Un informe de ONU Derechos Humanos denuncia la explotación y abuso graves de niños y comunidades indígenas en el país, donde está en auge la extracción de oro. El documento también aborda la situación de la independencia judicial en el país de la que concluye se ve considerablemente socavada debido, entre otras causas, a la inseguridad en la titularidad de los jueces y fiscales y la falta de transparencia en el proceso de su designación.
La explotación laboral y la violencia que sufren los niños y las comunidades indígenas que trabajan en las minas de oro en Venezuela junto con el socavamiento de la independencia del sistema judicial en el país son las dos principales conclusiones de un informe dado a conocer este miércoles por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El informe de Michelle Bachelet, que se presenta a los 47 estados miembros del Consejo de Derechos Humanos, describe cómo los grupos criminales, conocidos localmente como “sindicatos”, ejercen el control sobre una gran cantidad de operaciones mineras en el Arco Minero del Orinoco.
Los grupos criminales mantienen su presencia y actividades ilegales en las minas a través de un sistema de corrupción y soborno que incluye pagar a los comandantes militares.
“Deciden quién entra o sale de las zonas mineras, imponen reglas, aplican castigos físicos crueles a quienes infringen dichas reglas y sacan beneficios económicos de todas las actividades en las zonas mineras, incluso recurriendo a prácticas de extorsión a cambio de protección”, dice el informe.
El documento detalla cómo los grupos mantienen su presencia y actividades ilegales en las minas a través de un sistema de corrupción y soborno que incluye pagar a los comandantes militares.
Debido a la crisis económica y la falta de oportunidades laborales en Venezuela, la migración interna hacia la región minera ha aumentado dramáticamente en los últimos años, con trabajadores que se dedican a la mano de obra informal para llegar a fin de mes para ellos y sus familias.
Los mineros trabajan turnos de 12 horas, descendiendo en pozos profundos sin ninguna protección. Se les exige que paguen alrededor del 10 o el 20% de lo que obtienen a los grupos criminales que controlan las minas, y de un 15 a un 30% adicional al propietario del molino donde se trituran las rocas para extraer oro y otros minerales.
Las mujeres también están involucradas tanto en la minería como en otros trabajos relacionados. Varias personas entrevistadas para el informe sugieren que desde 2016 ha habido un fuerte aumento de la prostitución, la explotación sexual y el tráfico en las áreas mineras, incluso de adolescentes.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU también recibió informes de que niños de tan solo nueve años trabajan en las minas.
IOM/Muse MohammedAnte la falta de empleo, muchas personas emigran hacia el Arco Minero del Orinoco para tener un trabajo.
Palizas, disparos, amputaciones y asesinatos
Los entrevistados informaron que castigos severos se infligen a aquellos que no cumplen con las reglas impuestas por los grupos criminales: además de palizas severas, tales castigos incluyen recibir un disparo en las manos, o tener una mano cortada, así como asesinatos.
Los relatos de testigos describen cómo los cuerpos de los mineros a menudo son arrojados a antiguos pozos mineros. La violencia también proviene de disputas sobre el control de las minas.
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Sobre la base de un análisis de fuentes abiertas, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU identificó 16 de este tipo de disputas en los últimos cuatro años que supuestamente causaron unas 149 muertes. Presuntamente, las fuerzas de seguridad estuvieron involucradas en algunos de estos incidentes.
“A pesar de la considerable presencia de fuerzas militares y de seguridad en la región, y los esfuerzos realizados para abordar la actividad criminal, las autoridades no han podido investigar y llevar a juicio las violaciones de los derechos humanos, los abusos y los delitos relacionados con la minería”, dijo Bachelet.
Tomar medidas e investigar
La Alta Comisionada agregó: “Las autoridades deberían de tomar medidas inmediatas para terminar con la explotación laboral y sexual, el trabajo infantil y la trata de personas, y deberían desmantelar los grupos criminales que controlan las actividades mineras. También deberían investigar, enjuiciar y castigar a los responsables de crímenes y violaciones de derechos humanos”.
Las condiciones de vida en las zonas mineras son pésimas, sin agua corriente, electricidad ni saneamiento. Los pozos de agua estancada y contaminada como resultado de la minería, son lugar de cultivo para los mosquitos, provocando un aumento de los casos de malaria en la región, que afecta no solo a los trabajadores migrantes sino también a las comunidades indígenas.
Ambos grupos también se ven gravemente afectados por el envenenamiento por mercurio. El mercurio se usa ampliamente en la región para separar el oro de otros minerales, y los trabajadores y las personas que viven en la zona respiran los gases tóxicos creados durante el proceso. También se vierte en el suelo y se filtra en los ríos.
La minería ilegal afecta el disfrute de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, debido a la destrucción de su hábitat y la falta de control sobre sus territorios tradicionales y recursos naturales.
La independencia judicial está socavada
El informe de la Oficina de la Alta Comisionada también examina cuestiones sobre la Justicia en general en Venezuela y describe cómo “la independencia del sistema de justicia se ha visto socavado considerablemente por la inseguridad en la tenencia de jueces y fiscales; la falta de transparencia en el proceso de su designación; las condiciones de trabajo precarias; y la interferencia política”.
Las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia en relación con la Asamblea Nacional controlada por la oposición han dado lugar constantemente a preocupaciones sobre las consideraciones políticas que prevalecen sobre las determinaciones legales.
Esta situación ha afectado gravemente la capacidad del poder judicial de actuar de forma independiente para proteger los derechos humanos, y está contribuyendo a la impunidad.
A pesar de los recientes esfuerzos realizados por el Ministerio Público de investigar las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad, la falta de determinación de responsabilidad es especialmente significativa en casos de asesinatos en el contexto de protestas y durante operaciones de seguridad, así como en denuncias de tortura y malos tratos y violencia de género.
Helena Carpio/IRINARCHIVO: Protestas en Caracas, Venezuela.
Barreras para acceder a la Justicia
Las víctimas de violaciones de derechos humanos y abusos continúan enfrentando barreras legales, políticas y socioeconómicas persistentes para acceder a la justicia, y las mujeres enfrentan desafíos específicos de género.
Hago un llamado al Gobierno venezolano a que emprenda y complete las reformas anunciadas al sistema de justicia para garantizar su independencia e imparcialidad, detener el uso de la justicia militar para juzgar a los civiles.
“Hago un llamado al Gobierno venezolano a que emprenda y complete las reformas anunciadas al sistema de justicia para garantizar su independencia e imparcialidad, detener el uso de la justicia militar para juzgar a los civiles y cumplir con su obligación de investigar cualquier denuncia de tortura y malos tratos “, dijo Bachelet.
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“También instó a que se detengan de inmediato todos los actos de intimidación, amenazas y represalias de los miembros de las fuerzas de seguridad contra familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos que buscan justicia”, agregó.
Bachelet indicó que “las víctimas y sus familiares tienen el derecho de saber la verdad y obtener justicia y reparaciones, y no ser acosadas y revictimizadas por aquellos cuyo trabajo debería ser protegerlos”.
Violaciones de los derechos económicos y sociales
El informe también examina las violaciones de los derechos económicos y sociales y destaca que “los principales recursos jurídicos han sido ineficaces para las víctimas”.
Las víctimas y los abogados entrevistados plantearon su inquietud a la Oficina de la Alta Comisionada sobre el manejo de los recursos de amparo por los tribunales, debido a que se presentan considerables demoras que afectan su efectividad, particularmente en casos de demandas de medidas cautelares para evitar daños irreparables.
El informe recoge casos en los que a los tribunales les llevó más de un año responder sobre la admisibilidad de las solicitudes de amparo para poder adquirir urgentemente medicamentos antirretrovirales.
Pese a haber transcurrido un tiempo considerable, los tribunales no habrían tomado ninguna medida o decisión sobre la admisibilidad o los méritos de la acción, incluyendo aquellas que buscan proteger intereses colectivos.
En otros casos, las personas demandantes recibieron decisiones contradictorias en las que, en la práctica, les negaban el acceso a la justicia dado que los tribunales declaraban sus acciones de amparo inadmisibles bajo el argumento de que era necesario agotar previamente la vía administrativa, mientras que las instancias administrativas rechazaban las acciones, indicando que eran los tribunales de amparo las que tenían competencias para resolver esos casos.
El informe también denuncia que “la falta de transparencia y acceso a la información sobre los indicadores sociales y económicos y la asignación de fondos públicos es un obstáculo muy importante para realizar un análisis exhaustivo del nivel de cumplimiento por parte del Gobierno de sus obligaciones internacionales en relación con los derechos económicos y sociales. En algunas circunstancias particulares, también puede constituir un obstáculo para la justiciabilidad de estos derechos”.
Foto: Seam Kimmons/IRINMedicamentos antiretrovirales.
Recomendaciones
La Alta Comisionada concluye con una veintena de recomendaciones para el Gobierno de Venezuela, entre ellas para que:
- Conduzca investigaciones prontas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre las alegaciones de violaciones a los derechos humanos, incluyendo la privación de la vida, la desaparición forzada, la tortura, la violencia sexual y la violencia de género en las que se involucran elementos de las fuerzas de seguridad, lleve a los perpetradores ante la justicia y garantice una reparación adecuada a las víctimas
- Emprenda las reformas del poder judicial anunciadas por el Gobierno en enero de 2020 con el fin de garantizar su independencia, imparcialidad, transparencia, accesibilidad y eficacia
- Establezca un mecanismo independiente, imparcial y transparente para aumentar el número de jueces y fiscales titulares por medio de un proceso público transparente
- Ponga fin al enjuiciamiento de civiles por tribunales militares y asegure que la jurisdicción de estos se limite a los delitos militares cometidos por miembros activos de las fuerzas armadas
- Cese inmediatamente cualquier acto de intimidación, amenazas y represalias por miembros de fuerzas de seguridad en contra de familiares de las víctimas que buscan justicia
- Emprenda y publique estudios fundamentales en relación con el Arco Minero del Orinoco, como, por ejemplo, estudios de impacto ambiental y social, análisis de las tasas de actos de violencia y homicidios y compilación de datos socioeconómicos de la población que vive dentro del Arco Minero del Orinoco y las zonas aledañas, con inclusión de indicadores relativos a los derechos económicos, sociales y culturales
- En cumplimiento de las normas internacionales en materia de derechos humanos, lleve a cabo investigaciones efectivas y transparentes y operaciones de aplicación de la ley con el fin de desmantelar a las bandas criminales y elementos armados que controlan las actividades mineras
- Adopte medidas urgentes para poner fin a la explotación laboral y sexual, el trabajo infantil y la trata de personas dentro del Arco Minero del Orinoco, y asegure la regularización de las actividades mineras en condiciones de respeto del derecho a condiciones de trabajo justas y favorables
- Asegure que los pueblos indígenas puedan disfrutar de su derecho colectivo a vivir en libertad, paz y seguridad, y que puedan poseer, usar, desarrollar y controlar sus tierras, territorios y recursos, incluso mediante la demarcación de las tierras tradicionales.
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