La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, más conocida como la ‘Ley Montoro’, contempla en su Disposición Transitoria 4ª la desaparición de las entidades de ámbito territorial inferior al municipio que no hayan rendido sus cuentas presupuestarias de 2013 a fecha de 31 de diciembre.

La Comunión Tradicionalista Carlista apoya cuantas medidas incorpora la precitada Ley para optimizar la eficiencia de los municipios, como las de clarificar las competencias municipales, racionalizar la estructura organizativa de la Administración local, mejorar el control financiero y presupuestario y favorecer la iniciativa privada. Sin embargo, considera manifiestamente desproporcionada que toda la entidad local menor pague por el incumplimiento –por imposibilidad o por dejación- del alcalde pedáneo por no presentar las cuentas presupuestarias. Alrededor de cuatro millones y medio de hectáreas de terrenos comunales, gestionados por entidades locales menores, corren el riesgo de ser expropiados y, finalmente, privatizados, en una nueva y definitiva desamortización de los bienes y aprovechamientos comunales.

La Comunión Tradicionalista Carlista respalda a las entidades locales en tanto son sociedades naturales infrasoberanas  y una garantía de la autonomía local. Asimismo, considera que la plena autonomía local debería traducirse en la facultad de estas entidades de regir y administrar toda su vida interna, pactando con el Estado sus  propios Fueros, y no siendo admisible la continua injerencia del Estado en sus asuntos propios, pues son los propios vecinos quienes deben fiscalizar la gestión de su municipio.