(Gaudium Press) Dos iniciativas estatales hacen curso para investigar el tema de los abusos sexuales contra menores cometidos al interior de la Iglesia en España.

La primera es la propuesta que avanza para crear una comisión legislativa sobre la materia, después de solicitud de los partidos Unidas Podemos, Esquerra Republicana y EH Bildu. Esa acción avanza en contravía de lo manifestado por Vox y el Partido Popular, los que expresaron que la Iglesia no debe ni puede ser objeto de control por parte del Gobierno en estos campos, y que ese asunto debe dirimirse en el poder judicial. Para que se concretice la conformación de una comisión legislativa de inquérito, falta aún una decisión de la Junta de Portavoces que determine si se pondrá fecha a su debate en la sesión plenaria. Esto no ocurriría antes del 17 de febrero. La posición del partido de gobierno, el PSOE, será clave para que avance la iniciativa o no.

Por otra parte, la Fiscalía General del Estado ha pedido hoy a los 17 fiscales autonómicos superiores de España, que en un plazo máximo de 10 día le envíen todos los procedimientos penales referente a abusos sexuales a menores en la Iglesia. Este pedido recuerda las investigaciones a gran escala realizadas por fiscales de varios estados americanos, en su momento.

La Fiscal General Dolores Delgado, fue ministra de justicia, y es nombrada por el gobierno.

Diversos analistas ya discuten la oportunidad de esa ‘causa general’ que la Fiscalía desea hacer contra la Iglesia.

Un barrido de conjunto

Infocatolica por ejemplo, muestra que entre 2019 y 2020 se presentaron un total de 11.838 denuncias por delitos contra la libertad sexual, en los cuales figuraban como víctimas menores de edad. Se estima, en la línea de estándares internacionales, que solo se denuncia el 15 % de los abusos sexuales que ocurren en la infancia, por lo que el número de 11.838 constituiría solo la punta de un iceberg.

De acuerdo a un informe de Save The Children, el 78,9% de las víctimas en el total de los casos son niñas y chicas adolescentes, y el 84% de los abusadores son conocidos de los menores, con diversos grados de cercanías.

En casi la mitad de los casos (49,5%) el abuso se realiza en el entorno familiar, siendo los abusadores más comunes el padre, otro familiar no identificado, la pareja de la madre típicamente masculina, el abuelo o el tío.

En el análisis de agresores conocidos, pero fuera del entorno familiar (que supone el 34,5 % de casos), se destacan amistades o compañeros de la víctima, conocidos de la familia y educadores.

Los datos anteriores, motivan la argumentación de quienes objetan que siendo los casos de abuso al interior de la Iglesia una muy pequeña parte del total global, tanto identificado como estimado, el que la Fiscalía abra una Causa General contra la Iglesia no tiene una fundamentación razonable en el sentido de representar un real combate contra el abuso infantil.

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