Roxana Carrut Nawrath es una agricultora chilena que está en huelga de hambre desde el 27 de julio. Su familia es propietaria de una granja de 168 hectáreas en Victoria, en la zona centro-sur de Chile, que no han podido cultivar durante más de un año.

Según informó el diario chileno El Líbero, los ataques contra su familia y su propiedad comenzaron el 12 de enero de 2019, “una fecha que nunca olvidaré porque era mi cumpleaños”, declaró. Desde entonces, han sido perseguidos, golpeados, amenazados, y en el campo les han quemado una casa, cultivos y bosques.

Estas tierras son reclamadas por un grupo de vecinos conocido como “comunidad Calbún”, que afirman pertenecer a la etnia mapuche. Lo mismo se aplica a los predios vecinos.

El campo ha pertenecido a la familia de su esposo Andrés Hoffstetter (79) desde hace tres generaciones, y ella era la responsable de su gestión y administración. El 12 de enero informó de que los almacenes habían sido rayados con consignas, las vallas habían sido cortadas, los postes destruidos y la plantación, “que estaba a punto de ser cosechada”, pisoteada. Era trigo, triticale y avena. “Producíamos trigo, lo vendiámos, y así el pan llegaba a la misma gente”, dijo.

En junio de 2019, fue atacada en un hospital por miembros de esta comunidad indígena. “Cuando estaba en el hospital y quería pagar, una mujer me agarró por detrás, me tiró al suelo y me golpeó la cabeza con la cerámica”, indicó. El ataque se denunció ante el Tribunal de Garantía de Victoria, que sólo prohibió a la agresora acercarse a la víctima y entrar en la propiedad de su familia.

La señora Carrut tiene tres objetivos principales: restablecer el estado de derecho en la macrozona sur, la excepción al pago del impuesto sobre las propiedades ocupadas y que se concedan becas a los hijos de las víctimas del terrorismo rural.

“Busco una reparación genuina para las víctimas y para nosotros. No puedo usar el campo, no puedo llevar a cabo ninguna actividad económica y todavía nos cobran impuestos de propiedad. No ganamos nada con tener tres o cuatro policías en el campo si no nos dejan sembrar. Es imposible. Cada vez que llegamos, nos observan, entran a tirar piedras, nos tiran palos, nos disparan”, ha señalado. En la lista de agresiones, la familia también incluye el robo de sus animales: 24 vacas y un toro, así como el envenenamiento de 3 perros. “He presentado más de 45 denuncias en la oficina del fiscal y hasta ahora no hay culpables. Hay fotos de todo, he identificado a la gente y es inútil. Aquí en Victoria no hay justicia. Esa palabra no existe para nosotros”, denuncia Carrut.

Su nueva dieta consiste en té de limón, café y, cuando se siente débil, bebe un Gatorade. Ha perdido mucho peso, tiene dolores musculares, calambres abdominales, mareos y visión borrosa. “Llevaré esto hasta las últimas consecuencias. Hasta que el gobierno abra los ojos”, asegura.

Lamentablemente, la atención que el gobierno y los medios de comunicación prestan a este caso es muy baja si la comparamos con la huelga de hambre llevada a cabo por el líder indígena Celestino Córdova hasta hace unos días. Córdova, a diferencia de la señora Carrut, no es una víctima; por el contrario, fue condenado por haber quemado viva a la pareja de ancianos agricultores Werner Luchsinger y Vivian Mackay en 2013 y, sin embargo, logró presionar al gobierno para que le concediera diversos beneficios penitenciarios.

Los grupos terroristas radicales de izquierda, que se disfrazan de indígenas, se financian vendiendo drogas y cobrando “peajes” para que los agricultores puedan sacar sus productos desde sus campos. Sin embargo, también cuentan con un apoyo considerable dentro de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas e incluso reciben el apoyo de ONG europeas como el Instituto de Teología y Política (ITP) de la ciudad de Münster a través de una compleja red de instituciones.

La protesta de Roxana Carrut ofrece una oportunidad histórica para que el gobierno tome medidas que permitan a los chilenos, independientemente de su origen étnico, vivir y trabajar en paz en la zona centro-sur del país. Si, por el contrario, la señora Carrut muere, los grupos terroristas se sentirán aún más impunes para seguir cometiendo delitos.

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