La Junta Regional Carlista de Castilla había convocado para el 1 de mayo, día de San José Obrero, un acto público para pedir la intermediación de San José, protector de la Iglesia y las familias además de patrón de los obreros. Con tal objeto se comunicó debidamente el acto a la Delegación de Gobierno, indicando en tal comunicación que la Junta Regional garantizaría dos metros de separación entre cada uno de los asistentes, así como la dispensación de mascarillas y guantes, de los que ya se había hecho acopio.

Sin embargo el Delegado del Gobierno, Sr. José Manuel Franco Pardo dictó una resolución, el martes 28 de abril, denegando la autorización para celebrar el acto con la disculpa de que los organizadores no podían garantizar la evitación de nuevos contagios. Tal resolución fue recurrida por los servicios jurídicos de la Comunión al día siguiente y la vista del juicio se celebró el jueves 30 de abril. Sin embargo, a pesar de la afirmación del Tribunal de que resolvería y notificaría su resolución esa misma tarde, no notificó nada, motivo por el cual finalmente no pudo celebrarse el acto. En cualquier caso, la actitud del Delegado del Gobierno debe ponerse en consonancia con otros comportamientos similares, como la suspensión, en medio de su celebración, de una Misa en la catedral de Granada, o como la suspensión de otras misas celebradas en diferentes localidades.

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Contrasta, en cambio, esta actitud con la tolerancia hacia el Islam, pues en localidades como El Vendrell sí se les dejó celebrar un viernes sus oraciones públicas en la calle sin ser inquietados por las autoridades políticas ni por las fuerzas de seguridad. Evidentemente se reconocer derechos al error y no a la verdad.

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