El Estado, en España, se ha convertido en el problema, no en la solución, según Alt News
Alt News, es el espacio radial de Radio Cadena Española que conduce y dirige Santiago Fontela y en el que colabora el director de Alerta Digital, AD, Armando Robles. En dicho espacio se ha manifestado que España es ya un Estado fracasado a causa de sus tres principales problemas: Cataluña, el Ejército y Marruecos.
Robles se ha mostrado muy crítico con la situación española, como consecuencia según él del fracaso del Estado, “en manos de unas instituciones ineptas y corruptas que han mentido, despilfarrado, prevaricado, traicionado y cometido tantos errores y abusos que han convertido España en una nación conflictiva, privada de futuro y habitada por una población cobarde, cretinizada y sin apenas resortes defensivos.” Todo con tal de que Sánchez pueda seguir disfrutando del poder.
Los factores causantes de dicho fracaso, según su consideración son los partidos políticos (Franco estaría muy de acuerdo), la Iglesia y el Ejército.
Los partidos políticos preocupados por su situación en el entramado político, brujulean en su actuación para no perder pie en el barómetro que mide su interés en el sentir de los votantes y para nada en el de España. Esto en el mejor de los casos. Los demás, participan de una rebatiña política, de manera que España se ve manejada por gente ligada a ese “lumpen” del que en alguna ocasión habló Pablo Iglesias, o quizás peor, porque éstos a los que nos referimos, no les importa destruir a seres humanos con su narcotráfico, con tal de conseguir dinero y poder del que los partidos españoles afines, piensan beneficiarse. Otros, los independentistas, por un lado, y el que en la actualidad ostenta la representación del partido que presume de 150 años de honradez (de cuya honradez de sus miembros solo se salvaría, quizás, Julián Besteiro); ambos lo que pretenden es la balcanización de España; los independentistas para conseguir su estado republicano independiente y el PSOE porque pretende ganar la guerra que en el 36 perdió y los dos siguiendo las directrices que les marcan sus hermanos de fraternidad.
En cuanto a la actitud de la Iglesia, hay que convenir lo mucho que, sus altos cargos, en general, vienen decepcionando, no solo a los feligreses, sino al pueblo en general. Se le acusa de haber “permitido que se caricaturice el cristianismo y que la Navidad se haya transformado en una fiesta laica, al servicio de intereses en las antípodas de los valores defendidos por Jesús”. Consienten en no celebrar misas funerales por el alma de un difunto si éste no es del agrado de las izquierdas; últimamente se ha denegado en Sevilla una Eucaristía por los niños abortados que en el caso de España, según las leyes abortistas ya han dejado un reguero de más de dos millones de cadáveres. Los nasciturus naturalmente carecían de ideología, pero es igual, la jerarquía suprime la misa para no molestar a los abortadores. Además, los cristianos, el Pueblo de Dios, han permitido que se celebre la Navidad sin que Jesús sea el gran protagonista. Esto es tan absurdo como celebrar un cumpleaños y olvidarte del que cumple años ¿Se podría hablar de connivencia de la jerarquía eclesiástica, o al menos, de cobardía por no defender sus valores cristianos ante unos políticos, cuando menos, laicos? Quizás, porque esta actitud está muy en consonancia con las presiones que ejercen aquellos que están empeñados en destruir la Iglesia.
Respecto al Ejército, contra el que carga con fuerza el citado digital lanzándole los más duros epítetos, no menciona las restricciones a que están sometidos, como es que no pueden organizar ni participar en reuniones o manifestaciones de carácter político o sindical vistiendo el uniforme o haciendo uso de su condición de militar; deben mantener la neutralidad política según la Ley, y no podrán fundar ni afiliarse a partidos políticos. Tampoco puede ejercer el derecho de sindicación y por tanto tiene prohibido fundar un sindicato, afiliarse a uno o realizar actividades sindicales.
Parece lógico que entre sus prohibiciones figure la de difundir información obtenida o hacer uso de ella en beneficio propio o de terceros en perjuicio del interés público, tampoco les está permitido participar en asociaciones de carácter lucrativo, ni vestir el uniforme militar fuera de servicio, claro que esto el pueblo lo ha aceptado, primero por la masiva propaganda en contra realizada por las izquierdas (los “uniformados” –militares, policía, guardia civil− eran “espadones” decimonónicos dispuestos a actuar contra el inocente pueblo) y por la actuación asesina de los etarras[1] que, durante unos años tuvo verdadera fijación contra los miembros de las Fuerzas Armadas.
El militar está obligado a mantener una exquisita neutralidad política (Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio). A veces, al pueblo se le olvida esta obligación y, aunque en círculos pequeños y familiares, se dice que deberían, al menos, levantar la voz en defensa de España, no recuerdan que cuando alguno lo ha hecho, el poder lo ha machacado. Así ocurrió con el teniente general Mena por un discurso en el que apostaba por la actuación del Ejército si el Estatuto de Cataluña sobrepasaba los límites: “Si esos límites fuesen sobrepasados, lo cual en estos momentos afortunadamente parece impensable, sería de aplicación el artículo octavo de la Constitución: las fuerzas armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad, y el ordenamiento constitucional”. Fue inmediatamente destituido de su empleo como Jefe de la Fuerza Terrestre del Ejército de Tierra, en Consejo de Ministros ordinario «a petición» del Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), Félix Sanz Roldán, por “pérdida de la confianza para el cargo”. A estas sanciones siguió su cambio de situación administrativa, tramitándose de oficio su pase a la reserva. Naturalmente ningún otro militar se atreve a expresar la más mínima objeción estando en activo aun cuando ya no se trata de un supuesto como decía el teniente general, sino en un hecho confirmado, juzgado y condenado, pero ahí está el jefe de gobierno trastocando la ley para que queden rozando la impunidad. De modo que los militares esperan, valientemente su pase a la reserva para poder manifestarse como cualquier otro español puede hacer[2], al menos, de momento.
Entre los factores del fracaso del Estado, omite Alt News mencionar a la Justicia, la que olvidándose del papel fundamental que le proporciona ser uno de los tres pilares fundamentales del Estado, se pliega a los deseos del poder de turno, si bien, que se sepa, siempre ha sido siguiendo las directrices del PSOE. Ya, desde la época del ahora considerado buen gobernante, Felipe González,−otro vendrá que bueno te hará, dicen los gallegos y se ha cumplido− permitió las “alegrías” de Alfonso Guerra cuando sus actuaciones en el ámbito judicial le llevó a admitir con cierto orgullo: “Montesquieu ha muerto”. Después con Zapatero, la ignominia aumentó. Destituyó al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño Bringas porque, en uso de la libertad que este creía tener, dijo en una entrevista:”Soy partidario de la cadena perpetua y de prohibir los partidos separatistas. Una minoría nacionalista no tiene por qué influir en el resto de España”. La “misericordina” de la que presumen solo la utilizan con los suyos; también los ascensos, así que Zapatero aprovechó para nombrar a Cándido Conde Pumpido quien sin rubor alguno afirmó que en la actuación de la judicatura en general, las togas se deben manchar con el polvo del camino; es decir, que la justicia debe adaptarse a la situación política y por lo tanto, será coyuntural y caprichosa según el momento y a quien deba aplicarse.
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El 2006 trajo el vergonzoso caso Faisán con el que varias togas quedaron embarradas y más de un cargo político metido hasta el cuello. Se trató de un chivatazo que se produjo sospechosamente en el momento en el que Rodríguez Zapatero estaba negociando con la banda terrorista ETA. De hecho, el día de la delación, recibía en La Moncloa al que fuera líder del PNV, Josu Jon Imaz, quien le trasladó el apoyo de su formación y del de ETA[3].
Y continuó la intromisión del gobierno en la judicatura. El Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, afirmó en el programa El Contrapunto, en ABC Punto Radio:«yo no me mancho la toga nada más que con el principio de legalidad y de imparcialidad» después de dimitir de su cargo decepcionado y con sensación de derrota tras la decisión de la Audiencia Nacional de excarcelar al etarra Uribetxeberria Bolinaga en contra de los argumentos esgrimidos por la fiscalía.
Así que a nadie puede extrañar que con la personalidad del ególatra Sánchez la jugada vuelva a repetirse. Ya lo hizo en el juicio contra el independentismo catalán presionando a jueces y a la Abogacía del Estado. La Fiscalía se mantuvo firme, por eso el tema continúa. Conseguidos los votos del PNV a pesar de la humillación de Ortúzar a los españoles[4], vuelve a presionar a la Abogacía para conseguir los votos de ERC. El informe de la Abogacía del Estado plegándose a los deseos de Pedro Sánchez y de ERC ha provocado toda una rebelión en el seno de este cuerpo de funcionarios. Dos consejeros han dimitido de sus puestos en la Asociación de Abogados del Estado y un manifiesto corre en estos momentos recopilando firmas para cerrar una postura y un frente común ante el abuso e injerencia del Gobierno en sus actuaciones. En definitiva, La Abogacía se pliega al separatismo: pide que Junqueras pueda ejercer de eurodiputado porque ese gesto del Gobierno a través de los letrados del Estado, es esencial para que ERC apoye a Sánchez en la investidura.
Esencial pero no único porque ERC, sabiendo la debilidad y los pocos escrúpulos de Sánchez, le exige más, nada menos que un referéndum encubierto pactado entre el PSOE y ERC a cambio de la investidura de Pedro Sánchez para que sólo Cataluña vote sobre los acuerdos que salgan de la mesa de diálogo entre el Gobierno central y la Generalidad.
No es de extrañar que, ante tamaña felonía, los partidos constitucionalistas se hayan puesto inmediatamente de acuerdo a pesar de que la fecha escogida para soltar la bomba, ha sido la de fin de año; naturalmente, escogida con intención para pillar a la ciudadanía desprevenida con la cena, las uvas y el cotillón. A pesar de ello, los líderes de los tres partidos alertan por las redes sociales contra las consecuencias de una medida desvelada por ERC que habría precipitado la convocatoria del Pleno de investidura para elegir como presidente a Pedro Sánchez, pero se olvidan de la promesa que en el mismo sentido ha hecho al PNV.
El líder del PP, Pablo Casado, ha acusado a Sánchez de “consumar la traición a España” y ha advertido de que su partido “responderá con firmeza”.
Desde Vox, su presidente, Santiago Abascal, habla sin tapujos de “golpe de Estado” y advierte de que “todos los culpables, antes o después, rendirán cuentas ante la soberanía del pueblo español”. “Los residentes en Cataluña (como los residentes en Teruel) no pueden votar algo que afecte a todos los españoles”.
La portavoz de Cs, Inés Arrimadas, sigue apelando al PSOE para que “frene a Pedro Sánchez” o de lo contrario, advierte, “la igualdad de todos los españoles se quebrará aún más”. “Esta cesión al separatismo es un atropello inédito y absolutamente intolerable: no se puede decidir qué es España sin contar con el conjunto del pueblo español”.
De modo que, ante la pasividad de aquellos que están obligados a defenderla, si Dios no nos ayuda, este gobierno que orgulloso se dice progresista, nos hará retroceder a los tiempos previos a la guerra civil de 1936-39 por un nuevo frentepopulismo compuesto por traidores y narcotraficantes[5] decididos a ganar lo que no pudieron entonces, para así instaurar una dictadura comunista presidida por un nuevo matrimonio Ceaucescu.
[1] La IV Asamblea de ETA se inició en agosto de 1965 en la Casa de Ejercicios Espirituales de los jesuitas de Loyola de la localidad guipuzcoana de Azpeitia y continuó en una cabaña de las campas de Urbía, lugar próximo al Santuario de Aránzazu, al ser sorprendidos algunos delegados del exilio de camino a la primera sede. En esta asamblea se aprobó definitivamente el uso de la violencia armada como una de las formas de acción habituales de la organización. También se aprobó el uso de la violencia para conseguir fondos económicos. Su primer atraco a mano armada tuvo lugar en la localidad guipuzcoana de Vergara el 24 de septiembre de 1965 y en 1968 asesinaron al guardia civil José Antonio Pardines Arcay en un control de carretera en Villabona (Guipúzcoa). Han pasado casi 50 años, 3.500 atentados, 7.000 víctimas y 864 muertos, de los cuales quedan 231 asesinatos sin resolver. El último asesinado por ETA fue el policía francés Jean-Serge Nerin, muerto en un tiroteo con los terroristas el 16 de marzo de 2010.
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[2] De modo que cuatro militares retirados entre los que se encuentran dos firmantes de la carta profranquista suscrita el pasado verano por centenares de mandos, la mayoría jubilados, en la que se ensalzaba la «figura militar» de Franco y se justificaba el golpe de Estado de julio de 1936, han dado un paso al frente para defender a España desde las filas de VOX. Se trata del general de División de Infantería de Tierra Alberto Asarta y del general de brigada de Infantería de Marina Agustín Rosety Fernández de Castro, que serán cabezas de lista al Congreso por Castellón y Cádiz, respectivamente. También formará parte el teniente general del Ejército del Aire retirado Manuel Mestre Barea, que será el cabeza de lista al Congreso por Alicante, y Fulgencio Coll, que fue Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra y será candidato a la alcaldía de Palma en coalición con Actúa.
[3] Fue reabierto el expediente en 2017 por el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata tras desvelarse que existía un informe policial sobre el chivatazo, que apuntaba nuevas responsabilidades, y que no había sido evaluado por la Justicia. El informe fue elaborado por la Brigada de Casos no Resueltos, disuelta después de haber sido puesta en marcha por el anterior equipo policial. El juez de la Mata requirió a Interior ese informe que, tras una complicada búsqueda, fue localizado y enviado. Se explica el afán de ocultación del informe porque en él aparecían como posibles implicados, importantes responsables políticos de aquella época, del equipo que entonces dirigía Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro del Interior del momento.
Tres jueces trabajaron en este asunto: El primero, Fernando Grande-Marlaska, actual ministro del Interior; después fue Baltasar Garzón y luego Pablo Ruz. En este momento el juez de la Mata sigue investigando y estudiando el casi un millar de documentos clave remitidos por la ex juez antiterrorista francesa Laurence Le Vert a la Audiencia que demostraban que el chivatazo estaba motivado por la negociación de Zapatero con ETA.
[4] Andoni Ortuzar, del PNV: “Luego querrán que los vascos se sientan españoles… ni por el forro”
[5] Cuatro agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO), una unidad de élite de la Policía Nacional de España, fueron protagonistas de un escándalo a la entrada de la residencia de la embajadora mexicana en La Paz, donde se encuentran los asilados del gobierno de Morales, algunos implicados en tráfico de drogas y, al parecer, de entrega de dinero a personajes importantes del grupo asociado al PSOE. Vox, según EldistritoTV, cree que este escándalo en Bolivia puede ser el primer pago de Falconetti a los comunistas.
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