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El Gobierno tramita la ley que va contra los colegios de Educación Especial

El gobierno amordaza a las familias de personas con discapacidad, y pretende aprobar una ley ideológica, alejada de las necesidades de los menores con discapacidad.

La Plataforma Educación Incluvia Si, Especial También denuncia que los grupos parlamentarios que sostienen al gobierno han decidido, en pleno estado de alarma, reactivar la tramitación, a espaldas de la sociedad y con su capacidad de reacción anulada por la pandemia, una Ley de Educación que promueve la eliminación de los Centros de Educación Especial.

Según la citada plataforma “quieren traspasar, en 10 años, a todos los alumnos con discapacidad intelectual de los centros especializados a colegios ordinarios. Esta decisión no ha sido consultada ni con los padres, ni con los profesionales de los colegios. Las familias con niños con discapacidad intelectual, entidades y colegios de Educación Especial, sindicatos, patronales y profesionales de la enseñanza, ya se opusieron a esta norma, con una manifestación masiva en Valladolid.”

Desde la declaración de un estado de alarma histórico como el que estamos viviendo en España, el Gobierno, como es lógico, ha suspendido los plazos administrativos y procesales. Sin embargo, eso no ha sucedido con los trámites parlamentarios.

Los grupos parlamentarios PSOE y Unidas Podemos han decidido aprovechar esta situación excepcional, dramática para miles de personas que están perdiendo a sus seres queridos, valerse del caos y la incertidumbre sanitaria, social, económica, educativa y política que vivimos en el país durante las últimas semanas, para seguir tramitando la Ley de Educación (la conocida como Ley Celaá), a espaldas de la mayoría de la sociedad que desconoce lo que está pasando y no puede manifestarse democráticamente al respecto.

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El plazo para presentar enmiendas a la totalidad de la Ley finalizó el pasado 24 de abril y el próximo 29 de abril concluye el de presentación de enmiendas parciales.

Valerse de esta situación, en la que los ciudadanos no podemos manifestarnos ni salir a la calle para mostrar un rechazo a una ley que supone una tragedia para nuestros hijos, es la mejor forma de amordazar a las miles de personas con discapacidad intelectual, familias y docentes que estamos en contra de esta ley, y evitar que podamos hacer ruido.

Hace unos meses, cientos de familias manifestaron su oposición a la Disposición Adicional Cuarta del Anteproyecto de Ley que pretende:
a) limitar los Centros de Educación Especial únicamente a “los alumnos que requieran una atención muy especializada”
b) eliminar la mayoría de los Centros de Educación Especial existentes, arbitrariamente, en 2030.

Durante las semanas anteriores al estado de alarma la Plataforma pidió a la responsable de Educación y Universidades del PSOE, M. Luz Martínez Seijo, la eliminación de la controvertida y polémica disposición adicional cuarta de la Ley, pues si Pedro Sánchez/Pablo Iglesias no querían cerrar los colegios de Educación Especial, como venían
manifestando públicamente, no tenía ningún sentido dicha disposición. Sin embargo, el texto que se está tramitando sigue incluyendo la Disposición Adicional Cuarta.

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A la vista de esta situación, la Plataforma “Educación Inclusiva Sí, Especial TAMBIEN” muestra su absoluto rechazo a la estrategia empleada por el Gobierno para amordazar a las personas con discapacidad intelectual, a sus familias y docentes, y pide la movilización social en redes sociales y medios de comunicación de quienes estén en contra del cierre de los colegios de Educación Especial.

DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA- Evolución de la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales. Las Administraciones educativas velarán para que las decisiones de escolarización garanticen la respuesta más adecuada a las necesidades específicas de cada alumno o alumna, de acuerdo con el procedimiento que se recoge en el artículo 74 de esta ley. El Gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas,
desarrollará un plan para que, en el plazo de diez años, de acuerdo con el artículo 24.2.e) de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y en cumplimiento del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad. Las Administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios.

Para el equipo de Tradición Viva las intenciones del Gobierno suponen la aplicación a ultranza del igualitarismo

El problema es que tampoco existirán centros privados, pues se pretende su prohibición. Lo que el gobierno quiere es aplicar su ideología revolucionaria del igualitarismo extremo: que todos seamos iguales. Por eso no quieren que haya ricos, ni quiere que haya reyes o nobles, por eso quiere que no haya hombres y mujeres (eso es la ideología de género). En este tema pretende que todos los niños reciban el mismo trato. Cuando esto es una barbaridad, pues hay niños con capacidades diferentes, y no podemos darles el mismo trato, pues perjudicamos a los niños con capacidades diferentes y perjudicamos también a los otros. Y es que el principio correcto no es igualdad de trato para todos, sino igualdad de trato solo para los iguales.

Sería tan absurdo como hacer que un invidente pudiera tener carnet de conducir alegando que es igual que todos. Es igual en dignidad y en derechos, pero no en facultades. Y es que precisamente la vida social se funda en la desigualdad: unos están dotados para la ciencia y son médico, otros para hablar, y son abogados, otros para hacer cosas, y son artesanos. La sociedad es conseguir un orden armónico y colaborativo de las desigualdades, para que nos complementemos unos con otros… y no negar las desigualdades para hundir la vida social y crear el caos y la dependencia del poder político.

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Esto es lo mismo que cuando prohibieron los sobresalientes y los suspensos alegando que eso discriminaba y que por eso no había que poner notas. La conclusión es que al final hacemos una sociedad fallido, donde en vez de igualar por arriba se iguala por abajo, y todos nos convertimos en inútiles.

La misma idea es la que alienta el tema del sueldo básico para todos, lo que incentivará que los bajos no trabajen y que los que nos esforcemos acabemos por no hacerlo, porque no nos rentaría. En fin, ese fue el fracaso del comunismo, pues hizo que nadie se esforzara por nada, y se acostumbraran todos a vivir paniaguados del estado. Esto duró mientras el estado pudo tirar del trabajo, esfuerzo y ahorro de las generaciones pasadas, pero cuando este capital se acabó, el Estado solo repartía pobreza.

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