El gobierno polaco replicó a los burócratas europeos en una mordaz respuesta a un informe publicado a mediados del mes de junio por el Consejo de Europa, que criticaba la ley de aborto restrictiva del país y el trato que confiere a las mujeres.
Asumiendo el tono ceremonioso y la obsecuente deferencia que muchos países adoptan en su interrelación con los burócratas internacionales, Polonia acusó al Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, el letón-estadounidense Nils Muižnieks, de «excederse en su mandato», de parcialidad y selectividad, y de interferir en asuntos internos en una respuesta oficial a un informe del Comisario que se publicó en el mes de junio.
En una sección que aborda la «salud sexual y reproductiva», el informe ordena a Polonia que despenalice el aborto, que elimine la protección de conciencia para los médicos y el personal de la salud, y que apruebe la educación sexual integral.
En vez de inclinarse en servil reverencia, como normalmente se asume que las naciones lo harán en una situación de este tipo, Polonia respondió que el Comisario contaba con información incorrecta y que malinterpretaba tanto el derecho polaco como la obligación de Polonia conforme a la Convención Europea de Derechos Humanos.
«El derecho polaco, en este sentido, tiene por fuente la Constitución y se encuentra condicionado por la importancia ampliamente compartida que la sociedad polaca otorga al respeto a la vida» fue la respuesta concreta del país sobre el tema del aborto.
El Comisario también insinuó, a partir de informes de la Federación Internacional de Planificación de la Familia (en inglés: International Planned Parenthood Federation), que Polonia estaba evitando, de un modo u otro, que las mujeres accedieran a los anticonceptivos porque no subsidia algunos de ellos.
El gobierno de dicho país acusó a Planned Parenthood de fijarse en sus propios intereses al buscar el beneficio económico de la venta de fármacos anticonceptivos.
La Federación Internacional de Planificación de la Familia «difícilmente puede ser llamada fuente de información imparcial a la vista de su participación activa en la promoción del acceso a la anticoncepción y al aborto, y su rol en lo que concierne a facilitar el acceso directo a tales servicios», sostuvo el gobierno de Polonia.
Pero la crítica más severa a la burocracia europea de derechos humanos fue en la sección sobre igualdad de derechos para la mujer, que ocupa aproximadamente un tercio del informe.
En él, el Comisario acusa a Polonia de restringir la participación de las mujeres en la vida económica y pública, y de no penalizar y elevar a juicio la violencia y el acoso sexual perpetrados contra la mujer (difamaciones que comúnmente se dicen en contra de los países que protegen la vida en el seno materno).
Polonia afirmó que el Comisario meramente repetía como loro información deficiente provista por algunas organizaciones que difícilmente representan a la sociedad civil de la totalidad del país, «ignorando completamente» la suministrada por el gobierno. En su respuesta, Polonia comparó esta repetición carente de sentido crítico de opiniones sin verificar, que «no se basan en hechos» con juego del «teléfono descompuesto», en el que se manda un mensaje de forma incorrecta tras una serie de reproducciones.
Calificó de «ideológicas» e «incorrectas» esta clase de acusaciones, y destacó información que demuestra que Polonia cuenta con uno de los índices más bajos de toda Europa en lo que respecta a violencia doméstica y acoso sexual en el entorno laboral.
El país asimismo resaltó datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD, por sus siglas en inglés) que indican, entre otras cosas, que, en Polonia, la brecha salarial entre hombres y mujeres se encuentra entre las menores de Europa, con solo el 10,6 % (menos que Alemania, Países Bajos, Suecia y Noruega), que Polonia está en segundo lugar en cuanto a la proporción de mujeres inversoras, y que el índice de parlamentarias es de un 27,4 %, equiparable a la media europea, que es del 28,58 %.