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Cómo lograr que todos accedan a un patrimonio propio

El objetivo máximo a este respecto es que todas las personas o familias lleguen a ser dueñas no solo de una casa dónde vivir, sino también de medios de producción.

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Según el papa Pío XII, la propiedad privada de todos es la piedra angular del orden social (Oggi, 1 de septiembre de 1944, # 31). La propiedad privada de todos consiste en que todos adquieran un patrimonio propio, es decir, que todos accedan a la propiedad. En este artículo no se pretende ser exhaustivo en la enumeración de los medios para lograr la propiedad privada de todos, sino mencionar las formas principales de lograrlo, es decir, los lineamientos generales dados por el magisterio social. Vale la pena aclarar que el objetivo máximo a este respecto es que todas las personas o familias lleguen a ser dueñas no solo de una casa dónde vivir, sino también de medios de producción. Esto se fundamenta en el N° 33 de la encíclica Rerum novarum (1891) de León XIII y en el N° 61 de la Quadragesimo anno (1931) de Pío XI. En el mencionado numeral de la Rerum novarum, León XIII deja abierta la posibilidad para muchas soluciones técnicas de cómo lograr el acceso de las masas al medio de producción más conforme con la naturaleza que existe, las tierras. 

El Papa Pío XI declara que si en las actividades económicas y en toda su vida, todos observaran la Ley de Dios, los derechos ajenos, la fe católica y la recta razón, pronto se lograría una justa distribución de la riqueza que incluiría la difusión de los medios de producción entre la población. Uno de los motivos, aunque no todos, por los cuales esto es así, es porque observar esas cosas pone remedio a la ambición como raíz de todos los males (1 Timoteo 6, 10) (incluida la injusticia social y la concentración de la riqueza) e implica buscar primero el reino de Dios y su justicia, recibiéndose por añadidura los medios necesarios para la existencia (Mateo 6, 33):

“No se prohíbe, en efecto, aumentar adecuada y justamente su fortuna a quienquiera que trabaja para producir bienes, sino que aun es justo que quien sirve a la comunidad y la enriquece, con los bienes aumentados de la sociedad se haga él mismo también, más rico, siempre que todo esto se persiga con el debido respeto para con las leyes de Dios y sin menoscabo de los derechos ajenos y se emplee según el orden de la fe y de la recta razón. 

Si estas normas fueran observadas por todos, en todas partes y siempre, pronto volverían a los límites de la equidad y de la justa distribución tanto la producción y adquisición de las cosas cuanto el uso de las riquezas, que ahora se nos muestra con frecuencia tan desordenado; a ese sórdido apego a lo propio, que es la afrenta y el gran pecado de nuestro siglo, se opondría en la práctica y en los hechos la suavísima y a la vez poderosísima ley de la templanza cristiana, que manda al hombre buscar primero el reino de Dios y su justicia, pues sabe ciertamente, por la segura promesa de la liberalidad divina, que los bienes temporales se le darán por añadidura en la medida que le fueren necesarios (cf. Mt  6, 33).” (S. S. Pío XI, Quadragesimo anno, 15 de mayo de 1931, # 136)

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De acuerdo a esto, para lograr la propiedad privada de todos, inclusive de los medios de producción, hace falta una restauración del orden moral y religioso que incluya desde un Estado católico hasta una compatibilización de la economía con el bien común mediante un marco jurídico y cultural cristiano. Es decir, hace falta terminar con el libertinaje político y económico. El mencionado marco jurídico y en general todo lo que se propondrá en el presente artículo para lograr que todos adquieran un patrimonio propio, está implícito dentro del la instauración de un Estado católico, o como una exigencia del mismo o como una posibilidad. Un Estado católico debe estar basado en el derecho constitucional católico (cf. S. S. León XIII, Immortale Dei, 1 de noviembre de 1885). Los principios de este derecho fueron expuestos en el artículo “Explicación y fundamentación de los principios del derecho constitucional católico”, que se puede hallar en el siguiente enlace: https://www.tradicionviva.es/2021/07/05/explicacion-y-fundamentacion-de-los-principios-del-derecho-constitucional-catolico/, pero, en resumidas cuentas son: 

  • Derivar el poder y la autoridad de Dios.
  • Ilicitud del derecho de rebelión.
  • Ilicitud tanto para el Estado como para los individuos, de descuidar sus deberes religiosos o medir con un mismo nivel todos los cultos contrarios, implicando esto el deber del Estado de rendir culto público a Dios, implicando esto favorecer, amparar y defender la Religión, no legislar nada que sea contrario a la indemnidad de la misma, y favorecer desde el Estado que los individuos alcancen la salvación.
  • No conceder las libertades de expresión, de pensamiento y de enseñanza.
  • Conceder a la Iglesia plena libertad de acción dentro de su esfera propia, no conculcar sus derechos ni someterla al Estado, a la vez que unir Iglesia-Estado. 

Regular las conductas de los individuos y el mercado mediante un Estado católico y un marco legal que incluya penas y castigos y cuyo núcleo sea ético y religioso, es la primer medida a fin de lograr la propiedad privada de todos. Esto es así ya que sin ello no se puede lograr que las personas observen en su vida y en sus actividades económicas la Ley de Dios, la fe católica, la recta razón y los derechos del prójimo, que es lo que en la citada declaración de Pío XI dice que hace falta para lograr una equitativa distribución de la riqueza. Más aún, hace falta evangelizar a la clase empresaria y trabajadora, para lo cual pueden ayudar mucho los sindicatos católicos mixtos (integrados por patronos y obreros) que tengan como fin principal lograr la perfección religiosa y moral de sus miembros (S. S. León XIII, Rerum novarum, 15 de mayo de 1891, # 39; Quadragesimo anno, # 84). También es de vital importancia la educación religiosa en las escuelas, de hecho esto es anterior al marco jurídico ético y religioso que regule las conductas y el mercado y también está implícito en la instauración de un Estado católico. Estamos siempre hablando de lo que puede hacer o promover el Estado, no la Iglesia o los individuos y las familias. 

El mencionado marco legal que regule las conductas de los individuos y la economía debe incluir, además de las cuestiones obvias como penalizar el robo, el homicidio, la violación, la estafa, y tantísimas cosas más, lo siguiente. En materia civil, la moderación de la libertad de cultos, la libertad de hablar, la libertad de imprenta, la libertad de prensa y la libertad de expresión artística. También la regulación del derecho de asociación y de reunión. En materia familiar, la prohibición del divorcio (S. S. León XIII, Arcanum divinae sapientiae, 10 de febrero de 1880, # 17-19) y el “matrimonio gay”, reprimir los concubinatos y las parejas gay (S. S. Pío XI, Casti connubii, 31 de diciembre de 1930, # 4), la instauración de la autoridad marital y la distinción jurídica de hijos legítimos y naturales. En materia social, debe proteger la vida inocente desde la concepción hasta la muerte natural, penalizar la sodomía (Judas 1, 7), instaurar como feriados nacionales todas las fiestas de precepto (S. S. Pío XI, Divini redemptoris, 19 de marzo de 1937, # 16), prohibir que en comercios y medios de comunicación se pase otra música que no sea la clásica o canto gregoriano, prohibir la vestimenta inmodesta, penalizar la tenencia de droga para consumo personal, prohibir la nocturnidad, prohibir la pornografía, prohibir los anticonceptivos, regular las publicidades para que no creen falsas necesidades ni fomenten la concupiscencia, etc. etc.  Y en materia económica, la penalización de la usura (S. S. Benedicto XIV, Vix pervenit, 1 de noviembre 1745) y la prohibición del fraude financiero y monetario. Esto último implica pasar de la banca de reserva fraccional a la banca de reserva 100% y reemplazar el sistema monetario crediticio en el cual el Banco Central emite dinero a modo de préstamos usurarios a la economía por otro sistema “X”. También debe incluir leyes antimonopolio, la prohibición de producir bienes y servicios inmorales y aplicar un proteccionismo en las áreas que se considere pertinente. Toda esta legislación es parte de la instauración de un Estado católico. La mencionada reforma monetaria y bancaria, por su importancia, será considerada aparte.

Este marco legal debe aplicarse de manera severa, firme e inflexible (Quadragesimo anno, # 133). Aunque como enseña León XIII, “Hay que establecer que la severidad de las leyes resultará infructuosa mientras los hombres no actúen movidos por el estímulo del deber y por la saludable influencia del temor de Dios. Esto puede conseguirlo como nadie la religión. La religión se insinúa por su propia fuerza en las almas, doblega la misma voluntad del hombre para que se una a sus gobernantes no sólo por estricta obediencia, sino también por la benevolencia de la caridad, la cual es en toda sociedad humana la garantía más firme de la seguridad.” (Diuturnum illud, 29 de junio de 1881, # 18)

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El Estado católico y el marco legal regulatorio de las conductas y el mercado implican poner límites a toda una serie de falsas e injustas libertades políticas y económicas que generan concentración de la riqueza. El Papa Pío XI enseñó en su encíclica Quadragesimo anno (# 107) que la libertad ilimitada de los competidores en la economía generaba concentración de la riqueza, de manera que la regulación de esas libertades favorece una equitativa distribución de la riqueza.

El derecho de propiedad tiene un doble carácter, según se mire al individuo o al bien común, esto es, tiene por un lado un carácter individual y privado y por otro un carácter social y público (cf. Quadragesimo anno, # 45). Es en función de este carácter social y público que le es lícito al Estado regular el uso del derecho de propiedad en base a la ley natural y la ley divina a fin de compaginarlo con el bien común (cf. Quadragesimo anno, # 49). Todas las medidas dirigidas a compatibilizar el derecho de propiedad con el bien común en virtud del carácter social y público del mismo, son medidas que favorecen una más equitativa distribución de la riqueza. Ahora, ¿cuáles son esas medidas que el Estado puede tomar para conformar el derecho de propiedad con el bien común y por lo cual propiciar una más equitativa distribución de la riqueza a fin de lograr la propiedad privada de todos?

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La primera es regular qué es lícito hacer y qué no a los propietarios con sus bienes desde un punto de vista religioso y moral, según la ley natural y la ley divina. Esto se haría como parte del ya mencionado marco legal que regule las conductas de los individuos y la economía y cuyo núcleo sea ético y religioso. Principalmente comprende las regulaciones en el ámbito de la economía. 

Luego, otras vías para lograr la propiedad privada de todos que también se relacionan con armonizar el derecho de propiedad con el bien común son el cobro de impuestos a fin de financiar la previsión social y la política social (S. S. Pío XII, La solennità, 1 de junio de 1941, # 9). Dentro de la previsión social podemos incluir las asignaciones para desocupados y dentro de la política social podemos incluir a la salud pública, la educación y los planes de viviendas sociales (S. S. Pío XII, alocución de 24 de julio de 1949). Las asignaciones sociales, la salud y la educación, no aumentan los bienes inmuebles que poseen los individuos y las familias pero sí mejoran sus ingresos o alivian sus gastos, repercutiendo positivamente en su patrimonio. En cambio los planes de viviendas sociales se relacionan más claramente con la propiedad privada de todos.

En tercer y último lugar, en la conciliación del derecho de propiedad con el bien común, está la posibilidad de hacer una reforma agraria, pagando una justa indemnización a los propietarios de las tierras (S. S. Pío XII, Alocución de 17 de abril de 1958 al XII Congreso de trabajadores directos de la tierra; Carta de 16 de marzo de 1957 de Mgr. Dell’Acqua, en nombre de Su Santidad Pío XII, al IV Congreso Rural Católico Internacional, en Chile).

Otra vía muy importante para lograr la propiedad privada de todos es el trabajo bien remunerado (Rerum novarum, # 33). Para generar pleno empleo, es importante que los salarios no sean demasiado altos ni demasiado bajos (Quadragesimo anno, # 74). Esto quiere decir que los salarios deben ser justos pero no excesivamente elevados. Para que los salarios sean justos se debe habilitar el derecho de asociación de los obreros en sindicatos, y se debe instaurar el derecho laboral. Hay más cosas que propone la doctrina social de la Iglesia para generar empleo, pero eso es tema de otro artículo (ver “La solución de la doctrina social de la Iglesia al problema del desempleo no es la keynesiana” en https://www.tradicionviva.es/2021/06/07/la-solucion-de-la-doctrina-social-de-la-iglesia-al-problema-del-desempleo-no-es-la-keynesiana/). En este punto es oportuno decir que para que crezca la inversión y por lo cual el empleo, por un lado se deben fomentar los salarios justos que aumenten el consumo y por lo cual la producción, y por otro se debe evitar cobrar impuestos demasiado altos.

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Ahora bien, para que los trabajadores puedan mediante su salario hacerse de un modesto patrimonio, deben primero ahorrar, y para ello deben morigerar sus gastos, y para ello deben ser personas con una vida austera y ordenada. Hay que evitar que los trabajadores se gasten su salario en lujos innecesarios, en gastos superfluos, en el juego, en drogas, en prostitutas, en la noche, en una vida licenciosa, o que la pierdan en usuras. Para ello lo mejor es que los trabajadores sean cristianos, ya que la religión forma en la virtud, y para lograr esto, lo mejor, de nuevo, es que los sindicatos sean católicos o que haya junto a ellos otras asociaciones católicas de obreros que se encarguen de formar en la fe y en las costumbres a los trabajadores. Aquí se puede ver como la Religión cumple una función económica. Además, esto se relaciona con la sentencia de Jesús “buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura” (Mateo 6, 33) (Rerum novarum, # 39). 

Como ya se explicó, todo lo que sea compatibilizar o conciliar el derecho de propiedad con el bien común, hace a una más equitativa distribución de la riqueza. Pero en esa compaginación con el bien común, los planes de viviendas sociales y las reformas agrarias son las medidas más burdas y materialistas, y por lo cual las más imperfectas, en cambio lo primero es regular qué es lícito hacer y qué no, a los dueños con su propiedad en cuestiones religiosas o morales según la ley natural y la ley divina. Que eso es lo primero y principal lo demuestra el principio de la supremacía de lo espiritual sobre lo material. Las regulaciones morales y religiosas en el uso de la propiedad, por ser más espirituales, son más simples, en cambio, los planes de viviendas sociales y las reformas agrarias, por ser más materiales, son más complejas. Esta imperfección y complejidad de las medidas más materialistas de conciliar el derecho de propiedad con el bien común, hace que sus probabilidades de éxito sean mucho más difíciles. Esto sobre todo se nota en la reforma agraria que es una medida que con muchas probabilidades puede terminar en un fracaso social y económico estrepitoso. Además, hacer planes de viviendas sociales y hacer una reforma agraria son opciones costosas. Esto debería ser financiado con impuestos a los ricos, el tema es que se debe inducir a los ricos a aceptar esas cargas bajo razón de bien común (Divini redemproris, # 81). Además, el problema es que si los impuestos son demasiado altos, atentan contra la prosperidad de la nación (Rerum novarum, # 23), y pueden atentar contra el empleo. También hay que decir que una reforma agraria es una medida violenta que puede generar conflictos sociales con los propietarios de las tierras, pudiendo llegar hasta una guerra civil. Por último hay que decir que, como pensaba Hilaire Belloc, la propiedad debe ser “deseada”, y no “impuesta”, y una reforma agraria precisamente lo que hace es imponerle una propiedad a una persona que quizás ni sabe qué hacer con ella o la misma no tiene nada que ver con sus sueños, sus proyectos, sus habilidades, etc. 

Parte de lo dicho se relaciona con la justicia social, ya que la previsión social, la política social y el derecho laboral son medidas de justicia social. De manera que se puede decir que la justicia social es importante para lograr la propiedad privada de todos. Un Estado católico y algunas de sus implicancias, tales como la educación religiosa, los sindicatos católicos y una legislación que regule la vida civil y las actividades económicas de las personas, se relaciona con el deber que tiene la autoridad pública de defender y tutelar la virtud de la caridad, llamada caridad social por la relevancia de esta virtud en cuestiones sociales y económicas (Quadragesimo anno, # 88). Esta tutela y defensa de la caridad es importantísima porque los ricos tienen el gravísimo deber de caridad de comunicar todo lo que les sobra a los pobres (Rerum novarum, # 17; Quadragesimo anno, # 50; Divini Redemptoris, # 44; Lucas 11, 41). Y esta comunicación de bienes a los pobres es fundamental para lograr la propiedad privada de todos. La misma se debe realizar a través de donativos a obras de caridad, colocación de dinero e inversión de grandes capitales en obras útiles que generen empleo (Quadragesimo anno, # 51). Asimismo, la justicia social, la caridad social y la enmienda de las costumbres (la reforma cristiana de las costumbres fomentada con el Estado católico y algunas de sus implicancias -la educación religiosa, las asociaciones cristianas de obreros, y la legislación reguladora de las conductas y la economía-) se incluyen dentro del concepto de restauración cristiana del orden social. De manera que se puede decir que la restauración del orden social es la solución para lograr la propiedad privada de todos, piedra angular del orden social. Al tutelar y defender la caridad se fomentan todas las virtudes, incluida la justicia social, la cual es fundamental para que se paguen salarios justos, es decir, el salario familiar (Quadrageaimo anno, # 71). También es fundamental para que se cobren precios justos y no se ejerza la usura, cosas que también favorecen una equitativa distribución de la riqueza.

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Otra cosa que se debe fomentar para lograr la propiedad privada de todos es que los sindicatos incluyan una aportación para que los trabajadores tengan un seguro de accidentes personales, una jubilación, una obra social y un seguro de desempleo (cf. Rerum novarum, # 40; Divini redemptoris, # 53). Estos cuatro seguros también pueden estar financiados en parte por aportes patronales. Si el trabajador no está sindicalizado, estos seguros pueden ser públicos o privados.

Otra medida opcional para lograr que todos accedan a un patrimonio propio es que los contratos de trabajo sean suavizados introduciendo en ellos elementos del contrato de sociedad, tales como la participación de los trabajadores en la administración, beneficios (ganancias) o dominio (propiedad) de la empresa (cf. Quadragesimo anno, # 65).

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También se pueden tomar medidas distributistas como que, en las operaciones de compra-venta de propiedades, aquellos con más propiedades paguen impuestos altos por la operación, y en cambio quienes tengan pocas o ninguna propiedad, reciban subvenciones para la compra (Díaz, Alfonso. Chesterton, Belloc y la revolución conservadora).

Recapitulando, las medidas para lograr la propiedad privada de todos, ordenadas de mayor a menor importancia según el principio de la supremacía de lo espiritual sobre lo material, son:

  1. Instaurar un Estado católico basado en el derecho constitucional católico.
  2. Educación religiosa en las escuelas.
  3. Promover los sindicatos católicos mixtos que ofrezcan formación religiosa y moral a sus miembros.
  4. Un sólido contexto jurídico basado en la ley natural y en la ley divina y cuyo núcleo sea ético y religioso, que regule las conductas de los individuos y la economía.
  5. Penalización de la usura.
  6. Una reforma del sistema bancario que instaure la banca de reserva 100%, asumiendo el Estado el otorgamiento de créditos sin interés orientados a la producción.
  7. Una reforma que implique reemplazar el sistema monetario crediticio por otro sistema “x”, como podría ser que el dinero sea emitido por el Tesoro, libre de deuda.
  8. Salarios justos.
  9. Una aportación para seguridad social por parte de los patronos y los trabajadores.
  10. Suavizar algo el contrato de trabajo mediante el contrato de sociedad.
  11. Medidas distributistas como impuestos o subsidios en las operaciones de compra-venta según si, al realizarlas, se parte de un nivel de propiedad más alto o más bajo, respectivamente.
  12. Salud y educación gratuitas para aquellos a los cuales el mercado no llega a satisfacer estos derechos.
  13. Asignaciones sociales para desocupados.
  14. Planes de viviendas sociales.
  15. Reforma agraria.

Estas son las medidas ordenadas según la relevancia que tienen para el logro del fin propuesto: el acceso de todos a un patrimonio propio que llegue hasta incluir medios de producción. El Estado católico, si bien es esencial a la doctrina social de la Iglesia (cf. Rerum novarum, # 23), pertenece más bien a su doctrina jurídica; y la educación religiosa, pertenece a la política cultural más que a la social, pero ambas políticas son inseparables. Pero vuelvo a reiterar, sin que los ricos, movidos por la virtud de la caridad cristiana, comuniquen todo lo que les sobra a los pobres, no se puede lograr plenamente la propiedad privada de todos. Pero este deber de caridad no se puede exigir por ley (Quadragesimo anno, # 47). Según decía Tertuliano, los ricos son los tesoreros de Dios sobre la tierra. Esto quiere decir que sus riquezas no son para ser utilizadas egoístamente, ni dilapidadas, ni usadas en cosas anticristianas, sino que son para socorrer al prójimo material y espiritualmente (S. S. León XIII, Il y a deux ans, 20 de octubre de 1889, # 3). Lo primero y principal para tutelar y defender la virtud de la caridad, es instaurar un Estado católico (cf. Immortale Dei, # 8).

Si de las quince medidas mencionadas, usted no está de acuerdo con las cuatro primeras, pero está de acuerdo con las últimas nueve, o con las últimas 11, usted lo más probable es que sea un socialista y es parte del problema, no de la solución, sobre todo si quiere aplicar esas medidas sin respetar el principio de subsidiariedad que manda que el Estado no provea aquello que los individuos y las entidades intermedias pueden alcanzar por sí mismos (Quadragesimo anno, # 79-80). Si usted no está de acuerdo con ninguna o casi ninguna de las medidas propuestas, usted claramente es un liberal extremo y su forma de pensar conduce a la concentración de la riqueza (Quadragesimo anno, # 105) Por último hay que decir además que la suma de las medidas que prescribe la doctrina social de la Iglesia, procuran no solo la propiedad privada de todos sino también la salud del alma de los ciudadanos, en cambio el liberalismo y el socialismo no solo no resuelven el problema social y económico sino que generan la ruina de las almas. De manera que tanto material como espiritualmente, por lejos lo que conviene es aplicar la doctrina social católica, es la más benéfica y benevolente para el hombre.

Este artículo describe la dirección en que se deben mover los esfuerzos de los gobernantes, pero los pecados del pueblo son contrarios al recto ejercicio de la autoridad política porque implican un rechazo a la misma, como si se la quisieran sacar de encima. 

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“Las pasiones desordenadas del pueblo rehúsan, hoy más que nunca, todo vínculo de gobierno.” (S. S. León XIII, Diuturnum illud, 29 de junio de 1881, # 1)

Se podría decir que el pueblo hundido en los vicios hace fuerza para que haya un gobierno limitado (en materia moral y religiosa, en todos los ámbitos, incluido el económico) como quieren los liberales o como inclusive mantienen los socialistas, ya que estos concuerdan con un Estado laico, el liberalismo político y distintas inmoralidades en materia económica. Por lo cual, para poder implementar las medidas descriptas aquí, hace falta en el país una Iglesia que propague la fe católica tradicional con fervor para que el pueblo enmiende sus costumbres y esté dispuesto a aceptar un Estado fundado sobre los principios inmutables de la ley natural y la verdad revelada.

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