La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos alertó este viernes sobre la posible llegada de una importante crisis socioeconómica y humanitaria, con tasas de pobreza que podrían alcanzar más del 37% durante este año en América Latina y el Caribe, de acuerdo con los datos más recientes.

Durante un discurso ante el Consejo de Derechos Humanos donde repasó la situación humanitaria a nivel global, Michelle Bachelet indicó que los efectos causados por el coronavirus en toda América se han agudizado todavía más por la debilidad de los sistemas de seguridad social, las desigualdades estructurales y la discriminación -especialmente las que sufren los pueblos afrodescendientes e indígenas-, la escasa diversificación de las economías y el elevado número de trabajadores informales.

Bachelet recordó que durante los últimos años ya habían crecido los movimientos de protesta social en naciones como Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, México o Perú y, pese a las peculiaridades de cada protesta, explicó que todos se centran generalmente en el acceso inadecuado a los derechos económicos y sociales, la discriminación, la impunidad y las acusaciones de corrupción.

“En varios países, la respuesta a las manifestaciones ha sido el uso excesivo de la fuerza. El desarrollo de la crisis socioeconómica y humanitaria de la pandemia corre el riesgo de agravar aún más este descontento y podría desencadenar una nueva ola de disturbios sociales”, advirtió.

A su vez, alentó a todos los Estados a tomar medidas para evitar que se produzca un mayor deterioro de la situación y les pidió que protejan el derecho a la libertad de asociación y de reunión pacífica.

Bachelet también denunció que el establecimiento de más controles fronterizos en la región y el uso de las fuerzas de seguridad para frenar a los migrantes aumenta los riesgos que corren estas personas. Es “particularmente preocupante” la militarización de las fronteras de Ecuador, Perú y Chile en el contexto de “un movimiento continuado sin precedentes de venezolanos” y las expulsiones sin que se evalúe si necesitan protección.

Panorama general

La Alta Comisionada también destacó que la menor aplicación de las leyes medioambientales durante la pandemia ha causado un aumento de la minería y la tala ilegales en Brasil y otros países de la región del Amazonas, con un impacto especialmente perjudicial para los pueblos indígenas, y señaló la necesidad de dotar de mejor protección a estos territorios frente a las industrias extractivas y los monocultivos.

Del mismo modo, expresó su preocupación por los continuos ataques contra activistas medioambientales, defensores de los derechos humanos y periodistas, así como el uso indebido de las leyes penales para silenciar las voces críticas.

Alertó sobre el incremento de riesgos para las personas desplazadas debido a unos controles fronterizos cada vez más estrictos y el uso de las fuerzas de seguridad para detener a los migrantes en varios Estados.

A modo de ejemplo recordó el hallazgo de los cuerpos carbonizados de 19 personas -al menos 14 de ellas migrantes guatemaltecos, junto con sus presuntos traficantes- cerca de la frontera de México con Estados Unidos.

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“La militarización de la gestión de las fronteras por parte de Ecuador, Perú y Chile es especialmente preocupante en el contexto del continuo movimiento sin precedentes de venezolanos, con 5,28 millones de personas que se calcula que han salido o se han quedado fuera de su país este año”, expuso.

Colombia: la violencia crece a manos de grupos armados no estatales y criminales

Bachelet felicitó al Gobierno colombiano por la protección temporal anunciada a migrantes venezolanos, pero advirtió de un incremento de la violencia causada por “la expansión de grupos armados no estatales y de grupos criminales”, pese a la disminución de la tasa nacional de homicidios.

“En 2020, recibimos información sobre 81 masacres, de las que documentamos 76, el mayor número desde 2014. Asimismo, registramos 133 casos de homicidios de personas defensoras de derechos humanos, de los que documentamos 90. La Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia también documentó al menos 252 asesinatos de excombatientes de las FARC desde la firma del Acuerdo de paz.

La Alta Comisionada instó al Estado a redoblar esfuerzos para proteger a la población, estableciendo una presencia estatal integral en los territorios más afectados y aplaudió los “avances significativos” en materia de justicia transicional.

La pandemia ha causado estragos en los pueblos indígenas y las mujeres en Guatemala

El país centroamericano continúa enfrentándose “a retos sistémicos y estructurales” como la pobreza, la desigualdad, la discriminación, la impunidad e la inseguridad, destacó Bachelet.  La Alta Comisionada también aludió al impacto socioeconómico de la pandemia del coronavirus para los pueblos indígenas, las mujeres y las personas con discapacidad que a su parecer fue “desproporcionado”.

“Aliento a las autoridades a fortalecer la protección social, con mayor énfasis en las personas en situación de vulnerabilidad. Reconozco el compromiso del Ejecutivo y del Congreso en expandir los programas sociales y aumentar el presupuesto nacional para responder a la crisis generada por la pandemia”, manifestó.

Al mismo tiempo, instó al Congreso a promover una agenda legislativa “orientada a fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos y evitar la adopción de legislación regresiva”.

Honduras: Altos niveles de violencia, impunidad y discriminación

Con relación a Honduras destacó el refuerzo en materia de cooperación técnica de su Oficina con entidades de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial durante el año pasado.

Sin embargo, recordó que la nación centroamericana sigue enfrentándose a desafíos en la garantía de los derechos humanos con “altos niveles de violencia, impunidad, discriminación y falta de acceso a derechos económicos, sociales y culturales”.

Además, la pandemia de la COVID-19 y el impacto causado por los huracanes ETA y IOTA han agudizado los obstáculos previos a los que se enfrentan las personas más vulnerables.

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Pese a valorar la disposición del Gobierno a seguir las recomendaciones formuladas por su Oficina, como la modificación del Decreto que declaró el Estado de Emergencia en respuesta a la pandemia, Bachelet cifró en 665 el número de protestas sociales durante el Estado de alarma.

“Me preocupan las detenciones arbitrarias, la militarización de la seguridad ciudadana y el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad en el manejo de las manifestaciones. Llamo al Estado a emprender un proceso gradual de desmilitarización y fortalecimiento de las instituciones civiles del sector.”

Venezuela

Respecto a Venezuela actualizó los avances entre su Oficina y la nación sudamericana. Entre ellos incluyó el refuerzo de asistencia técnica, el apoyo en materia de detención preventiva y protocolos de investigación de violaciones del derecho a la vida, e integridad personal y los trabajos conjuntos con la Defensoría del Pueblo.

Explicó que el personal de su Oficina ya ha visitado siete estados y que desde septiembre visitaron cinco centros de detención. Igualmente manifestó su esperanza de que las futuras visitas a estas dependencias incluyan a prisiones militares y centros de detención de los servicios de inteligencia.

Bachelet explicó que el próximo 10 de marzo abordará específicamente la situación de los derechos humanos en Venezuela.

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