Análisis

De Cataluña y los «revolucionarios» católicos

Ni estamos ante una cuestión de política práctica opinable, ni puede legitimarse moralmente que un católico secunde este movimiento sedicioso.

La situación actual en Cataluña no puede sino movernos a plantear, una vez más, los fundamentos más profundos acerca de la legitimidad o ilegitimidad moral de las reivindicaciones separatistas, tanto en su objeto como en los medios empleados.

Observo con asombro la escasez de publicaciones o artículos que afronten este tema con la perspectiva moral que merece, al margen de consideraciones políticas concretas que, como tales, son opinables. Incluso en medios católicos se enfoca el tema desde su vertiente político-social antes que desde la vertiente moral. Dar una visión del conflicto actual en términos pura y únicamente de acción política práctica contribuye, a mi juicio, a dar al tema la apariencia de un debate político que, trataré de demostrar, es en el fondo un debate moral.

Conviene, antes de poder juzgar con criterio una opción política con repercusiones significativas, estudiar y analizar, a la luz de la razón y del magisterio eclesiástico, su valoración moral, y aplicarla prudentemente los principios que enuncia la Iglesia, al caso concreto. Eso siempre que se quiera ser católico en todos los órdenes de la vida, tal como manda nuestra santa Religión, y no un modernista liberal más. Porque, no olvidemos, la política es una ciencia moral, y quien participe en ella, no puede abstraer su condición de católico sin grave peligro para su alma. “Los católicos sinceros y verdaderamente conscientes suelen , y con , sobrada razón, desconfiar mucho de las luces puramente naturales de la inteligencia en aquellas cuestiones cuales son las candentes de la política, en que, por las vías de la pasión, aquella fácilmente se anubla y padece quiebras lamentables , aun en los hombre s de más poderoso talento y de mayor ecuanimidad . De ahí que sea loable medida y de prudencia calificada recurrir en semejantes casos al sentir y al magisterio de la Iglesia, reflejados en la historia de la misma, y sobre todo en los documentos emanados de la Santa Sede”[1]. A eso pretendo humildemente dedicar las siguientes líneas.

Empezaremos este somero análisis con una idea en cuyo carácter conflictivo ciertamente coinciden tanto separatistas como no separatistas: la idea de obediencia. Si hay algo que, por motivos bien diversos, nadie oculta, es que se produce y se ha producido una situación de desobediencia, por diversos medios, a la autoridad establecida, que en este caso es la que emana de los poderes de la nación española, y por extensión, de las competencias positivas que ésta delega o transmite a la comunidad autónoma de Cataluña, como ente político parcialmente descentralizado respecto del gobierno central.



Por tanto, no se puede iniciar sin analizar cómo ha de entenderse, desde el prisma cristiano, la obediencia al poder establecido. Acudiremos, para este fin, a una batería de citas magisteriales que consideramos suficientemente comprensivas de la problemática existente actualmente en Cataluña (porque el separatismo como idea política no es un concepto nuevo, y por lo tanto, no requiere inevitablemente planteamientos morales nuevos).

Dice Gregorio XVI, en la encíclica Mirari Vos: “consta cómo los primitivos cristianos, aun en medio de las terribles persecuciones contra ellos levantadas, se distinguieron por su celo en obedecer a los emperadores y en luchar por la integridad del imperio, como lo probaron ya en el fiel y pronto cumplimiento de todo cuanto se les mandaba (no oponiéndose a su fe de cristianos), ya en el derramar su sangre en las batallas peleando contra los enemigos del imperio. Los soldados cristianos, dice San Agustín, sirvieron fielmente a los emperadores infieles; mas cuando se trataba de la causa de Cristo, no reconocieron otro emperador que al de los cielos.”[…] «Estos hermosos ejemplos de inquebrantable sumisión a los príncipes, consecuencia de los santísimos preceptos de la religión cristiana, condenan la insolencia y gravedad de los que, agitados por torpe deseo de desenfrenada libertad, no se proponen otra cosa sino quebrar y aun aniquilar todos los derechos de los príncipes, mientras en realidad no tratan sino de esclavizar al pueblo con el mismo señuelo de la libertad.»

Por otro lado, afirma León XIII, en Humanum Genus: “Nada hay más contrario a la verdad que suponer en manos del pueblo el derecho a negar la obediencia cuando le agrade”. Y, por último, el mismo León XIII, en Quod apostolici muneris: “cuando las disposiciones arbitrarias del poder legislativo o ejecutivo promulgan algo contrario a la ley divina o la ley natural, la dignidad del cristianismo, las obligaciones de la profesión cristiana y el mandato del Apóstol (San Pablo) enseñan que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres”. En similares términos se postula el propio León XIII, cuando aboga por “la distinción entre el poder político y la legislación; la aceptación del uno no implica la aceptación de la otra en los puntos en que el legislador, olvidado de su oficio, se ponga en oposición con la ley de Dios y de la Iglesia”.

Con lo anterior, creo haber recogido las ideas fundamentales acerca del tema que nos ocupa. De dichas citas emerge una conclusión taxativa: la desobediencia sólo es practicable en la proporción en que se extienden las leyes concretas que violan los derechos de Dios o la Iglesia en la sociedad, pero no respecto de las meras políticas de carácter general, o de un régimen concreto, por la única razón de su desacuerdo con él. Por tanto, no hay razón moral alguna para el sistemático desacato a la autoridad. Y mucho menos aún la rebelión y consiguiente uso de la fuerza cuando existe justo título de la autoridad existente, autoridad histórica y que, incluso desde el punto de vista liberal-positivista, fue refrendada también por los catalanes en 1978.

Puesto que León XIII habla también de disposiciones contrarias a la ley natural, podríase argumentar que el derecho a la auto-determinación de un territorio pertenece al derecho natural. Por el contrario, es algo que niega tanto el magisterio de la Iglesia, como el derecho positivo (ONU), salvo que se den condiciones sumamente específicas y extremas, como son la dominación colonial, que ni por asomo pueden extenderse a la situación de Cataluña, una de las regiones con mayor autonomía política y económica del mundo. Una región cuyo gobierno domina la educación, la sanidad, la policía autonómica, una parte de la política fiscal, y otras competencias políticas y económicas esenciales no puede sin avergonzarse afirmar que está sometida a un poder colonial, como quiera que tampoco existe argumento histórico alguno para dicha tesis.

Para concluir esta primera parte, diremos que el principio de sujeción que manda la doctrina de la Iglesia no debe confundirse con la adhesión a un determinado régimen. Precisamente los católicos no podemos decir demasiadas bondades del régimen del 78, y su nefasta constitución, que además de promover el separatismo que ahora se trata de combatir, niega los derechos de Dios y la Iglesia,  donde “existe una absoluta falta de referencia a los principios supremos de ley natural o divina”[2], de lo que se han derivado y se derivan graves consecuencias, como la aceptación plena de todos los principios liberales de la política, que endiosan al individuo y convierten su voluntad en fuente de ley, de manera que no puede ni podía sino esperarse una legislación activamente contraria a la familia y la moralidad pública y privada.



Es doctrina de la Iglesia la indiferencia abstracta[3] de las formas de gobierno, siempre que queden salvos los derechos de Dios y de la Iglesia, de manera que la adhesión a un determinado régimen queda en el ámbito de lo prudencial, Salvo que ese régimen, en su plasmación, sea esencialmente anticristiano, en cuyo caso la adhesión al mismo pasa a ser un pecado, y solamente puede exigirse al cristiano su sujeción al mismo, en todo lo que no contraríe los principios enunciados. Sujeción: ni más ni menos. Eso es lo que la doctrina de la Iglesia impone como deber moral básico de todo cristiano en el orden político.

Por supuesto, huelga decir que está por oír al primer católico que justifique la secesión como desobediencia a las leyes inicuas del Estado en materia moral, o que sea capaz de argumentar racionalmente que el futuro estado catalán será un estado católico conforme, ni que sea remotamente, a las exigencias de Inmortale Dei o Quas Primas. Ni una sola, ni siquiera leve mejoría, puede razonablemente preverse en materia moral respecto a los hipotéticos futuros poderes de un estado catalán independiente. Como botón de muestra, solamente cabe apuntar que la mayoría nacionalista de Cataluña ha sido la avanzadilla de determinadas leyes especialmente agresivas contra la moral natural, como pueda ser la ley autonómica Ley 11/2014, de 10 de octubre[4], la primera en España que prevé importantes sanciones para quien, en la práctica discrepe de la ideología LGTBI, o el Decreto que está ultimando la Generalitat para excluir del concierto económico a la educación diferenciada por sexos. Los motivos son puramente económicos (no entraré a discutirlos aquí), y desde luego, ideológicos y electoralistas. Es decir, voluntaristas, individualistas y tribales.

Antes de pasar a la segunda parte de esta exposición, no quiero dejar pasar el apunte sociológico acerca de la creciente popularidad de la “cultura de la protesta”. Sin duda, una reminiscencia de mayo del 68,  por eso no extraña que junto a jóvenes universitarios encontremos a personas de avanzada edad en posturas cada vez más radicalizadas acerca del “trato injusto” y la “represión” del resto de España hacia Cataluña. Un síntoma más, por cierto, de la inmadurez de las generaciones presentes que, lejos de asumir sus culpas y responsabilidades, usan como cabeza de turco a un tercero, de manera que todo lo malo que le ocurra a Cataluña siempre viene de fuera. Por otro lado, y a la vista de determinados eslóganes en los disturbios de las últimas semanas, cada vez tengo más claro que el independentismo es el caballo de troya y tonto útil de una macro-revolución neomarxista que pretende ser la estocada final a la religión, la Patria y la familia en España. ¿Es o no casualidad, más allá del interés electoralista del gobierno, que hayan coincidido en el tiempo la exhumación de Franco y la avalancha de sugerencias para la “desfranquización de España” (expulsión de los benedictinos del Valle, propuesta de tipificar en el código penal la apología del franquismo, eliminación de las últimas calles y estatuas dedicadas a Franco o sus colaboradores), y los disturbios en Cataluña? ¿No es curioso que Quim Torra, en su reunión con Pedro Sánchez de fecha 20 de diciembre de 2018, propusiera, entre otros, avanzar en la desfranquización de España (¿qué le importa eso a Torra si España es un Estado del que –dice- desea separarse)? Creo que es pronto para dictaminarlo, pero es un dato que creo que no deberá obviarse.

Además, fíjense si esta cita extraída de una revista revolucionaria chilena (planteémonos si no hay más paralelismos de lo que parece entre la situación de Chile y la de Cataluña): “Tenemos, en nuestra búsqueda por la libertad, el derecho a la violencia. Tenemos derecho a ejercer la fuerza y a rebelarnos ante un sistema injusto. Es el derecho más fundamental de todo pueblo”[5]. Si exceptuamos la referencia a la violencia, que en el caso del separatismo, no se hace de forma explícita[6], ¿no parece un discurso de Oriol Junqueras o Torra? ¿no da la impresión de que estamos ante una oleada nueva de ese derecho a la protesta que emergió en el 68 y que emplean las fuerzas revolucionarias y antipatrióticas para deconstruir las sociedades?

Pasemos ahora a la segunda parte de esta exposición, que consiste en aflorar los tópicos más recurrentes en los que un católico separatista suele apoyarse para defender la compatibilidad del separatismo con la doctrina política de la Iglesia, o en el mejor de los casos, la radical justicia de sus postulados.

ES UN PROBLEMA POLÍTICO

Es un problema político en cuanto afecta a la polis. Pero, desde este prisma, también lo son la inmigración descontrolada, la delincuencia organizada o el terrorismo. El carácter político de un problema no excluye el uso de la ley para lidiar con él. Es más, la ley es un instrumento esencial, la rationis ordinatio para atender a los problemas de la comunidad política.



Luego, siendo un problema político latu sensu, como tantos otros (y, por cierto, creado por políticos, concretamente por los suyos), eso no implica que deba resolverse prescindiendo de la ley. Eso sería precisamente una injusticia, porque implicaría hacer acepción de personas respecto a una misma conducta y unas mismas circunstancias (las que concurren en la calificación jurídica de los hechos).  Por tanto, la resolución del llamado “problema catalán”, ante la comisión de unos determinados delitos, es un problema jurídico (de aplicación del código penal, en este caso), que se ha pretendido llevar al terreno político mediante el uso de medios ilícitos, como son las sublevaciones de las masas a fin de presionar al gobierno central para que ceda a sus pretensiones. Esto tiene un nombre: chantaje. Y tiene poco de cristiano.

Aparte, el hecho de que las ilegalidades se combaten aplicando la ley, en los tribunales, y no en los despachos, implica que de lo contrario estaríamos negando la división de poderes del estado democrático que tanto preconizan. ¿O tal vez es esto (dejar en suspenso la ley para quien se haga con determinadas cotas de influencia social) un anticipo de cómo funcionaría la justicia en un hipotético estado catalán independiente?

EL REFERÉNDUM ERA DEMOCRÁTICO: ES INJUSTO Y ANTIDEMOCRÁTICO QUE EL ESTADO PROHÍBA UN REFERÉNDUM

No todo es consultable. La democracia no es un valor absoluto. El bien común opera como límite. Sobre todo porque la consulta directa basada en el voto directo está peligrosamente sujeta a la manipulación electoralista, y no solamente el derecho positivo de la mayoría de las naciones, sino también la prudencia política, aconsejan otros cauces para aplicar el principio de participación ciudadana en que se amparan los más “ilustrados” de entre los católicos separatistas.

Pero lo que es aún más grave: la voluntad de una parte del territorio, aun expresada en referéndum, y aunque ésta fuese mayoritaria, no es motivo para afrontar los graves males que comporta la secesión de una nación.

Vamos a adoptar por un momento el lenguaje y la terminología liberales, con las que por supuesto discrepamos profundamente, a los meros efectos de probar de qué manera los argumentos liberales esgrimidos por los separatistas chocan con los propios principios de la política liberal.

  • El referéndum se hizo por medios ilegales: el fin no justifica los medios. Aparte de que la democracia es algo más que el azuzamiento de la voluntad voluble de las masas cretinizadas (como diría De Prada). La ley también forma parte de la democracia y de la soberanía nacional. Parece mentira que hay que explicar a un liberal que lo que se hace contra la ley democráticamente legitimada no es democrático. Como no es nada democrático excluir a más de la mitad de los catalanes en un asunto de tan grave importancia, cosa que en su día reconocieron los principales adalides del movimiento, como Artur Mas[7].
  • Se pretendía acceder a una negociación por la vía de la fuerza, y no por la vía de la representación política, lo cual es muy poco democrático. Obviamente se actuó así porque para imponer su omnímoda voluntad, la representación independentista resulta insuficiente, al representar el Parlamento español la llamada “soberanía nacional”, y por tanto, quedar en evidencia que, aun en términos puramente liberales, la decisión sobre el futuro de un territorio corresponde a la totalidad de la nación.

LOS ACONTECIMIENTOS DE 2017 SE REALIZARON SIN VIOLENCIA. SOMOS PACÍFICOS

Al margen de que existen muchos tipos de violencia, este argumento en ningún caso convalida moralmente la actitud de desobediencia en los términos indicados en la primera parte de este trabajo. Cuando uno miente a otro, no está empleando violencia, y en cambio su actitud es moralmente reprobable. Lo mismo cuando se envidia, se estafa, se manipula, etc. Ciertamente muchas de estas acciones no tienen repercusiones penales, pero desde luego nadie puede pretenderse legitimado moralmente por el hecho de haberlas realizado sin violencia. El grave problema es la mentalidad populista que ha acogido el católico revolucionario, para el cual no existe más legitimación que la voluntad. Principio que es del todo contrario a la teología moral católica.

TODO ESTO POR UNAS URNAS…

El problema no es solamente de las urnas (que en sí ya es un quebrantamiento de la legalidad, cuando se convoca un referéndum sin autorización), sino que lo que se votaba era asimismo ilegal. Luego eran ilegales tanto los medios como el fin. Y cuando el fin es malo, los medios no lo convierten en bueno. El separatismo “pacífico” no es suficiente para legitimar el movimiento, como apunté antes.

Además de que todo lo que antecedió y sucedió al plante de esas urnas se hizo en clara y manifiesta desobediencia, tumulto social y creación de situaciones de riesgo para funcionarios públicos, y pese a las continuas advertencias de los poderes políticos y jurídicos (sin ir más lejos, los letrados de la Mesa del Parlamento de Cataluña). Y ya hemos hablado suficiente de las características de la obediencia cristiana al poder establecido.

Es más: el objeto de ese referéndum, además de ser ilegal, también resultó gravemente dañoso para el bien común: fuga de empresas, quebranto de infraestructuras, perjuicio para la imagen exterior de España, y eclosión de un espíritu de discordia dentro de la propia sociedad catalana.  Inmoralidad que se suma y que a la vez es consecuencia de la inmoralidad de la desobediencia.

SI EL ESTADO HUBIESE NEGOCIADO, SE HABRÍAN EVITADO ESTOS MALES

El independentismo (al menos aparentemente) solamente está dispuesto a negociar la forma y plazos de la secesión de una parte del territorio. ¿Por qué habría el resto de España de acomodar su voluntad a la de una pequeña parte de su territorio? Y si el independentismo no es más que una posición negociadora de partida, entonces deberán reconocer que han mentido y engañado conscientemente, y causado graves estragos al bien común para imponer su voluntad, debiendo proceder a pedir perdón y reparar los daños. Cosa que no han hecho. Secundar a quienes así actúan es, desde luego, muy poco cristiano.

El Estado (mejor dicho, los sucesivos gobiernos), llevan décadas negociando con partidos nacionalistas de todo tipo (para desgracia nuestra), por la simple razón de que el sistema electoral español infla la traducción de votos a escaños para los partidos regionales, dándoles una sobre-representación que no merecen, y que les permite emplear las Cortes como púlpito para sus continuos órdagos, y sus escaños, como extorsión para la concesión de beneficios inmerecidos a cambio de dar soporte a gobiernos de cualquiera sea su color. ¿Pretenden acaso que la mala costumbre adquirida de conseguir todo lo que piden, se prolongue hasta el infinito?. Si tanto robaba España a Cataluña, ¿por qué Pujol y sus secuaces no hicieron valer su poder parlamentario para revertir esa situación? ¿no tendrían sus votantes que exigirles responsabilidades por no haberlo hecho?



Dicho esto, vamos ahora al juicio moral. El gobierno (los sucesivos gobiernos), desde luego son responsables de no haber atajado esta situación mucho antes, pero si de algo no son responsables es de haberse negado a negociar cuando la otra parte vive de la continua amenaza. Como no fue responsable de la muerte de Miguel Ángel Blanco por negarse a transigir con las peticiones de los asesinos. Quien se salta las razonables reglas del juego no tiene derechos, ni su irresponsabilidad genera responsabilidades en terceras partes.

Tampoco vale el argumento de que todos son culpables porque ninguna de las dos partes ha sabido negociar. La política no es sinónimo de que todo se negocia. La tendencia a mercantilizar no es más que una degeneración de la auténtica política, que es la búsqueda del bien común. Y éste exige que no todo se pueda negociar. Ahora bien, cuando uno es un irresponsable maquiavélico, entonces puede negociarlo todo.

NO SOY INDEPENDENTISTA, PERO ME PARECE INJUSTA LA SENTENCIA

Es el argumento estrella, sobre todo porque puede extrapolarse al exterior de Cataluña. Conviene, a este respecto, comentar brevemente lo que dice Santo Tomás en la Summa Theologica a propósito de la sedición: “la sedición, por el contrario, se produce, propiamente hablando, entre las partes de una muchedumbre que discuten entre sí; por ejemplo, cuando un sector de la ciudad provoca tumultos contra el otro. Por eso, dado que la sedición se opone a un bien especial, a saber, la unidad y la paz de la multitud, es pecado especial”.«El pecado de sedición recae, primera y principalmente, sobre quienes la promueven, los cuales pecan gravísimamente; después, sobre quienes les secundan perturbando el bien común».

Luego, quedando patente que se trata de un desorden moral grave, especialmente para quienes lo promueven, lo que sería injusto es que el código penal no reconociera, con penas también graves, este delito que afecta tan sensiblemente al bien común en sus diversas vertientes. Ni que decir tiene, por otro lado, que los huelguistas y “cortadores” de vías de comunicación encajan perfectamente en la descripción respecto de quienes “lo secundan perturbando el bien común”.

LA PRISIÓN NO ES LA SOLUCIÓN

Desde luego, no es la solución. Tampoco es la solución para acabar con los ladrones, los violadores ni los asesinos. Es la consecuencia natural de los actos subversivos realizados. Y al mismo tiempo cumplen la función preventiva y retributiva que el derecho penal clásico da a las penas.

Pero, ¿alguien se cree que absolviendo a los sediciosos, sin perjuicio de la injusticia que ello representaría, contribuiría en algo a resolver la situación? El nacionalismo es una máquina de guerra contra el Estado y una máquina de chantaje permanente. Al contrario, una hipotética absolución tan sólo serviría, vistos los precedentes, para levantar una ola de euforia que sirviera de base para ulteriores reivindicaciones injustas. Los españoles tenemos derecho a que se nos proteja de los atentados al bien común. A castigar a quienes los perpetran y a tomar las medidas necesarias para que, ni ellos ni otros, las vuelvan a perpetrar.



Repito, lo que es una injusticia es pretender alterar las normas del juego para unos cuantos solamente por el hecho de que han adquirido la capacidad de hacer mucho ruido. Eso siempre y cuando se asuma que se ha cometido un delito, y la gravedad del mismo. Porque cuando se pretende tapar el sol con un dedo, entonces cualquier intento de raciocinio se vuelve inviable.

Dicho lo anterior, creo sobradamente probado que, ni estamos ante una cuestión de política práctica opinable, ni puede legitimarse moralmente que un católico secunde este movimiento sedicioso. Ya que los pastores no lo dicen, que lo digamos los laicos. Que nadie diga que no se escribió. Ahora, a trabajar la conciencia.


[1] Eminente teólogo y tratadista derecho público que prefirió mantenerse en el anonimato. Publicado en el nº 27 del tomo V de la revista acción española.

[2] Cardenal Don Marcelo González Martín, Instrucción Pastoral del 28 de noviembre de 1978, instrucción pastoral ante el referéndum de la Constitución

[3] Sin analizar la tradición histórica de naciones concretas.

[4] Ley 11/2014, de 10 de octubre, para garantizar los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia

[5] http://revistadefrente.cl/nuestro-derecho-a-la-violencia-revolucionaria/

[6] Aunque sí implícita, como demostró Torra con su famoso “feu bé d’apretar” dirigido a los terroristas del CDR.

[7] La última, el 7 de julio de 2019, donde abogó por la necesidad de una mayoría independentista “clara y definida”.

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Javier de Miguel

Javier de Miguel

Javier de Miguel (Granada, 1984), actualmente residente en Gerona, casado y padre de cuatro hijos. Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Ramon Llull, y Máster en Tributación y Asesoría Fiscal por el Centro de Estudios Financieros. Actualmente cursa los grados de Derecho y Sociología en la UNED. A su carrera profesional como asesor fiscal (desde 2007) une una década de estudios privados sobre la Doctrina Social de la Iglesia, especialmente aquellos relativos a la filosofía y organización económica en clave cristianas, especialmente en lo que compete a la refutación de las tesis liberales, tanto en el campo teórico como praxeológico. También acostumbra al estudio asiduo de las infiltraciones de la filosofía moderna en otros campos distintos de la economía, como la Teología, el Derecho, la política y la pedagogía.
En el ámbito de colaboraciones editoriales, es articulista colaborador de las revistas Verbo y Reino de Valencia.

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