Por Rebecca Oas, Ph.D.
(C-Fam). ONU Mujeres pide a los países que firmen un acuerdo sobre la mujer, la paz y la seguridad en el que se crearán nuevas vías para fomentar la industria del aborto en países devastados por la guerra, así como en otras emergencias humanitarias.
El tan esperado pacto se presentó en el Foro de la Igualdad de Género de la semana pasada. En nombre de la “inclusión significativa de las mujeres y las niñas” en las respuestas a los conflictos y las crisis, el Pacto afianza aún más la jerga pro abortista en el espacio humanitario y de seguridad, y promueve la orientación sexual y la identidad de género como categorías del derecho internacional humanitario.
En una sección sobre la “protección y promoción de los derechos humanos de las mujeres en contextos de conflicto y crisis”, el Pacto pide que las supervivientes de infracciones de los derechos humanos tengan acceso a la “gama completa” de servicios “integrales”, “incluidos los servicios de salud sexual y reproductiva”. En general, se interpreta que este lenguaje incluye el aborto, y los manuales de las agencias de la ONU incluyen el aborto como parte de los programas “humanitarios”.
Los términos “salud sexual y reproductiva” y “derechos reproductivos” han sido admitidos en los documentos negociados, entendiendo que su uso no crea nuevos derechos, y que las leyes sobre el aborto, en particular, son competencia de los gobiernos nacionales.
La inclusión de este lenguaje en el marco de los derechos humanos tratados en el Pacto es preocupante para los defensores de la vida. Podría considerarse que eleva el lenguaje ambiguo más allá de la mera política sanitaria para entrar en el ámbito de la exigencia normativa.
El lenguaje sobre la salud sexual y reproductiva suele aparecer en los acuerdos de la ONU en el contexto de la política sanitaria. El encuadramiento de la retórica abortista en la esfera de los derechos humanos se utilizará como arma dialéctica para presionar a los países a admitir el aborto como un derecho internacional.
En una sección en la que se describen las medidas concretas que podrían adoptar los firmantes para hacer avanzar el Pacto, se pide a los países que “reparen la violencia de género de acuerdo con las normas internacionales”. La principal norma internacional reconocida en las directrices de los organismos de la ONU para abordar la violencia de género es el Paquete de Servicios Iniciales Mínimos (PSIM), creado por el Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre Salud Reproductiva en Crisis, que aboga por el aborto.
El Grupo de Trabajo actualizó el PSIM en 2019 para incluir la “atención al aborto seguro”. Las agencias de la ONU y otros organismos “humanitarios” que apoyan el aborto utilizarán inevitablemente el PSIM y las orientaciones vinculadas a la Organización Mundial de la Salud como normas a seguir en los programas y políticas que se deriven del Pacto.
El Pacto no fue el resultado de una negociación abierta y transparente, como se exige tradicionalmente a los acuerdos de la ONU. Los patrocinadores de las Naciones Unidas pasan cada vez más por alto las negociaciones tradicionales para no tener que sacrificar prioridades políticas que carecen de apoyo universal, como el aborto y las cuestiones LGBT.
Entre los firmantes del Pacto figuran grupos que promueven el aborto, como el Comité Internacional de Rescate, la Comisión de Mujeres Refugiadas y la Alianza Internacional de Mujeres. Entre los gobiernos nacionales firmantes se encuentran Estados Unidos y otros promotores internacionales del aborto, como Noruega, el Reino Unido y los Países Bajos.
Otros firmantes son países con leyes nacionales que protegen al no nacido, al menos en circunstancias excepcionales, como Namibia, Emiratos Árabes Unidos, Sierra Leona y Perú.
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En su glosario, el Pacto también incluye un lenguaje polémico sobre “orientación sexual e identidad de género”, que se menciona en las definiciones de género, diversidad y transversalidad.
Los Emiratos Árabes Unidos, que no sólo han firmado el Pacto, sino que son uno de sus miembros, tienen leyes contra la actividad homosexual, al igual que Sierra Leona.
ONU Mujeres actúa como secretaría del Pacto, que probablemente se incluirá en el trabajo de ONU Mujeres y sus programas asociados.
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