Por Stefano Gennarini
(C-Fam). Durante el verano, el Centro Europeo para la Ley y la Justicia publicó un informe en el que denunciaba que la agenda de derechos humanos de la ONU estaba dirigida por fundaciones de ideología izquierdista. Casi inmediatamente, los burócratas de la ONU cerraron filas para defender a los suyos de las acusaciones de que promueven los derechos LGBT y el aborto financiados con dinero negro.
Los expertos de la ONU y sus colaboradores de organizaciones no gubernamentales, financiados por las mismas fundaciones privadas, acusaron al Centro Europeo de Derecho y Justicia de ser “poco profesional”, “poco ético” e “impreciso”. Esto ocurrió durante una sesión informativa celebrada en Ginebra el 3 de septiembre.
Ninguno de los expertos de la ONU ni sus patrocinadores negaron la existencia de flujos de financiación privada y la influencia esta que ejerce en el sistema de derechos humanos de la ONU, ni en sus críticas presentadas por escrito ni en sus intervenciones del 3 de septiembre. Tampoco negaron el incumplimiento por parte de los expertos de la ONU de rendir cuentas de al menos 11 millones de dólares de fondos no contabilizados. En cambio, los expertos de la ONU y sus colaboradores atacaron al Centro Europeo para la Ley y la Justicia, insistiendo repetidamente en que no había nada que ver.
Fionnuala D. Ní Aoláin, Relatora Especial de la ONU sobre derechos humanos y lucha contra el terrorismo, calificó el informe de “ataque falaz a la integridad de los procesos especiales”. Es la presidenta del Programa de Mujeres de la Open Society Foundations. Clément Nyaletsossi Voule, relator especial de la ONU sobre los derechos de reunión y asociación pacíficas, trató de denigrar el informe tildándolo de “ataque personal”.
Entre las organizaciones no gubernamentales que se hicieron eco de estos mismos argumentos en la reunión del 3 de septiembre se encontraban asociaciones abortistas y LGBT: el Centro de Derechos Reproductivos, Amnistía Internacional, la Comisión Internacional de Juristas y la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales, todas ellas vinculadas a la Fundación Open Society.
Otras organizaciones no gubernamentales independientes se mostraron sorprendidas por la virulencia de las críticas contra el informe. El Instituto de Investigación de ONGs instó a los relatores especiales a “abordar el fondo y no sólo atacar al mensajero”.
Un representante del Centro para las Ciencias y el Derecho Sanitarios afirmó que deberían atenderse las recomendaciones del informe de exigir a los expertos de la ONU que expongan con transparencia sus fuentes de financiación. “Si no es problemático no debería haber ninguna dificultad en informar sobre las mismas”, subrayó. También criticó a la secretaría de la ONU por impedir al Centro Europeo para el Derecho y la Justicia defenderse de las críticas sufridas durante la sesión.
El informe del Centro Europeo para el Derecho y la Justicia, disponible en inglés, describe detalladamente cómo se utiliza una red de canales de financiación privada para el sistema de derechos humanos de la ONU con el fin de promover discretamente determinados objetivos políticos, entre ellas el aborto y los derechos de los LGBT, según informa el Friday Fax. El informe ha causado un gran revuelo en la comunidad diplomática, y varios expertos y delegaciones de la ONU han expresado su apoyo a los esfuerzos del Centro Europeo para el Derecho y la Justicia por aumentar la transparencia y la credibilidad, según la página web de la organización.
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