– En España (según el Ministerio de Sanidad) cada año mueren más de 60.000 personas como consecuencia del consumo de tabaco. A pesar de ello, no se detiene sin más a cualquier vendedor de tabaco, tampoco se les persigue o se les sanciona -ya que es una actividad legal- y lo mismo ocurre con los productores y distribuidores.
– En España, cada año fallecen más de 13.000 personas debido al consumo de alcohol, ¡Ojo, estas muertes no están relacionadas con accidentes de tráfico! A ello hay que añadir los dramas familiares que se producen en la mayoría de los casos. Tampoco debemos olvidar que en nuestro país hay alrededor de 300.000 alcohólicos de edades comprendidas entre 19 y 28 años.
Pese a ello, hay municipios gobernados por partidos del consenso socialdemócrata -que se pavonean de hacer política social y cultural- que, no solo no persiguen ni castigan con las leyes existentes el consumo de alcohol en la vía pública, incluso entre menores, los famosos “botellones”, sino que reservan espacios públicos para tal fin, haciendo soportar al ciudadano, no solo el coste que acarrea el enorme número de alcohólicos (bajas laborales, subsidios, etc.) también los costes de limpieza de las “zonas de ocio”.
Mención aparte merece la merma de la calidad de vida de los vecinos que sufren las temibles “zonas de marcha-movida”…
– En España, según la Dirección General de Tráfico, se producen anualmente alrededor de 90.000 accidentes, con aproximadamente 135.000 víctimas de las que casi 4.000 son con resultado de muerte. 15 veces los fallecidos en los atentados del 11 de Marzo de 2004, algo así como si cada mes hubiese un atentado de similares características.
El gobierno, lejos de endurecer las sanciones para los infractores del código de circulación, con penas de cárcel u otras más acordes a la magnitud de la tragedia de la que hablamos puso en marcha el maravilloso invento del carné por puntos… mientras la carretera se sigue cobrando más y más vidas.
Por descontado, tampoco se producen detenciones masivas e indiscriminadas de fabricantes y vendedores de coches, tal como se viene haciendo en la aplicación de la llamada “ley de violencia de género”.
– En España cada año, según datos de Cruz Roja Española, más de 700.000 niños menores de 15 años sufren accidentes en el ámbito familiar. De los que alrededor de 1.000 son con resultado de muerte.
Esto nos lleva a la conclusión de que todos los días los medios de información y creadores de opinión deberían contarnos que muere un par de menores debido a accidentes domésticos… a nadie se le ha ocurrido –todavía- proponer detenciones masivas de fabricantes de juguetes, de vendedores de juguetes o de cualquier persona que se encuentre en las proximidades de un niño llorando diciendo que se ha caído y se ha hecho daño…
– En España, los Anuarios del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales afirman que, cada año suelen producirse cerca de 1.000.000 de accidentes laborales (declarados), de los cuales alrededor de 1.000 acaban con víctimas mortales.
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A pesar de que existe una extensa normativa, dura, inflexible y casi imposible de cumplir, referida a las condiciones de seguridad y salud en los centros de trabajo, no se cuenta con medios para garantizar el cumplimiento de dichas leyes.
Como en el resto de asuntos de los que vengo hablando, este sistemático incumplimiento tiene un origen económico evidente, y como objetivo el de mantener los márgenes de beneficios de las empresas, todo ello aderezado por las continuas subidas de los costes de materias primas, salarios, energía, carburantes, transportes, etc. Así como la competencia de los productos procedentes del exterior, la “contratación” ilegal de mano de obra extranjera, libre de costes sociales, etc.
– En España, según la Oficina del Defensor del Paciente, cada año mueren más de 500 personas debido a negligencias médicas…
Si por cada queja de cualquier paciente, la policía procediera a la detención de los médicos implicados, en los centros penitenciarios pasaría a haber tantos médicos como en los centros hospitalarios.
-Siguiendo el orden decreciente, que ha caracterizado a este texto, respecto del número de víctimas que se producen en determinaos ámbitos, con resultado de muerte de personas, llegaríamos a eso que se ha dado en llamar “violencia de género” o “violencia machista”.
Estoy hablando de un ámbito en el que anualmente mueren en España no más de 60-70 personas adultas (de sexo femenino) aunque, afortunadamente, las cifras han disminuido a menos de 50… En este caso, sí que se considera adecuado detener inmediatamente a los hombres “supuestamente implicados” (como dice la denominada ley de 28 de diciembre de 2004, de violencia de “género”, para proteger a las mujeres) sin permitírseles ejercer su derecho a la presunción de inocencia, negándoseles su derecho constitucional al “recurso de hábeas corpus”, con ingreso inmediato en prisión preventiva, como si se tratara de delincuentes peligrosos y un sin fin de consecuencias que pueden derivarse de ello, como la pérdida del puesto de trabajo, etc.
En el año 2004 (año en que se aprobó la LVIOGEN, ley de “violencia de género”) los suicidios relacionados con procesos de separación y divorcio, supusieron la muerte de 257 hombres y 32 mujeres (289 personas). No obstante, esto no dio lugar a plantear siquiera el debate sobre la conveniencia, o no, de la actual legislación en materia de separación y divorcio, ni a la creación de un observatorio para el control del suicidio en España (el dato se engloba dentro de más de 3.000 suicidios anuales de hombres por diferentes motivos), ni a la creación del “instituto para la prevención del suicidio”. Una tasa de 38 suicidios de hombres divorciados por cada 100.000 habitantes, frente a una tasa de 6 suicidios de mujeres divorciadas por cada 100.000 habitantes, parece que no es motivo suficiente para plantear una revisión de la legislación y de la forma de aplicar dicha legislación (máxime si se compara con los datos de violencia domestica 1,1 agresión por cada 1.000.000 de habitantes en el caso de agresores españoles y 4,4 en el caso de agresores extranjeros)
Hace apenas dos meses que, el 28 de diciembre, día de los Santos Inocentes en el santoral católico, se cumplió el duodécimo aniversario de la aprobación de la ley más perversa, genocida, de las aprobadas en España, y posiblemente en el mundo occidental en lo que va de siglo XXI.
Una ley que ha conducido a la detención ilegal y al procesamiento, a lo largo de estos doce años de casi dos millones de varones, por el simple hecho de haber nacido con pene.
Más del 15% del total de reclusos en las cárceles españolas lo son por aplicación de la Ley de Violencia de Género. Una norma que ha batido todos los récords de recursos de inconstitucionalidad -promovidos por jueces cuando se han visto obligados a aplicarla- más de dos centenares; una norma que todos los juristas españoles de reconocido prestigio han afirmado que viola el derecho constitucional a la igualdad, el derecho a la presunción de inocencia, a la dignidad de la persona y a la tutela judicial efectiva, y muchas cosas más; cuestiones que a pesar del tiempo transcurrido, salvo los damnificados, sus familiares y amigos; la mayoría de la población española sigue ignorando, o ¿tal vez la mayoría de los españoles desea seguir ignorándolo?, y en tal caso, algo realmente grave, gravísimo está ocurriendo en España.
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Estoy hablando de un ámbito en el que aquello de la corrupción, de la que tanto nos hablan los medios de información, un día sí, y el otro también, es lo más común, y para lo cual es imprescindible la entusiasta colaboración de jueces, fiscales, secretarios judiciales, abogados, forenses, psicólogos, y un largo etc. que obtiene pingües beneficios del sufrimiento ajeno, principalmente de cientos de miles de varones, de sus hijos, de sus familias extensas; ya digo, un verdadero genocidio, crímenes de lesa humanidad.
En España una de cada cuatro separaciones matrimoniales, o de pareja, va acompañada de denuncia por «malos tratos».
Según la legislación aprobada en la última década, relativa a separaciones, divorcios, relaciones interpersonales, de pareja, etc. los varones españoles nacen “culpables” (algo así como el pecado original del que hablan los católicos) y se les somete a una sistemática discriminación en sus derechos esenciales, discriminación amparada en la denominada «perspectiva de género». Un nuevo fundamentalismo fanático, violento, el feminismo «de género» aliado con el poder político, está en el origen de todo ello, y el retroceso al que asistimos respecto de derechos fundamentales no tiene comparación posible en nuestro entorno cultural.
Y ya para terminar, pues el asunto da para mucho, muchísimo más: estamos hablando de un salvaje retroceso en lo que respecta a los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Española de 1978, de la que hace tres meses celebrábamos su trigésimo octavo aniversario, que todos los días se le niega a la mitad de la población por haber nacido con pene; circunstancia que no es algo casual. La liberticida y totalitaria Ley de Violencia de Género es la culminación de una ideología que se ha acabado instalando en la sociedad y goza de omnipresencia en las instituciones del Estado de Derecho. Una ideología que se llama feminismo de género, femi-estalinismo, o femi-nazismo. Un régimen político, de apartheid, al fin y al cabo, que solo la “sociedad civil” puede derrocar, pues cualquiera que esté bien informado debe de tener en cuenta que las soluciones no vendrán desde la esfera política. Solo la sociedad civil, con su reacción, puede impedir que lo «inverosímil» se adueñe definitivamente de nuestras vidas.
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