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Explicación y fundamentación de los principios del derecho constitucional católico

Una fundamentación racional de este principio es que la Naturaleza manda que el hombre viva en sociedad, y como Dios es el creador de las cosas, es Él quien lo manda.

Este artículo versa sobre los principios que hacen a la constitución cristiana de los Estados, es decir, sobre los fundamentos de un Estado católico. El primer principio del derecho constitucional católico es el del origen divino del poder, esto es, que todo poder y autoridad viene de Dios. Esto significa que el poder público o civil tiene su origen en Dios. Este principio tiene base bíblica:

Sabiduría 6, 3-4: “Escuchad vosotros, los que imperáis sobre las naciones…, porque el poder os fue dado por Dios y la soberanía por el Altísimo”

Romanos 13, 1: “No hay autoridad sino por Dios”

Una fundamentación racional de este principio es que la Naturaleza manda que el hombre viva en sociedad, y como Dios es el creador de las cosas, es Él quien lo manda. Este mandato se prueba por ejemplo por la facultad de hablar y porque el hombre no puede adquirir todos los medios necesarios para su existencia física ni todos los bienes del espíritu si no es viviendo en sociedad. Ahora bien, toda sociedad requiere de alguien que una y dirija las voluntades de los individuos al bien común. De manera que Dios ha querido que toda sociedad tenga gobernantes. (cf. S. S. León XIII, Diuturnum illud, 29 de junio de 1881, # 7)

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Esquema de esta fundamentación:

Dios manda que los hombres vivan en sociedad ➨ No puede haber sociedad sin autoridad ➨ Por lo cual Dios ha querido que toda sociedad tenga gobernantes.

¿Cómo se entiende que todo poder y autoridad tenga su origen en Dios? Se entiende mediante la teoría de la participación. Como Dios es el ser supremo y todopoderoso, todo poder y autoridad es participación del poder y la autoridad de Dios, incluido el poder civil.

Y alguien podría decir que para reconocer el origen divino del poder primero hay que conocer la existencia de Dios y sus atributos. Bien, hay que decir que esto es perfectamente posible no solo para los creyentes sino para todo el mundo mediante el solo uso de la razón. Esto es lo que enseña la biblia:

Romanos 1, 20: “Porque lo invisible de Él, su eterno poder y divinidad, se hacen notorios desde la creación del mundo, siendo percibidos por sus obras, de manera que no tienen excusa”.

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Es decir que todos, gobernantes y gobernados, pueden y deben reconocer con el solo uso de la razón natural, la existencia de Dios y su infinito poder. Y de allí se deduce lógicamente que todo poder es participación del poder de Dios.

Derivar el poder y la autoridad de Dios trae como consecuencia beneficiosa que los ciudadanos con mayor probabilidad reverenciarán a los gobernantes y se sentirán obligados en justicia a aceptar con docilidad sus mandatos y a prestarles obediencia y fidelidad. Siempre y cuando los gobernantes no hagan que les pierdan el respeto por ejercer sus funciones en contra del bien común. O sea, derivar el poder de Dios hace que se obedezca a los gobernantes como a Dios mismo, de quien son imagen, y que se los honre como parte del deber de honrar a Dios. Además, este principio hace que se eviten las sediciones.

El derecho constitucional moderno reconoce en cambio el principio de la soberanía popular, según el cual todo poder y autoridad vienen del pueblo. El principio de la soberanía del pueblo es la base del populismo, en parte porque es propicio para halagar y encender innumerables pasiones.

Afirmar que el poder y la autoridad vienen del pueblo en lugar de afirmar que vienen de Dios, implica asumir “la anomalía de una delegación que sube, cuando por su condición es natural que baje” (S. S. Pío X, Notre charge apostolique, 23 de septiembre de 1910, # 19).

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Negar que el poder civil venga de Dios es quitarle toda su dignidad y todo su vigor (Diuturnum iilud, # 17).

El segundo principio del derecho constitucional católico es la ilicitud del derecho de rebelión por ser contrario a la razón. Esto se fundamenta en el primer principio. Es decir, dado que todo poder y autoridad viene de Dios y no del pueblo, es ilícito organizar o llevar a cabo una rebelión contra el gobierno. Hay que aclarar que es un deber de los ciudadanos desobedecer todas las leyes injustas, es decir, aquellas leyes que abiertamente no se ajustan al derecho natural o al derecho divino. Pero es un deber obedecer todas las leyes justas y mantenerse fiel a los gobernantes, inclusive si estos son injustos. Esto es lo que hicieron los primeros cristianos con los emperadores romanos paganos que los perseguían y martirizaban. Esto lo explica muy bien el Papa Gregorio XVI en su encíclica Mirari vos del 15 de agosto de 1832. La rebelión contra los gobernantes sería en el fondo una rebelión contra Dios. El modo de cambiar las cosas no es mediante rebeliones, es abrazando la fe católica tradicional, como hicieron los primeros cristianos, hasta evangelizar a muchas personas, de manera que el pueblo se contagie de santidad, y de esa manera obtengan méritos ante Dios para que este providencialmente haga reinar a un gobernante más justo y cristiano.

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Job 34, 31: “Dios hace reinar al hombre hipócrita por los pecados del pueblo.”

Además, los primeros cristianos rezaban por los gobernantes y se introducían en todos los ámbitos y ordenes de la sociedad, incluido el Estado, siempre sin renunciar a sus principios, de esta manera es como también lograban influir en la política y en el gobierno para que el mismo fuera cristiano. No organizaban una rebelión. Este es el ejemplo que debemos imitar hoy en día.

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En cambio, según el derecho constitucional moderno, la rebelión contra un gobierno tiránico es un derecho humano, porque el poder y la autoridad residen en el pueblo. Pero es menester hacer una aclaración fundamental, según el derecho nuevo, un gobierno tiránico es aquel que viola los falsos derechos humanos de los que hablaremos en el cuarto principio, esto es, las libertades modernas. Un gobierno tal bien podría ser un gobierno legítimo y católico que regule y modere según la ley natural y la verdad revelada el ejercicio de la libertad para compaginarla con el bien común y que no se convierta en libertinaje. Es por ello que León XIII describe el derecho de rebelión como la facultad del pueblo de revocar el poder “a su antojo” (Diuturnum illud, 29 de junio de 1881, # 3).

El tercer principio del derecho constitucional católico es que es ilícito tanto al Estado como a los individuos descuidar sus deberes religiosos o medir con un mismo nivel todos los cultos contrarios. Esto implica el culto público, el cual es el culto que deben rendirle a Dios los gobernantes en nombre del Estado, por tener este su origen en Dios. Esto lo hacían en celebraciones puntuales del año los emperadores romanos con los dioses paganos. En Argentina se limita a un Te Deum el 25 de mayo, Día de la Patria. Eso está bien, pero es poco. Este culto, según este tercer principio, debe ser culto católico tradicional. Tanto los gobernantes como los individuos deben reconocer la religión verdadera. Esto es perfectamente posible:

Papa León XIII, Immortale Dei (# 4), 1 de noviembre de 1885: “Todo hombre de juicio sincero y prudente ve con facilidad cuál es la religión verdadera. Multitud de argumentos eficaces, como son el cumplimiento real de las profecías, el gran número de milagros, la rápida propagación de la fe, aun en medio de poderes enemigos y de dificultades insuperables, el testimonio de los mártires y otros muchos parecidos, demuestran que la única religión verdadera es aquella que Jesucristo en persona instituyó y confió a su Iglesia para conservarla y para propagarla por todo el tiempo.”

De manera que según este tercer principio, es ilícita la libertad de cultos, o sea, se debe limitar la libertad de todos los cultos falsos.

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La fundamentación de este principio es que la razón natural indica que dependemos de Dios, y de Él hemos salido y hemos de volver, motivo por el cual tanto el individuo como la sociedad civil (representada en el Estado) deben rendir culto a Dios piadosa y santamente abrazando la religión verdadera.

El culto público también implica obligaciones para los gobernantes, a saber: favorecer la religión, defenderla, ponerla bajo el amparo de las leyes y no legislar nada contrario a ella. Además deben facilitar la salvación de los hombres.

En oposición, el derecho constitucional moderno afirma que tanto el Estado como el individuo no tienen ninguna obligación ante Dios y por lo cual no tienen por qué buscar la religión verdadera, abrazarla y favorecerla. El Estado será aconfesional y concederá iguales derechos a todas las religiones (indiferentismo religioso), pudiendo los individuos profesar cualquiera de ellas o ninguna si así lo quieren.

El cuarto principio del derecho público eclesiástico es que son falsos los derechos a la libertad de pensamiento y de expresión, es decir, que estos falsos derechos humanos, estas falsas libertades modernas o liberales deben ser limitadas. Sólo se puede permitir una moderada libertad de imprenta y de pensamiento. Esto es así porque solo hay derecho a decir lo que es verdadero, no hay derecho a hablar o escribir o publicar falsedades, errores, mentiras o herejías. Esto es fundamental para la consecución del bien común. El error no tiene derechos. Fundamentalmente se deben reprimir todos los errores que, en cualquier ámbito, toquen a la moral y a la religión, y hacerlo en base a la ley natural y a la verdad revelada. Un fundamento de este principio es el mismo culto público de que hablamos en el principio anterior, ya que el mismo implica defender la Religión y facilitar la salvación de los hombres, y ambas cosas se hacen en parte regulando la libertad de pensamiento y de expresión. Otro fundamento es que si la inteligencia y la voluntad abrazan el error y el mal, respectivamente, se corrompen, por lo cual no es lícito publicar lo que es contrario la virtud y a la verdad.

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En oposición a ello, el derecho constitucional moderno considera que la libertad de pensamiento y de expresión son derechos humanos.

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Pero en este punto no hay que confundir, la Iglesia es la principal defensora de la libertad bien entendida:

“Si por libertad se quiere entender el vivir exento de toda ley y de todo freno para hacer lo que más agrade, esta libertad, sí, tendrá, ciertamente, la reprobación de la Iglesia, al par que la de toda alma honrada; pero si por libertad se entiende la facultad racional de obrar expeditamente y ampliamente el bien según las normas de la ley eterna, en lo cual consiste precisamente la libertad digna del hombre y provechosa a la sociedad, nadie la favorece, alienta y protege más que la Iglesia.” (S. S. León XIII, Annum ingressi, 1902)

Y el quinto y último principio del derecho constitucional católico es que se debe conceder plena libertad a la Iglesia en su esfera propia, respetar sus derechos y no pretender someterla al Estado, debiendo además haber unión Iglesia-Estado. El motivo por el cual el Estado debe respetar la libertad de la Iglesia, sus derechos y no someterla a sí es que la Iglesia es, no menos que el Estado, una sociedad completa en su género y jurídicamente perfecta. Esto es así ya que la Iglesia tiene en sí misma todos los medios indispensables para el logro de su fin propio que es la salvación eterna de las almas.

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Los fundamentos por los cuales debe haber unión Iglesia-Estado son los siguientes. La misión que Cristo le confirió a la Iglesia, por su naturaleza, se extiende a la universalidad del género humano, y además la Iglesia tiene la potestad de gobernar y ensanchar la cristiandad, es decir, el conjunto de los fieles que profesan la religión cristiana. Por estos dos motivos es que Dios ha repartido el gobierno del género humano entre dos poderes, el eclesiástico y el civil. Cada uno de estos poderes deben ejercer su actividad dentro de su esfera propia, la cual está dada por su propia naturaleza y por su fin próximo. Las esferas de cada potestad son las siguientes:

“… todo lo que de alguna manera es sagrado en la vida humana, todo lo que pertenece a la salvación de las almas y al culto de Dios, sea por su propia naturaleza, sea en virtud del fin a que está referido, todo ello cae bajo el dominio y autoridad de la Iglesia. Pero las demás cosas que el régimen civil y político, en cuanto tal, abraza y comprende, es de justicia que queden sometidas a éste” (Immortale Dei, # 6)

Pero dado que el sujeto pasivo de ambas potestades soberanas es el mismo, esto es, el hombre; y dado que puede haber asuntos que caigan, bajo distinto aspecto, bajo la autoridad y competencia de ambos poderes, es que debe haber complementariedad funcional, cooperación, coordinación, colaboración y concordia entre la Iglesia y el Estado, es decir, debe haber una unión semejante a la que se da en el hombre entre el cuerpo y el alma. Dios con su providencia estableció el orden en que se deben combinar ambos poderes. “Las [autoridades] que hay, por Dios han sido ordenadas” (Romanos 13, 1). Sin esta complementariedad funcional, el hombre quedaría situado ante una encrucijada en la cual tendría que elegir desobedecer a alguna de las dos potestades, siendo que no puede hacerlo sin pecar.

En perversa contraposición, el derecho constitucional moderno considera que debe haber un Estado laico, es decir, que debe haber una separación total y hostil ente la Iglesia y el Estado. Además, por el racionalismo en que se basa este derecho, se le niega a la Iglesia tener la naturaleza y los derechos de una sociedad perfecta, motivo por el cual se la somete al servicio y obediencia del Estado, mermando su libertad y conculcando sus derechos.

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Para quienes deseen profundizar en el derecho constitucional católico les recomiendo leer la encíclica Immortale Dei (1885) del Papa León XIII.

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