Para comprender el origen de esta protesta, debe tenerse en cuenta que el artículo 21 de la Constitución de Costa Rica estipula que “la vida humana es inviolable”. Al ser cuestionado por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, el delegado costarricense declaró en 2007: “Costa Rica sigue estando convencida de que la vida inicia desde la concepción”.

Sin embargo, desde 1970, el artículo 121 del Código Penal autoriza excepcionalmente la interrupción voluntaria del embarazo (aborto) si la vida o la salud de la madre están en peligro, bajo tres condiciones: el aborto debe realizarse con el consentimiento de la mujer, por un médico o partera autorizados, y cuando el riesgo para la vida o la salud de la madre no se pueda tratar por otros medios. Además, el artículo 93 permite a un juez absolver a una persona condenada por haber realizado un aborto en dos casos: si el embarazo atentaba contra el honor o si era resultado de una violación.

Debido a la falta de un decreto de implementación, esta despenalización no se aplicaba. Dos mujeres presentaron una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2013 y 2015. El nuevo gobierno elaboró una orden, cuyos términos aún se mantienen en secreto, para aplicar el artículo 121. Se trata, pues, de la despenalización del aborto en las circunstancias establecidas en este artículo, un primer paso antes de otras medidas progresivas.

Este ataque a la vida humana provocó una fuerte movilización para oponerse a la decisión del gobierno, con el apoyo de los obispos del país.

“Como pastores de la Iglesia costarricense, deseamos una vez más unirnos a todas las iniciativas de los ciudadanos que trabajan diligentemente para defender la vida humana, especialmente la vida por nacer”, declaró la Conferencia Episcopal de Costa Rica, en un comunicado emitido el 13 de noviembre de 2019.

Los obispos reafirmaron que “la vida humana es sagrada e inviolable” y que el derecho a la vida “no puede estar sujeto a ningún factor económico o ideológico”. Por consiguiente, hacen pública su “enérgica oposición a cualquier ataque directo a la vida”, recordando que en la doctrina de la Iglesia, “el aborto y el infanticidio son crímenes abominables”. Según los organizadores, la marcha del 1 de diciembre fue un éxito.

El presidente de centro-izquierda, Carlos Alvarado Quesada, fue elegido en 2018 gracias a su programa para despenalizar el aborto y legalizar las uniones civiles no naturales. Pero la voz de la Iglesia católica todavía sigue escuchándose en Costa Rica: el artículo 75 de la constitución estipula que “la religión católica, apostólica y romana es la religión del Estado, lo que contribuye a su permanencia”. El 85% de los cinco millones de costarricenses son católicos, el 13% protestantes.