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La fiscalía brasileña denuncia directrices abortivas de la Organización Mundial de la Salud

Fiscales brasileños podrían presentar cargos contra una revista por promover abortos ilegales basándose en controvertidas directrices de la Organización Mundial de la Salud.

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La ministro brasileña de mujer, familia y derechos humanos, Damares Alves, denunció formalmente a la revista en línea AzMina ante el fiscal general de Sao Paulo. Alves cree que un reportaje publicado por AzMina, con tutoriales sobre cómo autoadministrarse un aborto con drogas obtenidas ilegalmente, pone en peligro las vidas de mujeres y niñas brasileñas. El fiscal general confirmó el mes pasado que están considerando una investigación criminal de la publicación.

El intento de Alves de perseguir legalmente a AzMina supone una protesta contra el intento de la industria internacional del aborto de flanquear las leyes que protegen al no nacido y restringen el aborto. En el centro de esta campaña se encuentran las directrices sobre el aborto de la Organización Mundial de la Salud, que se han convertido en parámetros globales para la industria abortiva.

En el ímpetu por hacer aun más accesible el aborto, la Organización Mundial de la Salud ahora recomienda peligrosos procedimientos abortivos que son desincentivados por el establishment médico de países desarrollados, incluido el aborto químico autoadministrado sin supervisión médica.

La prensa liberal de Brasil atacó a Alves, acusándola de ser una enemiga de la libertad de expresión y una fundamentalista religiosa. Alves defendió su actuar en un editorial en la Folha de S. Paolo, uno de los periódicos diarios de mayor circulación del Brasil.

Alves escribió que actuó debido a “la posibilidad real de que publicar esta información ponga en riesgo las vidas de niñas”.

“¿Cuántas adolescentes que no quieren que sus padres se enteren de que están embarazadas seguirán exactamente, e ilegalmente, el tutorial en el reportaje? ¿Cuántas morirán como resultado?”, preguntó Alves.

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Alves tampoco se acobardó ante la posibilidad de defender la posición provida del gobierno de Bolsonaro. Comparó el tutorial sobre aborto de la revista AzMina con un tutorial sobre suicidio o automutilación.

“Seguro, la intención es buena. Pero, imaginen, ¿cuántos más suicidios o automutilaciones exitosas habría como resultado del reportaje?”

Brasil solo permite el aborto en casos de violación o cuando la vida de la madre está en peligro. El artículo de AzMina instruye a las mujeres sobre cómo obtener drogas abortivas que son ilegales en Brasil y cómo autoadministrárselas.

Las directrices de la Organización Mundial de la Salud que están en la base del reportaje de AzMina promueven la despenalización del aborto como un modo de hacer el aborto “seguro”. También promueven el aborto químico, así como también permitir que personal no médico y poco capacitado administre abortos como un modo de hacer el aborto más ampliamente accesible. La plantilla de C-Fam criticó las directrices de 2012 por rebajar los estándares del cuidado médico y no seguir la evidencia médica al respecto.

Directrices más recientes de la Organización Mundial de la Salud, también seguidas por las autoras de AzMina, promueven el aborto autoadministrado, que es hoy ilegal o desincentivado en los Estados Unidos y en la mayoría de los países desarrollados.

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Las autoras del reportaje de AzMina respondieron al editorial de Alves defendiendo los estándares de la Organización Mundial de la Salud y acusando a las leyes provida de Brasil de causar muertes de mujeres: “Todos saben que las mujeres abortan incluso si es ilegal”.

Puede leer:  “La Ley de Eutanasia vulnera el artículo 15 de la Constitución”

Algunas compañías tecnológicas de la industria del aborto están probando en África métodos experimentales de autoadministración del aborto para etapas tardías del embarazo , cuando el aborto es más peligroso y la supervisión médica es aun más importante.

C-Fam
Escrito por

The Center for Family and Human Rights (C-Fam). C-Fam was founded in the summer of 1997 in order to monitor and affect the social policy debate at the United Nations and other international institutions.

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