Por más que siga empeñada la sociedad colombiana en ocultar la realidad, cada día nos aporta nuevas evidencias de que vivimos ya en las postrimerías de una etapa de transición hacia la entrega total del país al socialismo del siglo XXI.

Etapa que comenzó con la firma del claudicante acuerdo Santos-Timochenko y con el robo del plebiscito en el que se desconoció el rechazo mayoritario del pueblo colombiano a lo pactado con los narcoterroristas de las FARC, se complementó con la implementación del Acuerdo mediante el inválido sistema del fast track, para  llegar ahora al cogobierno descarado de la izquierda, con la complacencia de las autoridades y los jueces.

No era de extrañar, entonces, que la Registraduría Nacional del Estado Civil se opusiera a las legítimas pretensiones de los ciudadanos que, en ejercicio de los derechos que les otorga la Constitución, impetraron el adelanto de procesos para la revocatoria del mandato de algunos alcaldes, pasado el primer año de su gestión. 

Introdujo, mediante una simple resolución administrativa, reformas a la ley estatutaria de la participación popular; se inventó una audiencia pública, que luego, motu proprio, convirtió en privada, al negar la participación en ella de los ciudadanos inscritos para intervenir; cumplido ese nuevo trámite, se escuda ahora en que corresponde al Ministerio de Salud autorizar si se puede o no recaudar las firmas durante la pandemia.

Por su parte, el Ministro de Salud, desde hace 20 días tiene encajonada la petición de la Registraduría, mientras su  superior inmediato declara públicamente que éste no es el momento para revocatorias ni para pugnas políticas. ¿Es que acaso también se olvidó que juró cumplir la Constitución y las Leyes?

No nos engañemos: Desde que se le entregó el poder a la extrema izquierda y a los criminales de lesa humanidad, tanto las decisiones judiciales como las decisiones administrativas exhiben un doble rasero, dependiendo si favorecen a éstos o a sus contradictores.

A la tutela presentada en Medellín por el ciudadano Julio Enrique González Villa, dio respuesta la Registraduría argumentando que no ha desconocido el derecho de los ciudadanos a recoger firmas para la revocatoria, sino que debe cumplir con los lineamientos que trace el Ministerio de Salud. Es decir, le reconozco el derecho pero no le permito recoger firmas.

Por su parte, el Ministro de Salud responde que, aunque en el Decreto  039 del 14 de enero de 2021 no se prohíbe la recolección de firmas, los alcaldes, en los municipios de alta afectación, pueden restringir las actividades, áreas, zonas y hogares que consideren convenientes para la realización de aislamientos selectivos. En buen romance, se le deja potestad al alcalde que va a ser revocado para que permita o no la recolección de firmas. ¿Es esto democracia, o simplemente una macabra burla al pueblo colombiano?

Llama la atención el siguiente aparte de la respuesta del Ministro:

“Dado lo anterior corresponde a la Registraduría Nacional del Estado Civil en el marco de los derechos fundamentales que enmarcan la Constitución definir, si se implementa la actividad solicitada o si por lo contrario puede ser aplazada o reevaluada teniendo en cuenta la situación actual del País a causa de la pandemia, además de sopesar el comportamiento histórico de los procesos de Revocatoria en el País. “

¿Qué es esta falta de respeto con los ciudadanos? La Registraduría le tira la pelota al Ministro y éste se la devuelve a la Registraduría. Ambos aseguran que no se está violando ningún derecho, pero lo que quieren es engañar al pueblo con su insulsa palabrería. Es como la canción aquella de que “Bernabé le pegó a Muchilanga”, pero nadie responde.

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Para asegurar el despojo de los derechos ciudadanos, se cuida el Señor Ministro de advertir:

“Igualmente, manifiesta que en caso de que se considere inevitable realizar la recolección de las firmas, deberá solicitar la autorización respectiva en cada Municipio de interés, teniendo en cuenta el comportamiento epidemiológico del Covid-19 en cada entidad territorial, con respecto a los protocolos de Bioseguridad que se deberán aplicar en caso de implementar la recolección de firmas en los Municipios de interés que sean autorizados por sus autoridades locales”

Como quien dice, se otorga todo el poder a los alcaldes para impedir cualquier proceso de revocatoria.

No podía ser otra la respuesta del Ministro, después de que el propio Presidente de la República manifestara públicamente que “no es momento para revocatorias ni para pugnas políticas”. Lo que el pueblo no entiende, Señor Presidente, es:¿ Por qué no se aplicaron las mismas restricciones a la marcha indígena que atravesó todo el país sin cumplir con las mínimas medidas sanitarias? ¿Por qué se autorizan marchas organizadas por Fecode, por la comunidad LGTBI o por cualquier colectivo de izquierda y se prohíbe la firma de una planilla donde sólo participan 2 personas?

El mismo gobierno ha propiciado aglomeraciones, como en los días sin Iva. Esta semana las medidas de la alcaldesa de Bogotá generaron congestiones de público documentadas en la televisión, ante la indiferencia de las autoridades. En Medellín, tanto el alcalde como sus funcionarios han sido filmados en francachelas consumiendo licor sin guardar distanciamiento y sin uso de tapabocas.

No es sino un pequeño adelanto de lo que viviremos a partir del 2022 en Colombia, cuando se materialice esta azarosa etapa de transición que a diario constatamos.

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