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Experto de la ONU: las religiones mundiales deberían ceder ante la autoridad de los expertos de la ONU

Según la ONU las normas religiosas deben derogarse si entran en conflicto con las opiniones de expertos en derechos humanos y expertos de la ONU.

Imagen con licencia pixabay

Según el experto especial de la ONU en libertad religiosa, las opiniones de los organismos de derechos humanos de la ONU deben prevalecer sobre las creencias dominantes de muchas religiones mundiales, en lo que respecta a la ley y la política.

En su reciente informe anual, Ahmad Shaheed, el Relator Especial de la ONU sobre Libertad Religiosa o Creencia, escribió sobre la relación de la religión y la igualdad de género. Llegó a la conclusión de que las leyes basadas en la moral tradicional, a menudo de naturaleza religiosa, deben derogarse si entran en conflicto con las opiniones de expertos en derechos humanos y expertos de la ONU.

“Los Estados tienen la obligación de garantizar a todos, incluidas las mujeres, las niñas y las personas LGBT +, un derecho igualitario a la libertad de religión o de creencias”, dijo, “incluso mediante la creación de un entorno propicio donde las autocomprensiones pluralistas y progresivas puedan manifestarse”.

Para permitir estas “autocomprensiones”, las leyes que penalizan el aborto o varios comportamientos sexuales tendrían que ser anulados.

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Shaheed señaló que las leyes sobre el aborto y el comportamiento homosexual a menudo surgen de la aplicación de las enseñanzas religiosas sobre la santidad de la vida, la familia y la moral sexual. Aunque no llegó a pedir directamente a las principales religiones del mundo, como el cristianismo o el islam, que cambien sus doctrinas, trató de diferenciar entre las interpretaciones “patriarcales” y las de “igualdad de género” de las enseñanzas religiosas. El informe cita el trabajo de académicos que han realizado para promover reinterpretaciones “progresivas” de las tradiciones de fe, y agrega que la fuente de violencia o discriminación de género no son necesariamente las religiones, sino ciertas interpretaciones de ellas, “que no están protegidas per se.”

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La noción de “derechos LGBT +”, un concepto que recientemente ha entrado en el lenguaje de los académicos, y que no tiene consenso internacional, y mucho menos una definición formalmente aceptada, es tratada por el informe como algo incuestionable. En contraste, las tradiciones religiosas, algunas que datan de miles de años, son tratadas como subordinadas. El relator especial cita a “muchas feministas y estudiosas de los derechos humanos” al argumentar que “las normas que regulan la condición de hombres y mujeres, incluso en el nombramiento del clero”, no son solo religiosas, sino políticas, y por lo tanto “son una preocupación para el Estado y el derecho internacional de los derechos humanos “.

En noviembre pasado, Shaheed tuiteó una cita de un taller centrado en la igualdad de género y la libertad de religión: “Cuando se niega el acceso al aborto seguro, se niega el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la igualdad de la dignidad humana”.

El lunes, el Consejo de Derechos Humanos sostuvo un diálogo interactivo con el Relator Especial, donde se presentó una declaración conjunta en nombre de varias organizaciones pro-vida y pro-familia, incluida C-Fam, planteando objeciones al desprecio del informe por los derechos de niños no nacidos y llama a restringir los derechos de objeción de conciencia al aborto por parte de profesionales de la salud.

La posición del Relator Especial sobre Libertad de Religión o Creencia es parte del subconjunto del Consejo de Derechos Humanos de la ONU conocido como Procedimientos Especiales. Como tal, sirve de manera individual, no remunerada, y sus informes son consultivos y no vinculantes. Sin embargo, se incorporan a la biblioteca de documentos de derechos humanos de la ONU que frecuentemente se citan entre sí para defender las interpretaciones de los derechos humanos que están lejos de obtener un amplio apoyo entre los Estados miembros de la ONU.

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Relatores especiales anteriores, incluidos aquellos cuyos mandatos incluyen la tortura, la violencia contra las mujeres y el derecho a la salud, han utilizado sus cargos para avanzar en las posiciones pro-aborto.


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