Debido a la creciente violencia que puede percibirse con claridad en los “reventadores” pagados por el gobierno para amedrentar y provocar a los ciudadanos no-violentos del Campamento de FRENA, y con el fin de evitar cualquier hecho luctuoso que pudiera ocurrir (pesando en la conciencia del Gobierno Federal y del Gobierno de la Ciudad de México, debido a su franca agresión o burla discursiva), el movimiento FRENA solicita a las autoridades competentes, de la ONU y la OEA, envíen los observadores internacionales que consideren necesarios, especialmente para el próximo sábado 24 de octubre.

Como es de público conocimiento, se ha convocado para ese día a los seguidores de Andrés López a una manifestación de apoyo a quien lamentablemente pareciera ser sólo su presidente, en vez de ser el presidente de todos los mexicanos, en la medida en que continúa dividiendo y polarizando irresponsablemente a la sociedad con sus discursos. En rigor, sabemos que es presidente sólo para sí mismo y para sus personalísimos o familiares intereses, ya que últimamente ni por la unidad de su partido ha velado.

El movimiento FRENA aprovecha para hacer directamente responsables al presidente López y a las autoridades del Gobierno Capitalino por cualquier agresión que pudiera sufrir cualquiera de los integrantes de FRENA, toda vez que en sus discursos, de frente o de costado, están muy ocupados en atacarlos, exaltando con ello y con dinero los ánimos de sus reventadores.

El movimiento FRENA ha enviado a los organismos internacionales y algunas legaciones extranjeras en México documentación para acreditar que las formas de violencia que vive México son muy variadas y van en franco crecimiento, desde la violación sistemática a los derechos humanos y la Constitución Política Mexicana, pasando por la afectación directa y deliberada a los contagiados de COVID 19 (los más de 80 mil muertos por la pandemia, colocan a México en el primer lugar de las estadísticas mundiales ponderado de acuerdo a nuestro tamaño poblacional), desapariciones sistemáticas de ambientalistas, la condena a muerte de niños con cáncer, por la eliminación, primero, del sistema de Seguro Popular y luego, de sus medicamentos, y el asesinato por la espalda de una campesina mexicana en Chihuahua, en manos de la Guardia Nacional, creada inconstitucionalmente por el presiente López.

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