zapatero no podrá cumplir su promesa, pero añadió «Tendrá que ser retocado en el Congreso», sin embargo, las exigencias que suscitaba como blindar las competencias en manos del Gobierno catalán y reconocer a Cataluña como una nación, impedían su aprobación.

En enero de 2006, tras una noche de intensas negociaciones, Mas y Zapatero cierran un preacuerdo que asegura el apoyo de los nacionalistas a un texto más limitado pero que mantiene el concepto de nación en el preámbulo y un cuestionado sistema de financiación autonómica. Las Cortes españolas dan su visto bueno con el único voto en contra del PP, que anuncia que enviará el texto al Tribunal Constitucional y recogerá firmas en toda España para pedir un referéndum a nivel nacional. Celebrado éste, solo en Cataluña, el  Estatut solo fue votado por el 48,85% de los catalanes pero quedaba pendiente, no obstante, la aprobación del Tribunal Constitucional. Y de nuevo surge la sutil ayuda del PSOE con la retirada del recurso previo de inconstitucionalidad que impidió que el Estatuto fuese puesto en cuarentena hasta que obtuviese el visto bueno definitivo. Por ello, cuando llegó el dictamen del tribunal —que recortó los puntos más polémicos del texto—, en la práctica el «Estatut» llevaba casi cuatro años en vigor, de modo que fue motivo fácil para radicalizar a “los ciudadanos catalanes”, dijo Zapatero, echando un cable al independentismo, al considerar la totalidad de la ciudadanía cuando no llegaron al 50% los votantes y que eso “se ha producido por un fallo del sistema” y no por la traición de algunos.

Sin embargo, el mayor empuje a la traición se lo acaba de dar Sánchez, quien después de tantas cesiones al independentismo, ha aceptado los 21 puntos que nos había ocultado desde diciembre hasta que Torra los ha hecho público. Y a partir de ese momento el sufrido pueblo español se ha sentido convulsionado y expectante a ver si aparece un nuevo Andrés Torrejón García el famoso alcalde Móstoles del dos de mayo de 1808, que vuelva a lanzar la llamada: Españoles: ¡La Patria está en peligro, acudid a defenderla!

Los 21 puntos, a cada cual más indignante, son los siguientes:

1- No se puede gobernar contra Cataluña.

2- Hay que reconocer y hacer efectivo el derecho de autodeterminación del pueblo de Cataluña.

3- Es necesaria una mediación internacional que ha de facilitar una negociación en igualdad.

4- La soberanía de las instituciones catalanas ha de ser respetada y no amenazarla con la aplicación del artículo 155.

5- Se han de investigar los abusos policiales y económicos ejercidos contra el pueblo de Cataluña.

6- La vía judicial debe de quedar atrás.

7- Hay que impulsar un compromiso para la ética política.

8- Se ha de garantizar la separación de poderes.

9- Es imprescindible poner fin a la limitación de derechos fundamentales.

10- El retroceso de la calidad democrática de España se debe revertir.

11- Hay que frenar el deterioro de la imagen de España al mundo.

12- Se debe poner fin a la complicidad de cuerpos policiales y aparato judicial con la ultraderecha.

13- Hay que garantizar la independencia judicial.

14- Es necesario asegurar el respeto a los Derechos Humanos.

15- La sombra y la influencia de la cultura franquista pervive y es incompatible con la plenitud democrática de España.

16- La indolencia con el fascismo, la impunidad con las actitudes fascistas tiene relación directa con la impunidad de los crímenes del franquismo.

17- Se deben de aislar y denunciar los grupos neofascistas.

18- Es incompatible con la democracia la existencia de privilegios derivados del franquismo.

19- Hay que emprender un proceso explícito de desfranquización y de un debate sobre la monarquía.

20- La nulidad de los juicios franquistas es un paso imprescindible de la memoria histórica.

21- Se ha de hacer efectiva una política de fosas comunes.

Cualquiera de ellos es para montar en cólera o para flagelarnos por soportar a este presidente que nos toca sufrir, porque con ellos se salta las más mínimas nociones de democracia. Barones socialistas y aún el ex vicepresidente Alfonso Guerra han criticado duramente la oprobiosa lista aceptada.

No sabríamos escoger cual es el más indignante. Quizás el número 3: Es necesaria una mediación internacional que ha de facilitar una negociación en igualdad. Es indignante porque, a nuestro entender, significa una rendición, una cesión de España al separatismo. Al aceptar la figura de mediador o relator, como quiera llamarlo, es tratar a Cataluña no como parte de España, sino de igual a igual, como si de otra nación se tratara, tal como Francia o Italia, por ejemplo. Llama la atención que en octubre de 2017 dijera que “el Congreso de los diputados es el perfecto mediador” para resolver el “conflicto de Cataluña” (un eufemismo para no decir la terrible palabra de separatismo). “Cuando Puigdemont, presidente de la Generalitat, habla de debatir y de dialogar, nosotros decimos que por supuesto. Que venga a la comisión, que venga al Congreso, si busca una mediación no hace falta mirar muy lejos, no hace falta mirar fuera de España. El Congreso de los diputados es el perfecto mediador para este tipo de cuestiones”. Bien es cierto que estas declaraciones las hizo el 11 de octubre de 2017 siendo secretario general del PSOE y es sabido las diferentes personalidades de Pedro Sánchez según el puesto que ocupe, como afirmó vehementemente Carmen Calvo.

Lo triste es que Sánchez acepta romper España por un plato de lentejas, porque un plato de lentejas viene a ser la entrega de Cataluña a cambio de su apoyo a los presupuestos para que él pueda seguir ocupando la Moncloa.

Ante la preocupante situación han surgido voces clamando sacar a la gente a manifestarse en contra de tanta indignidad. Los partidos políticos Ciudadanos, PP y VOX llaman a sus afiliados a concentrarse el domingo día 10 en la Plaza de Colón. Esperemos que sea un éxito la convocatoria.

Más decisivo parece lo que ha sugerido el ex ministro García Margallo en Intereconomía (06/02/2019). Amparado, al parecer en un artículo de la Constitución se puede exigir responsabilidad criminal al presidente por atentado contra la seguridad del Estado, siempre que lo pida una cuarta parte de los miembros del Congreso. ¿Se atreverán?

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