El PSOE registró el pasado 14 de diciembre en el Congreso la proposición que había anunciado para reformar la llamada ‘ley de memoria histórica”, en la que los socialistas plantean el traslado de los restos de Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera fuera del Valle de los Caídos y la convocatoria de un acto formal en el que el Estado pida perdón a las víctimas de la dictadura.
En la iniciativa del PSOE se reconocen derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, de cuya aprobación se cumplen ahora diez años.
En la nueva redacción del artículo 29 de la ley, el PSOE propone que el Valle de los Caídos sea “lugar de memoria de las víctimas de la Guerra Civil Española y la Dictadura franquista, de acuerdo con los principios de pluralismo, reconciliación, paz y democracia que consagra la Constitución”, prohibiendo expresamente “su utilización como mausoleo del dictador”.
La propuesta encomienda al Gobierno que determine el nuevo marco jurídico del Valle de los Caídos, guiándose por las recomendaciones del informe que en su día hizo la comisión de expertos, y consultando a los familiares de las víctimas.
En todo caso, el PSOE pretende que el Valle de los Caídos sea “un centro nacional de memoria, impulsor de la cultura de la reconciliación, la memoria colectiva democrática y la dignificación y reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil Española y la Dictadura, a través de proyectos y programas culturales, museísticos y de investigación”.
“Será un lugar de información, conocimiento, identificación, dignificación y homenaje de aquellos cuyos restos se encuentran allí inhumados”, con una dotación económica específica a cargo del Estado para la exhumación e identificación de los restos de las víctimas inhumadas.
Es en ese punto donde el texto dice expresamente: “Se procederá al traslado de los restos de Francisco Franco Bahamonde fuera del Valle de los Caídos y los de José Antonio Primo de Rivera a un lugar no preeminente del recinto o al que designe su familia”.
Además, añade, “se convocará un acto público en sede parlamentaria, para que la autoridad competente del Estado pida perdón a las víctimas del franquismo y a sus familiares, como manifestación del pleno reconocimiento y reparación moral”.
NULIDAD DE LAS CONDENAS
En la exposición de motivos de la proposición de ley, los socialistas admiten que la norma no se ha cumplido “en la forma y alcance” proyectados en su momento, por lo que las víctimas se han visto “forzadas a iniciar acciones al margen” de lo establecido en la ley, por ejemplo para la búsqueda de desaparecidos.
La propuesta reconoce y declara “el declara el carácter radicalmente nulo de todas las condenas, sanciones y cualesquiera formas de violencia personal producidas por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa, durante la Guerra Civil de España, así como las sufridas por las mismas causas durante la dictadura”.
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Declara así “la nulidad de los tribunales, jurados y cualesquiera otros órganos penales o administrativos que, durante la Guerra Civil española, se hubieran constituido para imponer, por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa, condenas o sanciones de carácter personal, así como la de sus resoluciones”.
COMISIÓN DE LA VERDAD
La reforma del PSOE busca crear una Comisión de la Verdad “de ámbito nacional, como órgano temporal y de carácter no judicial con la finalidad de conocer la verdad de lo ocurrido, contribuir al esclarecimiento de las violaciones a derechos humanos y las graves infracciones cometidas, promoviendo así el reconocimiento de las responsabilidades de quienes participaron en la comisión de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, como forma de favorecer la convivencia democrática”.
El objeto de esa comisión sería “la recuperación y análisis de los documentos históricos, sin limitación de acceso a los mismos por su condición de material clasificado o secreto o por el lugar en el que se encuentren, dentro o fuera del territorio nacional, testimonios y otros materiales para elaborar un informe final incluyente y global que contribuya al esclarecimiento de la verdad, la reparación integral de las víctimas y las garantías de no repetición sobre los crímenes de lesa humanidad y de guerra” cometidos durante la guerra y la dictadura, hasta la aprobación de la Constitución.
Los socialistas proponen que esa Comisión esté conformada por profesionales de distintas disciplinas, como juristas, historiadores, psicólogos, investigadores universitarios, expertos en violencia de género, defensores de derechos humanos y miembros de grupos memorialistas, entre otros, que cuenten con una amplia trayectoria personal y reconocido prestigio. Serían once comisionados, nombrados tres de ellos por el Congreso de los Diputados a propuesta también del Senado, dos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fiscalía General del Estado y Consejo General de la Abogacía, y uno por el Consejo de Universidades y asociaciones de víctimas. Otros dos comisionados serían expertos internacionales propuestos por el Grupo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, cumpliendo todos ellos la cuota paritaria.
El articulado de la propuesta establece asimismo la responsabilidad del Estado en la búsqueda de desaparecidos, y concreta que los órganos judiciales en el orden penal serán los competentes para la localización, búsqueda, exhumación e identificación de esos desaparecidos.
BANCO NACIONAL DE ADN
La propuesta responde también a la demanda de las asociaciones de víctimas para crear un Banco Nacional de ADN con el objetivo de extraer, almacenar y gestionar muestras genéticas de todos los casos denunciados de desaparición forzosa y sustracción de menores. Dice, además, que las administraciones públicas, entes privados y bancos genéticos deberán remitir la información relativa a estos casos al Banco Nacional de ADN.
La toma de miestras sería gratuita para las víctimas y los órganos judiciales que investiguen casos de desaparición forzada y sustracción de menores garantizarían que el Banco Nacional de ADN integre muestras genéticas de todos los casos que hayan sido denunciados de personas desaparecidas y de los niños y niñas que podrían haber sido víctimas de apropiación, desaparición forzada y/o sustitución de su identidad.
Además, los socialistas quieren que las administraciones públicas competentes sean legalmente conminadas a autorizar las tareas de prospección para la localización de los restos de las víctimas, poniendo inmediatamente los hallazgos en conocimiento de las autoridades administrativas y judiciales competentes.
CENSO DE VÍCTIMAS
La propuesta incluye asimismo la creación de un censo público de víctimas de la guerra civil y del franquismo, con independencia de su nacionalidad, a partir de la información recopilada por la Comisión Técnica de Memoria Histórica y los datos suministrados por las diferentes administraciones públicas, víctimas, organizaciones memorialistas y cualquier otra fuente, nacional o internacional, que cuente con información relevante para el mismo.
Ese censo debería recoger el listado de las personas que sufrieron fusilamientos, cárceles, exilio, depuración, incautaciones, sanciones económicas, las personas represaliadas por su condición sexual, de género, las que sufrieron tortura en los en los campos de concentración, guerrilleros y niñas y niños robados.
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En un capítulo específico, la modifación propuesta mejora las prestaciones reconocidas en cuanto a pensiones, asistencia médico-farmacéutica y asistencia social a favor de los viudos, hijos y demás familiares de los españoles fallecidos como consecuencia o con ocasión de la guerra civil, y amplía el ámbito de aplicación de las indemnizaciones para quienes sufrieron represión durante la dictadura.
El texto incluye también la creación del Consejo de la Memoria Histórica adscrito al Ministerio de Justicia, como órgano colegiado consultivo y de participación de las entidades memorialistas españolas, y el Centro Documental de Memoria Histórica con sede en la ciudad de Salamanca.
La parte final de la proposición de ley la conforma un amplio articulado con la clasificación de infracciones y las correspondientes sanciones por las acciones u omisiones que comporten el incumplimiento de lo previsto en la ley.
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