Este miércoles 2 de febrero del corriente, la Asamblea Nacional de Nicaragua y con carácter de urgencia, canceló la personería jurídica de 14 instituciones de la sociedad civil, entre ellas, algunas entidades universitarias católicas. Con estas ya van canceladas alrededor de 75 instituciones desde 2018. El diputado sandinista Filiberto Rodriguez expresó lo siguiente: «Este es un proceso que va a continuar en la Asamblea Nacional y nadie debe de asustarse, porque es un proceso normal» .

Claro que sería un proceso normal si sucediera en un país políticamente normal. Pero Nicaragua es un Estado por derecho, es decir, que desde la legislación nacional se impone lo que el gobierno quiere que se imponga bajo la fachada de razón de Estado y bajo el título de ley. Una mera apariencia de legalidad, una fachada de normalidad donde cualquier disidencia es penalizada, siendo que protestar, por ejemplo, contra el régimen, ahora es algo anormal.

No puede ser normal cuando desde el 2018, se han aprobado leyes de las más cínicas y descaradas que han sido las herramientas para enjuiciar a cualquier persona, natural o jurídica que intente hacer un ademán en contra del gobierno, bien por escrito, bien en las calles. A la expresión de cualquier tipo de inconformidad contra el gobierno se le llama «intento de golpe de Estado» o bien: «terrorismo» . Estos y otros pseudo-crímenes generan un profundo sentimiento de repugnancia por lo falso que son, porque con ellos toda persona es vulnerable de ser sometida a la persecución, a la cárcel o al exilio.

Sería normal si la Asamblea y las demás instituciones públicas no estuvieran controladas por una pandilla de cretinos serviles a Ortega. No habría razón para entrar en zozobra porque los funcionarios estarían cumpliendo su deber. Pero la verdad es que estos funcionarios están cumpliendo los mandatos del tirano y por lo mismo: del mosto que ha salido del hocico de ese gato sandinista, de ese diputado, deberíamos de asustarnos y de que continúen las cancelaciones (sin motivos claros) de personerías jurídicas deberíamos estar más asustados pues demuestra que no es improbable un estado totalitario, de esos que existieron en el siglo XX. 

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