Por Stefano Gennarini, J.D.
(C-Fam) La próxima semana todos los ojos estarán puestos en la administración Biden, ya que intentará romper el punto muerto en el que se encuentran los debates de política social de la ONU sobre el aborto, los temas LGBT y las políticas sexuales. Esto se producirá en la Comisión de Población y Desarrollo de las Naciones Unidas.
A pesar de las victorias burocráticas marginales de la izquierda sexual en las Naciones Unidas, los debates sobre política social se han mantenido igual durante los últimos veinte años. Los estados miembros de la ONU han rechazado cualquier obligación internacional con respecto al aborto y las cuestiones LGBT, y han rechazado repetidamente los programas explícitos de educación sexual. Y esto sucede a pesar de las enormes presiones de los lobbies predominantes en las naciones occidentales.
El punto muerto en las negociaciones de política social de la ONU es más visible en la Comisión de Población y Desarrollo que se reúne anualmente desde la década de 1960 para discutir temas de población, incluidas las políticas de aborto y planificación familiar. Desde 2014, la Comisión no ha logrado adoptar una resolución sustancial, alcanzando un acuerdo solo en 2021 y 2016.
Las negociaciones sobre un acuerdo de crecimiento económico y otras cuestiones poblacionales están en curso, con delegaciones que toman partido en la misma línea que en años anteriores. Se espera que los desacuerdos continúen hasta altas horas de la noche de este fin de semana y toda la próxima semana, hasta el cierre del próximo viernes, cuando la Comisión tiene previsto adoptar el acuerdo.
Por un lado, los países occidentales y sus aliados quieren un acuerdo que promueva las políticas sobre sexualidad liberales, incluidas las políticas LGBT, el aborto a la demanda y la educación sexual integral. Además de incluir las políticas tradicionales de control de la población centradas en el aborto y la anticoncepción para los jóvenes. Por otro lado, países tradicionales de Asia, Medio Oriente y África se oponen a estas políticas y quieren un acuerdo más centrado en la protección de la familia y el desarrollo económico.
Los países occidentales también quieren restar importancia a la prerrogativa soberana de los países de adaptar las políticas de la ONU a sus propias culturas y tradiciones nacionales. Afirman que cualquier intento de hacer valer las prerrogativas soberanas es una forma de eludir las obligaciones de derechos humanos. Los países de mentalidad más tradicional, por su parte, insisten en tener un lenguaje en el acuerdo que afirme explícitamente el “derecho soberano” de los países a implementar políticas de población de la ONU en línea con las prioridades nacionales y con pleno respeto de las culturas y religiones locales. Este tipo de lenguaje se ha utilizado ampliamente en la política de la ONU durante décadas y se entiende que niega cualquier obligación con respecto a las políticas sexuales controvertidas.
Hasta ahora, la administración Biden no ha podido romper este estancamiento intratable sobre la soberanía y las costumbres sexuales. Pero se han mostrado signos de que la resistencia a las políticas sexuales de corte liberal se está debilitando. Los delegados familiarizados con las negociaciones le dijeron al Friday Fax que los países tradicionales no se han expresado tanto como en el pasado y temen que la presión adicional de la administración Biden pueda conducir al colapso de toda oposición a la agenda sexual.
A pesar de que los países occidentales liberales no han logrado un progreso normativo significativo en los acuerdos de la ONU, a nivel de políticas y programas, la burocracia de la ONU se ha convertido cada vez más en un canal para las políticas sexuales de la izquierda de los países occidentales ricos, incluida la autonomía sexual de los niños, el aborto sin el consentimiento de los padres para niñas de hasta diez años, y educación sexual integral explícita para niños menores de cinco años. Los países occidentales quieren legitimar estos puntos al tener acuerdos de la ONU, como la resolución de la comisión que se espera sea adoptada la próxima semana.
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