En la novela 1984 de George Orwell, que describe una distopía totalitaria con vigilancia absoluta de la población, se obliga a la gente a tener una “telepantalla” en sus casas. Es a la vez un televisor que emite propaganda del gobierno sin parar y una cámara de vigilancia que permite a las autoridades ver lo que ocurre en cada habitación. Esta “telepantalla ” es un invento aterrador: nadie puede saber con precisión cuándo se va a activar la vigilancia, cuándo la policía puede oír y ver dentro de la casa, o si el sistema está grabando o no. Esto crea una desconfianza permanente, una forma de autocontrol descrita por Michel Foucault en Surveiller et punir.
En 2023, el gobierno francés quiere poder “activar a distancia” el teléfono de un sospechoso, tanto para geolocalizarlo como para “capturar sonidos e imágenes”. En la práctica, se trata de activar el micrófono o la cámara de tu teléfono sin que te des cuenta y en cualquier momento. Cuando estás cenando con amigos, charlando en un café, yendo al baño o haciendo el amor. Técnicamente, esto ya es posible; el gobierno simplemente quiere legalizar la práctica como parte de los procedimientos policiales. Estas son las disposiciones del artículo 3 del “proyecto de ley sobre la orientación y la programación de la justicia”, de la ministra de Justicia Dupont-Moretti.
Evidentemente, ninguno de los principales medios de comunicación está hablando de esta ley gravísima ley. Están demasiado ocupados acusando a la izquierda de “violencia” y “wokismo”, retransmitiendo el lenguaje del gobierno o sintiendo pena por un chocolatero empujado por los manifestantes.
Sin embargo, el Conseil de l’Ordre des avocats de Paris (Consejo de la Abogados de París) ha emitido un comunicado en el que denuncia el proyecto de ley: “Esta nueva posibilidad de activar a distancia cualquier dispositivo electrónico, incluidos los teléfonos móviles, de cualquier persona en cualquier lugar constituye una violación especialmente grave de la intimidad que no puede justificarse por la protección del orden público“. Al Consejo de la Abogados también le preocupa que sea posible escuchar los intercambios entre un abogado y su cliente. Se trata de métodos de vigilancia sin precedentes en la historia de la humanidad, que se están generalizando discretamente.
Esta ley también quiere “simplificar” el código de procedimiento penal, reforzando así “los poderes de los investigadores y del fiscal en detrimento del respeto de la vida privada y de las garantías fundamentales de los derechos de la defensa”, así como ampliar las posibilidades de registro, incluso en plena noche. Se trata de una ley dictatorial que atenta totalmente contra las libertades fundamentales.
El Consejo de Estado considera que la activación a distancia de teléfonos para grabar sonidos e imágenes sin conocimiento de los sospechosos puede “vulnerar de forma significativa el derecho al respeto de la vida privada“. Sin embargo, no lo rechaza.
El gobierno de Francia es una amenaza absoluta para nuestras libertades. Ya no se trata sólo de recrudecer la represión, la violencia policial o el uso del 49-3 para forzar la aprobación de leyes. Es una ofensiva total. Está en juego nuestra vida, la posibilidad misma de existir sin estar permanentemente expuestos al control total de los agentes de un régimen loco y peligroso.
Este artículo se publicó originalmente en francés en legrandsoir
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