Grupos de presión de la industria abortista y LGBT calificaron de “profundamente inquietante” y “peligroso” un reporte interno del Departameno de Estado de los EE. UU. sobre derechos humanos. El reporte cuestiona el estatuto legal internacional del aborto y de los derechos LGBTQI+.

“Rechazamos enérgicamente la desestimación, por parte de la Comisión, de ciertos derechos como controversias social y políticamente divisivas” se lee en un comentario acerca del reporte de la Comisión sobre Derechos Inalienables de los EE. UU. hecho por NARAL Pro-Choice, el Center for Reproductive Rights (Centro para los Derechos Reproductivos) y la Federación Planned Parenthood, grupos líderes de la industria abortista, y por la Human Rights Campaign (Campaña por los Derechos Humanos), OutRight International y Lambda Legal, gigantes LGBT.

Los grupos calificaron el reporte como un intento de “colocar la ideología de la administración y la opinión de 11 individuos en lugar de” la ley establecida que “reconoce la protección de los derechos LGBTQI+ y los derechos sexuales y reproductivos, incluido el aborto, como imperativos de los derechos humanos”. Esto a pesar de que los comisionados no tomaron posición contra el aborto.

El congresista demócrata Jamie Raskin, presidente del Comité de Supervisión y Reformas,y el congresista Joaquin Castro, presidente del Comité de Asuntos Exteriores, criticaron el reporte por su “lenguaje cristianocéntrico” y por enraizar los derechos humanos en “tradiciones bíblicas de los Estados Unidos y un Dios creador”.

“El reporte discute derechos inalienables específicos como la libertad de expresión y la libertad religiosa”, escribieron los congresistas a la comisión, “mientras tilda a otros derechos, como el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo, de controversias social y políticamente divisivas”.

Shannon Kowalski, de la Coalición Internacional por la Salud de las Mujeres (International Women’s Health Coalition o IWHC), se quejó de que el reporte sería entendido como un apoyo a la capacidad de los profesionales y proveedores de la salud para objetar realizar abortos o referir pacientes para su realización.

El secretario de Estado de los EE. UU., Mike Pompeo, dijo que el reporte de la comisión será usado como guía para los diplomáticos estadounidenses a cargo de asuntos de derechos humanos. El reporte intenta describir la relación de la ley estadounidense con la ley de derechos humanos y establece criterios para que los diplomáticos estadounidenses puedan evaluar y sopesar demandas enfrentadas de derechos humanos.

Los grupos abortistas y LGBT criticaron a la comisión durante un período de dos semanas de comentario abierto sobre el primer borrador del reporte el mes pasado.

Se quejaron acerca de la defensa, hecha por el reporte, de las prerrogativas soberanas de los EE. UU. en materia de derechos humanos y de la capacidad del presidente y del senado de elegir qué tratados de derechos humanos de la ONU adoptar y ratificar democráticamente. También dijeron que el reporte hacía mal al defender la preferencia de los EE. UU. por los derechos civiles y políticos sobre los derechos económicos y sociales.

Por encima de todo, se quejaron de que el reporte no reconociera el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo y la acción afirmativa como derechos humanos establecidos.

Incapaces de apoyarse en el texto o en la historia de los tratados de derechos humanos —pues ningunoapoya un derecho humano al aborto o derechos LGBT, según expertos internacionales— se apoyaron fuertemente en las opiniones no vinculantes de expertos de la ONU y de organismos de la ONU para sostener que esas cuestiones eran derechos establecidos. El reporte de la comisión criticó la proliferación de opiniones no vinculantes provenientes de expertos de la ONU e insistió en que ellos no pueden establecer nuevas obligaciones para los Estados. En lugar de responder con argumentos legales, los grupos abortistas y LGBT se mofaron de la comisión.

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“Los Estados Unidos no tienen la capacidad para reinterpretar unilateralmente los contornos del marco de los derechos humanos”, dijeron. Incluso se quejaron de que el reporte de la comisión solo contribuiría a la proliferación de “estándares no legales” como los provenientes del sistema de la ONU criticado por la comisión.

“La comisión nunca ha establecido ningún argumento convincente para justificar su propia existencia”, regañaron.

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