Miscelánea

Niños castigados en un colegio, por ser varones

La directora del Instituto de Enseñanza Secundaria de un pueblo de Huelva pretende castigar sin recreo a los chicos el 8 de marzo, Día de la Mujer, ¡sólo por el hecho de ser varones!

La plataforma ciudadana HazteOir.org ha lanzado una alerta para impedir que en la España del siglo XXI se discrimine por razón de sexo.
HazteOir.org pide a Javier Imbroda, Consejero de Educación y Deportes de la Junta de Andalucía que abra un expediente a la directora del IES Andévalo de la Puebla de Guzmán (Huelva), Dña. Dolores López García, y en caso de que se demuestre que ha promovido la discriminación, que la destituya de inmediato.

Según la citada asociación “no se puede consentir que esta persona, que ocupa un cargo público y es responsable de la formación y educación de nuestros hijos, castigue y humille públicamente a los niños varones por un motivo ideológico: ser del sexo masculino.”

Con esta orden, la directora del Instituto ha quebrantado el artículo 84 de la vigente LOMCE, que claramente dice: “En ningún caso habrá discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

También viola el artículo 1 de la ‘Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza’ de la UNESCO, suscrita por España: “A los efectos de la presente Convención, se entiende por “discriminación” toda distinción, exclusión, limitación o preferencia, fundada en la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, las opiniones políticas o de cualquier otra índole”.

Por no hablar del quebrantamiento del artículo 14 de la Constitución Española y de la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 2.

Precisamente en estos días el #HOBus está denunciando por toda España los peligros del feminismo radical que en modo supremacista, alienta la marginación de los hombres en la vida pública, y la violación sistemática del derecho de igualdad de las leyes de ‘género’, que somete a la mitad de la población española a la pérdida incluso, de la presunción de inocencia.

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