El pasado día 14 de julio el pleno del Congreso aprobó el proyecto de Ley denominado “ley de Memoria Democrática”, nuevo oxímoron que refuerza el carácter totalitario de la ley anterior, mal llamada de “memoria histórica”, aprobada por el gobierno de Rodríguez Zapatero y mantenida -aunque durmiente- por Rajoy. Ambas leyes pretenden adoctrinar a la sociedad, especialmente a la juventud, sustituyendo la verdad por el relato interesado y sectario de nuestro reciente pasado, y todo ello con un propósito ideológico evidente. Se busca dividir y enfrentar a los españoles, criminalizar la disidencia y, más tarde o más temprano, acabar con el sistema político actual. La presente ley va más allá al pretender, además, la ilegalización de la Fundación Nacional Francisco Franco, penalizando cualquier idea, por fundamentada que sea, contraria al oficialismo historicista del sanchismo/separatista. Nuestro posicionamiento, desde el inicio, lo resumimos en esta nota réplica de otras anteriores.

Una ley no puede ser de obligado cumplimiento, por mucha mayoría en que se sustente, si como sucede en este caso de forma flagrante, se opone a la Constitución, norma de rango superior rectora e inspiradora del resto del ordenamiento jurídico. Una ley no es democrática por el mero hecho de ser aprobada por un parlamento elegido por sufragio universal. También tiene que serlo en esencia y contenido.  La memoria colectiva no existe, si no es en la impostada formulación teórica del adoctrinamiento comunista. Nos amparamos, frente a la nueva norma, en la utópica e ilusoria creencia de vivir en “un estado de derecho” fundamentado en su art. 1 CE, que consagra: “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores …la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.

Por ello nuestra defensa debe concernir a cuantos quieran defender esos principios, cualquiera que sea su idea o condición. Del rey abajo, todos. Con más razón, los magistrados de las más altas instancias judiciales.

Ya advertimos, en su momento, que la llamada Ley de Memoria Histórica tenía difícil encaje constitucional, por no estar orientada al bien común y los intereses generales de los españoles, sino sólo a una parte de los mismos, en una clara muestra de arbitrariedad y revanchismo. La presente Ley de Memoria Democrática incide aún más en esos vicios de origen.  Legitimadora de “una verdad histórica”, sólo permite un relato falseado de la II República, la Guerra Civil y el Gobierno de Franco, del que  parte el actual sistema, pues debemos recordar que el actual régimen no sustituyó al anterior, sino que se produjo una transición “de la Ley a la Ley” respetándose así la legitimidad en la que se fundamentaba el Movimiento Nacional. Con la aprobación de esta Ley, se destroza la convivencia, la cultura, la historia y la cohesión de un pueblo, obligado a una permanente guerra civil y al que se priva de saber de dónde viene, para comprender a dónde quiere ir. Es una Ley liberticida, elaborada desde la mentira, con un claro espíritu revanchista y que busca perpetuar el odio entre las dos Españas que se batieron en el campo de batalla hace 86 años.

Con Inquietud, perplejidad, preocupación y contenida indignación comprobamos que vuelve a parecerse cada vez más la situación política presente a la fallida en el siglo XIX y fracasada en 1931-36: destrucción de España, como nación; imposibilidad de acuerdo general que solucione los problemas; bloqueo institucional; vulneración impune de la Ley, cuyo cumplimiento queda sometido al voluntarismo político; sectarismo político incapaz de toda idea superior; demagogia creciente ante los viejos problemas coyunturales; y falta de liderazgo. Solo la ausencia momentánea de violencia política no empequeñece el diagnostico aterrador que percibe la ciudadanía, cada vez, con mayor nitidez.

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En la Fundación Nacional Francisco Franco, no encontrarán los promotores de la ilegítima, por inconstitucional, Ley, ni servidumbre, ni sumisión voluntaria, pero tampoco vamos a tolerar que, aunque sea de forma sutil, se nos calumnie por el Parlamento, acusándonos de despreciar el dolor de las víctimas, sean éstas las que sean. Esta Fundación manifiesta con rotundidad que rechaza, por resultar absolutamente incompatibles con su objeto fundacional y con los principios cristianos que inspiran su actuación, cualesquiera actos que puedan entrañar menosprecio, descrédito y humillación  a las víctimas y sus familiares, ya lo sean de la guerra civil, independientemente de su credo ideológico o religioso, del Frente Popular o del Movimiento Nacional, por cuanto consideramos un imperativo moral guardar y hacer guardar el máximo respeto a toda persona que haya podido ser damnificada como consecuencia de la comisión de delitos o violaciones de sus derechos humanos, independientemente de la identidad o credo ideológico de sus victimarios.

La magnitud de un hombre viene avalada por su destino. Por ello, nadie podrá borrar la enorme trascendencia de Francisco Franco y su época, tanto por los peligros que evitó, como por los indudables logros conseguidos. El aquelarre antifranquista instalado en España, odia cuanto ignora. No quieren que los españoles sean libres para conocer la figura de Francisco Franco, sino tan sólo una caricatura deformada de la misma. Nos saben y quieren ignorantes. Fingen desconocer que Francoindustrializó España, la transformó, en solo cuarenta años, sin ayuda exterior, y obtuvo una enorme adhesión popular, muy superior a todos los partidos actuales, hasta su muerte, en una cama de hospital de la Seguridad Social, por él creado.

El “pensamiento mítico y distópico” de los promotores de esta nueva Ley, consiste en creer que le han ganado la guerra a Franco y a todo lo que consideren derecha, con ochenta años de retraso, mientras montan chiringuitos para colocar a sus memorialistas orwellianos. El triunfo de la demonización de Francoy la destrucción de su obra, es la mayor garantía de que la izquierda y separatistas volverán a repetir la nefasta experiencia de la II República. Repetimos : una Ley para la venganza y el odio.

Por muy duro y perjudicial que nos resulte defender la verdad histórica y el legado de Francisco Franco, lo haremos. Desde el rigor histórico, defendemos la verdad de unos hechos, de una época irrepetible que debe ser respetada y conocida. Una época de progreso y unión donde no hubo otra misión que la de ganar el futuro para todos los españoles, evitando la repetición de los errores pasados.

De nosotros, de la sociedad civil y de quienes son actores fundamentales de la vida política depende, el que se mantengan estas leyes liberticidas. Los promotores sólo desean borrar la huella histórica que acredite lo cerca que estuvo España del genocidio de clase y del comunismo. También enmascarar la responsabilidad del PSOE de Largo Caballero, Indalecio Prieto, Negrín, así como Companys y sus seguidores. Y por si todo esto  no fuera suficiente, ahora, además, en sociedad y connivencia con los herederos y valedores de ETA. Dios los cría y ellos se juntan.

Seguiremos en franca oposición al despotismo cesarista y al gobierno de enchufados en los cientos de chiringuitos creados a costa de la memoria histórica, que algún día tendrán que rendir cuentas.

F.N.F.F.

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