España defiende “el derecho a la presunción de inocencia, al debido proceso, a la asistencia letrada, a la igualdad ante la ley y a no sufrir torturas o tratos degradantes”, en un marco de “respeto a los principios básicos del Estado de Derecho y a los derechos humanos”.
Esta declaración del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del 19 de febrero bien podría estar dedicada al régimen de Marruecos, que mantiene en sus cárceles en condiciones deplorables a medio centenar de presos políticos saharauis con penas de hasta cadena perpetua, condenados en juicios en los que se conculcaron los principios que proclama el departamento del que es titular Arancha González Laya.
Pero no, el comunicado de Exteriores fue para acoger “con satisfacción” la liberación de dos opositores en Guinea Ecuatorial después de varios meses en prisión “en situación precaria”. Un comunicado más de los que el ministerio emite para mostrar la preocupación y la condena del Gobierno de España ante las agresiones a los Derechos Humanos, atentados… que se producen en cualquier parte del mundo, pero nunca si ocurren en el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos,
Cuatro días después del comunicado la ministra González Laya se apresuró a decir por Twitter que la reunión mantenida por el Secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez -segundo del vicepresidente Pablo Iglesias– con la ministra saharaui de Asuntos Sociales y Promoción de la Mujer, Suilma Beiruk, no representa la posición del Gobierno de España, que no reconoce a la RASD (Republica saharaui). Había que contentar a su homologo marroquí, Nasser Bourita, que había protestado por la reunión en una clara injerencia en la política española.
El rápido afán de González Laya por no contrariar a Marruecos está en línea con la política que practicó como titular de Exteriores, y que ahora ejerce como jefe de la diplomacia europea Josep Borrell. Como ejemplo, la decisión que tomó la Mesa del Congreso de los Diputados, con los votos del PSOE y del PP, de rechazar en noviembre de 2018 la celebración en la sede de la soberanía nacional de una conferencia sobre el Sáhara, basándose en un informe del Ministerio que dirigía Borrell en el que se advertía que podían salir perjudicadas las relaciones con Marruecos. Parlamentarios de los demás grupos lo calificaron como un acto de cobardía.
Tras la injerencia marroquí apareció Pablo Iglesias, vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales, que, según tituló Europa Press, asumió la postura de Exteriores sobre el Sáhara, para decepción de saharauis y solidarios con la causa. Quien en su día se refirió a los saharauis como “nuestros hermanos que no serán abandonados” declaró que la postura de España sobre el Sáhara la marca el Ministerio de Asuntos Exteriores y restó importancia a la reunión de su secretario de Estado “con el Frente Polisario” diciendo que la organizó la ONCE y que sólo tenía como objetivo una colaboración con personas invidentes. La realidad fue que la Secretaría de Estado publicó en Twitter que Nacho Álvarez se reunió con “la ministra saharaui”, a la que expresó su compromiso y solidaridad con el pueblo saharaui, mensaje que después desapareció.
La Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (CEAS-Sáhara) estimó que el vicepresidente Iglesias podía, al menos como Unidas Podemos, “haber aclarado y recordado la injusticia que se está cometiendo hacia este pueblo desde hace mucho tiempo, y en donde el Estado español sigue siendo responsable de esta violación permanente de los Derechos Humanos”.
Cuando Iglesias defendió la causa saharaui
A esa injusticia se refirió Iglesias en noviembre de 2014 en la 39 Conferencia Internacional de apoyo al pueblo saharaui (EUCOCO), celebrada en Madrid . En su intervención hizo un llamamiento a la comunidad internacional, especialmente a la UE y al Gobierno español, “para que asuma su responsabilidad” y exigió que “se cumpla la legalidad y los derechos”. “Marruecos está invadiendo territorio colonial español, explotando ilegalmente sus recursos”, afirmó y añadió; “Nosotros nacimos precisamente para ser una herramienta que convierta la dignidad, la legitimidad y la justicia en un cambio político”, y concluyó con un ¡Viva la lucha del pueblo saharaui!
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Las publicaciones sobre temas saharauis recordaron el compromiso electoral de Unidas Podemos de apoyar “con acciones concretas” el derecho a la libre determinación del pueblo saharaui y establecer “relaciones diplomáticas de alto nivel” con la RASD.
La violación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos la recordó días pasado en Ginebra, en la 43 sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Aminetu Haidar, la activista a la que Pablo Iglesias aplaudió en Madrid en la EUCOCO y en la que el líder de Podemos se comprometió a hacer suyas las reivindicaciones del pueblo saharaui.
La Premio Nobel Alternativo 2019 citó algunos de los métodos del régimen marroquí contra ciudadanos saharauis: “tortura, tratos crueles y degradantes, detención arbitraria, acusaciones falsas, expulsión del trabajo, deportación forzada a las ciudades de Marruecos y difamación por parte de la prensa marroquí”.
Aminetu Haidar agregó que las violaciones se producen en un momento en el que “el acceso de los observadores internacionales al territorio ocupado es imposible”, y lo dijo el 28 de febrero, el mismo día en que Marruecos impidió la entrada en El Aaiún a una comisión de parlamentarios catalanes y tres días después de la expulsión de una observadora del Consejo General de la Abogacía Española.
La siguiente relación, para conocimiento de la ministra González Laya y recordatorio del vicepresidente Iglesias, recoge algunas de las violaciones de los DDHH cometidas en el Sáhara Occidental ocupado y en cárceles marroquíes con presos políticos saharauis en febrero de 2020, según datos de organizaciones sociales y medios de información saharauis.
Este artículo fue publicado por primera vez en Contramutis.
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