La escalada de violencia en la Macrozona Sur –compuesta por las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, en el centro sur de Chile- se ha manifestado este año principalmente en la quema de camiones y los atentados incendiarios a viviendas. Sin embargo, estos fenómenos no son propios de este 2020, ya que debutaron años atrás. Así lo reveló el Jefe Nacional de Inteligencia de la Policía de Investigaciones (PDI), Renato Díaz, en una exposición en la Comisión de Seguridad Pública del Senado, según informó el diario La Tercera el 10 de septiembre.

El alto oficial explicó a los senadores presentes que desde hace cinco años la PDI trabaja en un proyecto en conjunto con la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) y con la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros (Dipolcar) para catastrar los atentados y de elaborar una estadística común, independiente del registro que lleva el Ministerio Público, el cual incorpora sólo aquellos casos que han dado origen a investigaciones penales.

Díaz expuso que entre 2015 y 2020, en la Macrozona Sur se han registrado 772 atentados terroristas, donde el 36,4% corresponde a aquellos perpetrados contra inmuebles (casas, bodegas, cabañas, iglesias, colegios, sedes u otro tipo de construcciones permanentes); el 22,93% afectó a vehículos de transporte de carga del rubro forestal (camiones); el 15,16% a maquinarias en faenas agrícolas, forestales y de construcción; el 10,75%, correspondió a incendios de bosques, desechos, etc.; y el 6,74% se relacionó con ataques a vehículos de pasajeros.

Respecto a los atentados contra vehículos de carga, llamó la atención que “si bien aparecen 243 personas vinculadas a estas investigaciones en calidad de imputados, hay sólo un condenado”.

Los parlamentarios por la zona reaccionaron con aparente fuerza. Para el senador socialdemócrata Felipe Harboe, “el sistema de seguridad está al debe. No es una buena noticia la baja capacidad de adelantarse a los ataques, detención flagrante o de identificación posterior de sus autores, eso disminuye el riesgo a sus autores y fomenta nuevos actos violentos”. El senador liberal Felipe Kast, por su parte, atribuye el problema a cómo se está legislando. “La política, y particularmente el Congreso, está poniendo en riesgo nuestra democracia al no tomarse en serio el crimen organizado y la violencia en el sur de Chile”, sostuvo.

Sin embargo, en general, siendo Chile un país que concentra gran parte de su población y los principales medios de comunicación en la capital, Santiago, a cientos de kilómetros de la zona afectada, la opinión pública parece no darse cuenta de la real magnitud del problema y actúa con indiferencia.

Así, resulta urgente echar abajo el discurso de los grandes medios de comunicación capitalinos, que llaman “protesta” o “reivindicación” al terrorismo que tiene al gobierno chileno de rodillas. En realidad, se trata de células narcoterroristas, organizadas y dirigidas desde fuera del país, pero que cuentan con distintos colaboradores desde dentro.

El terrorismo rural lo venimos sufriendo hace un par de décadas disfrazado de conflicto étnico y el terrorismo urbano se manifestó a partir del 18 de octubre enmascarado en un “descontento social”; sin embargo, ambos fenómenos parte del mismo proceso insurreccional. Naturalmente no todos quienes participan en estos actos son terroristas, pues abundan los tontos útiles que, faltos de una épica individual y atiborrados de frustraciones, son fácilmente seducidos por estas organizaciones.

Entidades como el Grupo de Puebla y el Foro de São Paulo tienen todas las intenciones, todos los recursos y toda la capacidad para saltarse los canales democráticos y abocarse a una estrategia de propagación de grupos entrenados en acciones de desestabilización, terrorismo e incluso la infiltración en fuerzas de seguridad, ayudados grandemente por la pasividad, la miopía o la complicidad de los líderes políticos locales.

En efecto, el presidente Sebastián Piñera ha abandonado a los chilenos a su suerte y más parecen preocuparle sus propios intereses que el destino del país. Piñera ha preferido desmantelar el estado de derecho en Chile y ceder a las presiones de los terroristas, antes que erradicarlos para recuperar el orden público; arriesgándose a ser enjuiciado en los tribunales internacionales, dominados por la izquierda.

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