Tras un tenso Consejo de Ministros (escenario de desarrollo de una enésima lucha de poder entre intervencionistas de PSOE y de PODEMOS sobre las medidas y los puestos de responsabilidad a asumir) y un bucle iterativo de esperas, anoche, Pedro Sánchez anunció la declaración del Estado de Alarma.

Bajo el pretexto del freno de la propagación de la pandemia del coronavirus (CoV-2019), se anunció una batería de medidas que ha entrado en vigor esta misma madrugada, por medio de un decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que en principio se aplicaría durante 15 días.

No obstante, el establecimiento específico de medidas de intervención económica no se decretará hasta que concluya el Consejo de este próximo martes día 17. Esta “demora” se debería, en un principio, a la divergencia de criterios entre Nadia Calviño (presuntamente partidaria de un intervencionismo menos agresivo) y Pablo Iglesias.

Tanto el presidente como cuatro ministros (Grande-Marlaska, Salvador Illa, Margarita Robles y José Luis Ábalos) asumirán la responsabilidad absoluta de todas esas medidas contempladas (en teoría, sin marcar excepciones para gobiernos autonómicos como el catalán y el vasco).

Esto era lo que ya “quedaba pendiente” tras la toma de decisiones que a lo largo de la semana han ido haciendo distintos gobiernos autonómicos (aunque de cara a las marchas del aquelarre feminista y revolucionario, no se daba importancia a nada; igual “precaución” era un término tabú.

Eso sí, si bien no se va a proceder a exponer el contenido íntegro del documento publicado en el BOE, sí que se analizarán, a lo largo del presente ensayo, algunas de las medidas contempladas, a modo de incurrir en un análisis crítico que permita que la sociedad se mantenga activa y vigilante.

Ocasión perfecta para seguir estrangulando a la sociedad

Que la acción humana está llamada a tomar medidas para frenar la expansión de este coronavirus y tratar de “erradicarlo” es algo de sentido común, de una lógica eminentemente básica. Hay que hacer algo entonces, pero se puede debatir sobre el qué, el cómo y el cuando.

Conviene que como sociedad seamos responsables, tanto por nosotros mismos como por los demás (dejándonos guiar por la premisa moral del “bien común”), en cuanto a la prevención de la expansión por vías aéreo-ambientales de este peligroso patógeno -cuyo origen podría no ser tan accidental como dicta la “versión oficial”.

Podemos adoptar las necesarias medidas de higiene personal (en torno a la desinfección) tanto sobre nuestro propio cuerpo como con los demás y en lugares cuya responsabilidad gestora recaiga sobre nosotros. También el “resguardarnos” si desarrollamos síntomas y el ser cautelosos si hemos estado con algún contractor.

Pero se ha preferido ir confiando todo a los burócratas de ese artificio problemático llamado Estado, renunciando a la responsabilidad de cada cual, aparte de destacar por lo que se considera “sensación de falsa inseguridad”, por lo que se puede renunciar fácilmente a nuestra libertad (que no “irresponsabilidad” de por sí).

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El Estado actúa tarde, pero, como de costumbre, mal

Una considerable proporción de la opinión pública sostiene que la adopción de estas medidas ha sido especialmente tardía (la presión también se ha disparado al contrastar con la presunta celeridad de maniobra que demostró la presidenta autonómica madrileña Isabel Díaz Ayuso).

Pero, además, no ha sido efectiva, ya que en vistas de lo que podía ocurrir, determinados flujos de viajeros (interesados en aprovechar bien para irse de vacaciones a algún retiro o incurrir en una “vuelta a casa”). Pero no serán esos los únicos problemas de esa planificación centralizada que tiende a fallar.

Enunciaremos, a continuación, algunas de las medidas contempladas en ese decreto:

• Impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento del mercado y el funcionamiento de los servicios de los centros de producción afectados por el desabastecimiento de productos necesarios para la protección de la salud pública (artículo 13.a)
• Intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, incluidos los centros, servicios y establecimientos sanitarios de titularidad privada, así como aquellos que desarrollen su actividad en el sector farmacéutico (artículo 13.b).
• En los servicios de transporte público de viajeros por carretera, ferroviarios, aéreo y marítimo que no están sometidos a contrato público u obligaciones de servicio público (OSP), los operadores de transporte reducirán la oferta total de operaciones en, al menos, un 50% (artículo 14.2.a).
• Durante la vigencia del estado de alarma las personas únicamente podrán circular por las vías de uso público para la realización de actividades como la adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad, la asistencia a centros sanitarios, el desplazamiento laboral, el retorno a la residencia, la asistencia a ancianos, menores, discapacitados o enfermos, operaciones bancarias financieras, motivaciones de fuerza mayor o cualquier otra actividad de análoga naturaleza (artículo 7.1)
• Requisas temporales de todo tipo de bienes necesarios (artículo 8.1).
• La asistencia a los lugares de culto y a las ceremonias civiles y religiosas, incluidas las fúnebres, se condicionan a la adopción de medidas organizativas consistentes en evitar aglomeraciones de personas, en función de las dimensiones y características de los lugares, de tal manera que se garantice a los asistentes la posibilidad de respetar la distancia entre ellos de, al menos, un metro (artículo 11).
• [No especificado en el texto legislativo, pero sí mencionado grosso modo en la rueda de prensa de la pasada noche] Medidas económicas posiblemente orientadas a la inyección de liquidez, el incremento de los niveles de endeudamiento, la elevación de la presión fiscal y una mayor rigidez del mercado laboral.

Todo este confinamiento puede resultar en una catástrofe económica (al alterar los entornos por medio de los cuales una sociedad trata de satisfacer sus necesidades, intercambiando bienes y servicios, pese a lo vulnerado que está a día de hoy el principio de subsidiariedad).

Muchos trabajadores autónomos y establecimientos del entorno de las pequeñas y medianas empresas sufrirán pérdidas económicas (máxime dada la alta fiscalidad), mientras que incluso empresas de mayores dimensiones (no solo del sector hotelero) podrán verse abocadas a reducir ofertas de empleo o prestaciones salariales.

Incluso podría haber algún problema de desabastecimiento (o cualquier incidencia similar en cuanto a la distribución). Hace un mes se intentaba regular el precio de los productos agrícolas, omitiendo la importancia del eslabón de distribución. Pero es que ya antes había centenares de alertas de problemas de suministro de medicamentos.

Solo ganará lo que venga a involucrar el teletrabajo así como otras prestaciones y servicios telemáticos (pese a las trabas burocráticas de distinta índole). Pero la reflexión a cuyo llamamiento se está procediendo no ha de limitarse a un mero utilitarismo economicista.

La cuestión es ser cauteloso dado que lo que se esté adoptando para contrarrestar una pandemia desde determinadas esferas (en vez de dejar hacer a una sociedad responsable y eliminar trabas a centros sanitarios e industrias farmacéuticas) puede ser ocasión perfecta para aplastar a la sociedad en fortalecimiento del Estado moderno.

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