Análisis

Más sobre libertad religiosa: La escuela católica

Nos hemos acostumbrado, entre los católicos, a los monótonos versos, impregnados del ungüento liberal y personalista, de que la enseñanza de la religión católica debe ser obligatoria en su oferta, pero libre en su elección.

Cuando uno se adentra en el análisis de los más profundos principios de pedagogía católica, de acuerdo con el derecho natural y los principios cristianos que de la ley divina se derivan, de la mano de la Encíclica de referencia para la enseñanza cristiana, Divini Illius Magistri (Pío XI), y de sus más sabios y rectos comentaristas, así como de la magna tradición de los pensadores cristianos, rápidamente se diluyen algunos tópicos y falacias de carácter liberal y personalista, muy empleados a menudo por católicos incluso con la intención de defender con ellos sus derechos, y que a continuación, de manera resumida pero concisa para lo que el tema merece, procederemos a refutar:

Primera falacia liberal-personalista

Nos hemos acostumbrado, entre los católicos, a los monótonos versos, impregnados del ungüento liberal y personalista, de que la enseñanza de la religión católica debe ser obligatoria en su oferta, pero libre en su elección.

Tres argumentos, dos de índole natural y otro de índole sobrenatural, nos conducen a una rápida y sencilla refutación del tema:

  • De índole natural:
    • Por un lado, porque la religión católica, su fe y moral, son las que han informado la construcción de Occidente, en su idiosincrasia y su cultura: no se puede entender la historia del mundo occidental, menos aún la de España, sin tener unas mínimas nociones acerca del pensamiento doctrinal y social cristiano, así como del de sus heterodoxos más relevantes. Porque la historia de nuestras naciones está impregnada de las circunstancias teológicas. Porque, efectivamente, durante siglos, el Evangelio fue la inspiración de todo el cuerpo social y sus instituciones. Sin conocer los principios que informan el Evangelio, así como las desviaciones de sus heterodoxos, cuestiones históricamente tan importantes como los decretos de expulsión de los judíos o los moriscos, la Guerra de los Treinta Años o el desarrollo de los pueblos de la Nueva España, quedan como meras lamentables ocurrencias de mentes alienadas por el opio religioso y profundamente atrasadas mentalmente. De igual modo, es imposible comprender el arte y la literatura. Imagínese la talla de un estudioso del barroco español, las pinturas de la Capilla Sixtina, Calderón o Lope y sus autos sacramentales, etc, que desconozca absolutamente los más elementales principios de la fe católica y de la Historia Sagrada.
    • Por otro lado, y como argumento si cabe de mayor importancia, está la excelencia de la moral católica, sin duda la más excelsa, precisa y excelente de todos los sistemas morales que ha alumbrado la humanidad, y que es prueba relevante de la veracidad de nuestra Santa Religión frente a las, en mayor o menor grado, aberrantes doctrinas, tanto de otros credos, como de los pensadores impíos. Nadie como Santo Tomás, con más finura desgranó las virtudes humanas, las interrelaciones entre ellas, y sus opuestos por exceso y por defecto. La Escuela de Salamanca desarrolló brillantemente los principios católicos aplicados a las nacientes disciplinas sociales, como la política o la economía. Nadie como los grandes pensadores católicos desarrollaron con más preciso detalle los aspectos de la justicia en los ámbitos político y económico. En definitiva, nadie como la religión católica presenta unos ideales morales más acordes con la razón y la naturaleza, infinitamente por encima de otros pensadores que, profesando doctrinas muy respetables en ciertos aspectos (véase especialmente Aristóteles), quedaron lejos de la perfección moral que propone la Iglesia. Y, lo que es aún más importante, todo ello presidio por la caridad, columna central de nuestra Santa Religión, y que se daba por prácticamente inexistente antes de la Encarnación del Verbo. El buen católico es también un buen ciudadano, como recuerda San Agustín[i], y ni que sea por esta razón, debería interesar al gobernante desde una perspectiva aún puramente humana la propagación de la cultura y doctrina católica. Y, sabedor el Estado de que, en familias carentes de fe, dejarán de transmitirse esos ideales a su prole, es su obligación para con el bien común procurar su conocimiento universal a través de la escuela. Y es, además, la escuela el lugar óptimo para ello, pues es ella la que naturalmente está destinada a ser el instrumento de educación de la infancia y la juventud. Y puesto que la verdadera educación no es sino la búsqueda de la perfección integral del individuo, todo aquello que contribuya a ello debe ser, no solamente tolerado, sino colocado en puesto de honor.

La libertad religiosa como fruto del culto personalista al hombre

Como colofón de lo anterior, habría que decir que no es casual que el arrinconamiento de la religión en las aulas coincida en el tiempo con un progresivo desprestigio de las humanidades, especialmente la filosofía. Como brillantemente defiende el P. Eustaquio Guerrero en su obra “Convicción religiosa y rectitud moral”, el estudio recto y profundo de las humanidades es un catalizador que ayuda al incrédulo a abrazar la verdad religiosa. Y ello porque este tipo de disciplinas, especialmente la filosofía, son aquellas que tratan de cuestiones más trascendentes, acerca del hombre, su lugar en el mundo, el sentido de su vida. En definitiva, todas aquellas cuestiones que escapan a la mentalidad cartesiana, cientifista y pragmática moderna. Tal como sentenciaba Tertuliano, “el alma es naturalmente católica”, y por ello el estudio recto de las verdades naturales lleva irremisiblemente al descubrimiento de las verdades sobrenaturales. Y como la profesión de la fe católica, que es la que armoniza perfectamente fe y razón, y la que profesa una más excelsa moral, a su vez, forma no sólo mejores y más rectos pensadores, sino también mejores científicos y técnicos, podemos inferir que la fe también contribuye naturalmente a una mejora del capital intelectual de la sociedad. Y así como la fe perfecciona y sublima la vida moral, también una vida moral recta previa predispone al asentimiento de las verdades de fe, por cuanto la mente se complace en la belleza del recto obrar, y eso no puede sino conducir a Dios, salvo siempre el obstáculo que constituye la naturaleza caída de toda criatura humana a excepción de la Santísima Virgen María.

  • Sin duda, no puede negarse la conveniencia de estos argumentos de índole natural, pero por la jerarquía de los órdenes, son de infinita mayor importancia los que a continuación se reseñarán, que son de índole sobrenatural, y que tienen que ver con los derechos de la Santa Iglesia en el ámbito de lo público:
    • Para empezar, como bien recuerda el P. Ramiére, “es un dogma de fe que Jesucristo posee una autoridad soberana sobre las sociedades civiles”. La propaganda liberal y personalista grita en defensa de la libertad religiosa afirmando con soez desvergüenza que la Iglesia debe reducirse en su campo de actuación, al ámbito privado o, en el mejor de los casos, al ámbito público en igualdad de condiciones que las doctrinas erróneas. Y por tanto, nadie tiene estricto deber de hacer conocer al impío la Verdad fuera del ámbito eclesiástico. En este punto, se afirma que el Estado no puede moralmente imponer la fe, pero ¿qué se esconde tras esta ambigua afirmación? ¿qué significa “imponer la fe”? Si por “imponer la fe” entendemos la coacción estatal a la profesión de un determinado culto, sea el católico o cualquier otro, estamos efectivamente hablando de un abuso contrario a la ley natural, contra el que la Iglesia se ha manifestado reiteradamente. No obstante, si por “imponer la fe”, se entiende la prohibición de proponer los artículos de fe a los incrédulos, hemos entrado ya en el ámbito del error. Pero aun dentro de este error, podría darse el caso de los liberales de tercer grado, que aún reconociendo, en el mejor de los casos, el derecho de la Iglesia a proponer su fe en público, se lo reducen al ámbito de aquellas personas que voluntariamente quieran recibirla. Según éstos, sería ilícito coaccionar, no solamente a creer, sino también a escuchar la Buena Nueva. Contra esta última proposición se manifiestan los pensadores de la Iglesia, por ejemplo el P. Suárez S.J.,[ii] que defiende que esta potestad no solamente es lícita, sino que además, su ejercicio no solamente se reduce al ámbito de la potestad espiritual que ejerce la Iglesia, pues en ese caso no habría potestad alguna sobre los infieles, sino que el Estado, ejerciendo su potestad temporal, esta sí, sobre fieles e infieles, por razón del bien común, debe poner los medios para que los principios de la fe sean escuchados, incluso contra la voluntad del súbdito.
    • La razón de ese imperio de la Iglesia sobre el anuncio del Evangelio a los incrédulos o impíos, incluso contra su voluntad, subyace, como recuerda el P. Eustaquio Guerrero, en que “cuando Dios encomienda una misión o impone un deber, [en este caso, anunciar el Evangelio a todos los pueblos], es claro que comunica el derecho necesario para cumplir el encargo o la obligación”.[iii] Y ¿cuál es la razón, aparte del mandato divino, para el ejercicio de ese imperio? Pues precisamente el argumento de que la profesión de la fe es un acto libre. La voluntad no puede operar libremente en ausencia de conocimiento sobre el objeto de su decisión. Dicho con otras palabras, la ignorancia nunca es un presupuesto válido para el ejercicio de la auténtica libertad. Si bien esta ignorancia, cuando es invencible, puede excusar a quien profesa el error, es competencia del poder político procurar que esa ignorancia de la Verdad más profunda sobre el hombre quede reducida a la mínima expresión, no en base a un atributo totalitario estatal, sino precisamente por razón del mandato del respeto a la libertad de los súbditos. Puede pensarse que es esto una invasión ilegítima en la esfera de la potestad de los padres sobre los hijos, en este caso en contra de los padres herejes, impíos o incrédulos. Debe también negarse la validez de esta objeción, por cuanto, en base a todos los argumentos anteriores (tanto naturales como sobrenaturales), siguiendo este razonamiento, también se debería dejar al arbitrio de los padres si deben o no sus hijos instruirse en matemáticas, literatura, geografía o química. ¿O es que acaso a algún padre necio que niega la importancia de cualquiera de las disciplinas anteriores, le asiste el derecho a privar a sus hijos de su instrucción en ellas?. Y además, quienes así razonan no prueban que la exposición de la doctrina católica condicione negativamente el ejercicio de la libertad física de la profesión de la fe. En cambio, está psicológicamente demostrado que el niño, adolescente o joven, en algún momento de su desarrollo viene a cuestionar todo aquello a lo que de más pequeño asintió por autoridad de quienes se lo transmitieron, llegando erróneamente a abandonar la fe algunos como consecuencia de ello. En cambio, nada puede cuestionar aquél joven que nunca escuchó nada acerca de las cuestiones más profundas del hombre, máxime en nuestros días en que la propaganda ya se encarga de intentar velar estas cuestiones, y muchos padres extraviados se han dejado llevar por esa oleada de impiedad que reina en nuestras sociedades.

Una última objeción liberal de tercer grado podría ser el acusar a quienes defienden la tesis desarrollada en estas líneas, de extralimitar las funciones del Estado proponiendo que la enseñanza de la religión católica sea de obligado cumplimiento también en las escuelas de titularidad pública. Objeción que se combate precisamente por su propia formulación, ya que, precisamente porque el Estado, aunque subsidiaria respecto de las familias y la Iglesia, también ejerce su potestad educativa, tiene por eso mismo la obligación de suplir la necedad del padre que considera inútiles las disciplinas mencionadas a título de ejemplo, entre las que se incluye la religión católica. Tampoco sirve el argumento de que, en las sociedades actuales, cuyo modelo educativo es, en el mejor de los casos, el de la elección de la enseñanza religiosa católica, eso sí, en pie de igualdad con otras como el Islam, al ser decrecientemente demandada la enseñanza de la religión católica, no puede una minoría obligar al resto. Creemos que queda suficientemente desacreditado con las ideas anteriormente argüidas, a las cuales habría que añadir la siguiente observación: esa demanda decreciente de la enseñanza de la religión católica no es sino la consecuencia del abandono en la evangelización de las sociedades, junto con los crecientes obstáculos por parte de los poderes públicos para el anuncio de la Buena Nueva. Luego, además de lo dicho, no es válido defender como razón para un mal, un hecho consumado que es precisamente consecuencia de la negación del bien que aquí pretendemos defender.

Por todo lo anterior, puede inferirse que es plenamente conforme a la razón, y no se incurre en abuso alguno por que la enseñanza de la doctrina católica sea de obligado cumplimiento en todas y cada una de las escuelas, sea cual sea su titularidad, y sea cual sea la profesión de fe  del discente. Y que, por tanto, si el Estado no garantiza ese derecho y a la vez no cumple con esa obligación natural, no lo hace sino por odio a la religión y desdén por el bien común, es decir, por desprecio de su finalidad última, ambos propios de los ordenamientos ajenos al orden natural de la sociedad.

Segunda falacia liberal-personalista: La escuela pública como “escuela de todos”.

También nos hemos empachado de escuchar que el modelo de escuela predominante ha de ser el de titularidad pública, cuya financiación puede extenderse, de forma más o menos residual, a la enseñanza de titularidad privada, que a día de hoy mayoritariamente pertenece a la Iglesia Católica (lo cual no quiere decir que sea “católica” en todos los casos).

Se arguye que el Estado tiene el deber de procurar la enseñanza gratuita y universal, y por tanto, obligatoria, hasta un determinado grado de estudios que, según los países, puede oscilar entre los 14 y los 16 años, al menos en el mundo desarrollado. Pero se deriva de aquí una falacia non sequitur, pues de la existencia de ese deber natural del Estado que se erige como consecuencia del papel que la educación tiene en el bien común, no se deriva necesariamente un modelo de escuela de titularidad fundamentalmente pública. Ahora bien, la expresión “no se deriva necesariamente”, ¿quiere decir que puede ser este modelo tan aceptable como otro basado en la titularidad privada? Soy consciente de que la ambigüedad empleada en la expresión entrecomillada es calculada, a efectos puramente didácticos. La razón: el citado modelo público puede ser defendible o no, dependiendo de las circunstancias. ¿Y cuáles son las circunstancias? Fundamentalmente, y dado el natural principio de subsidiariedad del Estado, las circunstancias vendrán impuestas por el grado de capacidad que tenga la iniciativa privada de cubrir las necesidades educativas que el bien común exige. Si, y solo si, esta iniciativa es insuficiente, o carece de los medios necesarios, podrá el Estado lícitamente instituir centros de enseñanza de titularidad pública. Y ello de la misma manera que nadie en su sano juicio discute que el Estado tiene el deber de asumir los derechos deberes derivados de la patria potestad (con las imperfecciones inevitables y propias de las circunstancias), si y solo si, quienes los poseen originariamente no son capaces de ejercerla. Pero precisamente por el carácter subsidiario de esta potestad, el propio Estado deberá promover las condiciones para no tenerla que ejercer, es decir, para que tanto la Iglesia como las familias gocen de las condiciones adecuadas para ejercer la misión educativa.

Huelga decir que, además del argumento iusnaturalista, existe otro de índole práctica. Y es que cualquier tendencia monopolizadora por parte del Estado, máxime en cuestión tan delicada como es la educación de la infancia y la juventud, y en los días que corren, es una arriesgada ocasión para el Estado de introducir sesgo ideológico en los currículos escolares.

Podría objetársenos que incurrimos en contradicción cuando propugnamos el deber del Estado de procurar la educación de los ciudadanos y a la vez le negamos el derecho primario a establecer centros de enseñanza públicos. Lo cual se puede refutar fácilmente diciendo que la titularidad privada de los centros no obsta a su financiación con fondos públicos, por cuanto contribuyen al bien común. Incluso al contrario, como hemos dicho, la titularidad privada previene en cierta medida de ilegítimas intromisiones ideológicas del Estado.

Tercera  falacia liberal-personalista: El derecho a educar a los hijos según las propias convicciones.

Este tan manido principio, derivado del artículo 16 de la CE 1978 y desarrollado mediante la correspondiente Ley Orgánica, es objeto de recurso por parte de familias y asociaciones de tipo católico que ven como el Estado pisotea diariamente sus derechos, limitando la enseñanza católica o su financiación, o dificultando de cualquier otra manera la difusión de la doctrina católica en los centros de enseñanza.

Pero, dicho todo lo anterior, ¿tiene sentido último esta vaga apelación a las convicciones de cada uno? Desde luego, y si bien pueda tener un valor meramente práctico en el cortísimo plazo en el contexto de la lucha contra la secularización, no es algo que deba convertirse en principio, por dos razones: la primera, de orden práctico, porque en su literalidad, es imposible de cumplir, ya que, llevado al extremo, puede haber tantas convicciones como personas, todas ellas por supuesto, falsas, y aun suponiendo que existiese el derecho a ser todas ellas difundidas en la escuela, sería materialmente imposible hacerlo, dado el amplísimo abanico de cosmovisiones subjetivas posibles. Y muchas de ellas son incompatibles con el más elemental orden público (entiéndase ahora este concepto en sentido meramente liberal), de manera que la autoridad a buen seguro interpretará los límites de ese derecho de acuerdo con los principios del ordenamiento jurídico vigente; en otro sentido, porque un ordenamiento católico jamás admitiría tal precepto en una constitución, pues presupone la neutralidad moral de la institución educativa, de manera que su existencia no se debe sino al carácter agnóstico y liberal de nuestro ordenamiento, luego no puede sino esperarse que dichos límites sean impuestos en base a criterios agnósticos y liberales que a su vez garanticen la pervivencia de dicho ordenamiento. Por ende, es de esperar que el propio precepto que aparentemente garantiza esa libertad de enseñanza, sea en base al cual se cercene el propio derecho, por cuanto nuestro actual ordenamiento está en pugna con la fe católica y la moral naturales, llegando a considerarlas un auténtico peligro para el establishment, salvo que se proceda a un brutal licuado y adulteración de los principios doctrinales.

Y la segunda razón entronca con la tradición  católica acerca de la inexistencia del derecho al error cuando de allí se deriva peligro para la sana moralidad pública, que consideramos innecesario e inconveniente desarrollar aquí.

Luego, si en un ordenamiento liberal, esta cláusula es contraproducente, y en un ordenamiento católico, simplemente no tendría cabida, podemos concluir que es absolutamente inútil para los derechos de la Iglesia y los cristianos, defender por principio, una educación de acuerdo a las múltiples y potencialmente volubles convicciones de cada cual, so pretexto de que eso salvaguarda los intereses de la enseñanza católica en sociedades mayoritariamente secularizadas u ordenamientos laicos. No hay más que ver con qué impunidad, y en base a la propia ambigüedad del principio, se pisotea ese quimérico derecho sin que los tribunales encuentren sistemáticamente argumentos jurídicos para sostenerlo en el tiempo y conforme avanza la sociedad hacia el precipicio de los nihilismos.

En conclusión, conviene ser consciente, por un lado, de las trampas argumentativas al respecto de este tema por los enemigos de la fe, y cómo la a menudo insuficiente formación del católico impide, ya no sólo una confrontación de estas falacias con el derecho natural, sino que en no pocas ocasiones comporta una asunción de los propios argumentos ante la aparente lógica sustentada en principios ajenos a la recta razón.

[i] “Los que califican la religión cristiana de nociva para la república, presenten soldados tales como la misma religión los pide, presenten tales superiores, tales maridos, tales esposas, tales padres, tales hijos, tales señores, tales siervos, tales reyes, tales jueces, y finalmente, tales cobradores y pagadores de los tributos; y atrévanse entonces a semejante calumnia. Pero no, con mayor justicia y verdad confesarán ingenuamente que la religión cristiana, de ser obedecida, sería sumamente beneficiosa para el Estado”. Epist. 138 ad Marcellinum, cap II, n.15.

[ii] “Afirmo, […] que los príncipes cristianos pueden coaccionar a sus súbditos infieles para que oigan la fe”. De Legibus.

[iii] P. Eustaquio Guerrero, S.J, “Fundamentos de pedagogía cristiana”.

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Javier de Miguel

Javier de Miguel

Javier de Miguel (Granada, 1984), actualmente residente en Gerona, casado y padre de cuatro hijos. Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Ramon Llull, y Máster en Tributación y Asesoría Fiscal por el Centro de Estudios Financieros. Actualmente cursa los grados de Derecho y Sociología en la UNED. A su carrera profesional como asesor fiscal (desde 2007) une una década de estudios privados sobre la Doctrina Social de la Iglesia, especialmente aquellos relativos a la filosofía y organización económica en clave cristianas, especialmente en lo que compete a la refutación de las tesis liberales, tanto en el campo teórico como praxeológico. También acostumbra al estudio asiduo de las infiltraciones de la filosofía moderna en otros campos distintos de la economía, como la Teología, el Derecho, la política y la pedagogía.
En el ámbito de colaboraciones editoriales, es articulista colaborador de las revistas Verbo y Reino de Valencia.

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