Si uno sigue la actualidad económica española, lo más relacionado con el concepto de “arancel” está tanto en los episodios de “guerra comercial” entre Estados Unidos (EE.UU), China y la Unión Europea, como en la discusión derivada de las protestas de las masas agrícolas (hablan bastante sobre el “precio justo”).

De hecho, ese escenario podría estar dependiendo también de futuras subidas de impuestos que ha impulsado (e impulsará) el ejecutivo frentepopulista de Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. Es lo que ha ocurrido con el llamado Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales (IDSD).

Hablamos de un tipo fiscal que se aprobó en el Consejo de Ministros de este pasado martes y afectaría a todas aquellas empresas tecnológicas que tuvieran unos ingresos anuales superiores a los 750 millones de euros (facturando, en España, un mínimo de tres millones de euros).

Varias compañías norteamericanas que operan en nuestro país se verían afectadas. Ejemplos de las mismas serían Google, Apple, Microsoft, Amazon y Symantec. Así pues, desde la embajada de los EE.UU han advertido de la adopción de «todas las medidas apropiadas para la defensa de [sus] intereses».

La advertencia que se ha mencionado previamente podría entenderse como similar a la subida de los aranceles aplicados a las naves aéreas que fabrica la compañía europea Airbus (como consecuencia de la ingente cantidad de subsidios que la eurocracia bruselense concede a esta entidad).

Ahora bien, hay compañías del sector de la informática y las telecomunicaciones de origen español que no parecen estar preocupadas por las consecuencias de esta intensificación de sablazo fiscal que va a tener lugar (no teniendo rasgos de limitarse a esto último).

José María Álvarez-Pallete, presidente de la empresa “telco” Telefónica justifica y aplaude la implantación de este tipo fiscal dado que, a su juicio, existe una anomalía fiscal cuya corrección es necesaria.

Eso sí, aparte de que Telefónica forme parte de cierta élite empresarial oligopólica (no muy ajena al capitalismo de amiguetes), ¿no será que tengan temores a los efectos económicos de la libre competencia entre entidades empresariales de distintos puntos del planeta?

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