El Pleno del Ayuntamiento de San Sebastián ha adoptado una declaración institucional por la que «reconoce la honorabilidad de los principios inspiradores de la masonería y de la institución en sí, con el deseo de que cese el sufrimiento de quienes aún hoy soportan persecución, sanciones, condenas penales, exilio o son ejecutados por razón de la defensa de la Masonería y de sus ideales democráticos«. Evidentemente que nadie espere el mismo reconocimiento para los católicos perseguidos en el periodo 1936-1939, y que nadie espere el mismo reconocimiento para los miles de católicos que hoy ver pisoteados sus derechos, al tener que pagar con dinero público los miles de abortos, o tener que soportar como se impone en los colegios la nefasta ideología de género.
En su declaración, el Ayuntamiento donostiarra «condena la persecución llevada a cabo por la Dictadura del General Franco contra la masonería en nuestro país, mostrando nuestra repulsa a aquellos actos deleznables llevados a cabo en el marco de la Ley para la Represión de la Masonería y el Comunismo«. La verdad es que hubiera sido buena ocasión para condenar la persecución de millones de católicos en el periodo 1936-1939, pero por lo visto el consistorio donostierra parece no conocer la historia.
La Gran Logia de España comenzó a impulsar estos reconocimientos de honorabilidad de los principios y valores democráticos de la Masonería en 2017 al que se han sumado ya otras instituciones masónicas. En ese sentido, el Pleno donostiarra recuerda que «el descrédito sistemático de 40 años de dictadura ha pasado una enorme factura al buen nombre de la Orden Masónica, que aún se hace sentir en la sociedad» y que, a diferencia de «otras organizaciones sociales, políticas y sindicales» objeto de «público reconocimiento» los masones, «han visto como la llegada de la democracia no ha supuesto una recuperación completa de su honorabilidad«. Ninguna palabra a la responsabilidad de la masonería en la persecución de los católicos franceses durante la Revolución Francesa, ni a los católicos mexicanos perseguidos en la década de 1920, ni a los católicos españoles masacrados durante el terror rojo.