VOX, que ejerce como acusación popular en el Tribunal Supremo, ha tenido conocimiento de la existencia de un informe policial remitido al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, firmado por el comisario de la Brigada Provincial de Información de Barcelona, que concluye que para el referéndum ilegal del 1 de octubre se utilizó un censo universal de votantes burlando los requisitos marcados por la normativa de Protección de Datos.
Dicha formación política presentó el pasado 17 de julio ante la Agencia Española de Protección de Datos una denuncia contra la Generalidad de Cataluña por haber cometido posibles infracciones de la Ley Orgánica de Protección de Datos, concretamente a los que se refieren los artículos 44.3.b, 44.3.d, 44.4.b y el artículo 46.
Tal y como ha explicado Ricardo Chamorro, letrado de VOX, “Nuestra formación se siente en la obligación de denunciar estos hechos ante la Agencia Española de Protección de Datos en defensa de los derechos fundamentales y libertades de los ciudadanos catalanes. Tal y como ha quedado constatado, la Generalidad maneja los millones de datos de los ciudadanos catalanes que podrían haber sido tratados de manera arbitraria, según el informe de la Policía Nacional de la Brigada Provincial de Información de Barcelona, hacia un interés claramente rupturista con el marco constitucional, creando un censo ilegal y recabando datos a través de cesiones ilegales”.
