Por Por Matías Frati 

Un proyecto de reforma judicial enviado por el Presidente Alberto Fernández generó turbulencia entre los partidos políticos nacionales. Más salas, más juzgados, más miembros en la Corte y una oposición que no se enfocó en su diagnóstico y ahora sufre las consecuencias.

La posibilidad de una reforma al sistema judicial en la República Argentina divide las aguas en la política nacional. Otra vez, oficialismo y oposición debaten alrededor de un tema que a la mayor parte de la sociedad le es indistinto. Máxime en los actuales tiempos, donde la pandemia mundial por el sars-cov-2 se ubica en uno de los puntos más altos a nivel país.

Es real que antes de que el Gobierno expusiera el proyecto para la reforma, las encuestas de opinión de diversas consultoras privadas daban a la justicia entre los poderes del estado con menor credibilidad. Al igual que en el resto del mundo, la división de poderes instituída por el sistema republicano y consagrada en la Constitución Nacional en Argentina hace que los poderes del estado sean –formalmente- independientes uno de otros.

Dicho descreimiento avala la idea de una necesidad en la reforma. Pero no todos los sectores están de acuerdo. El proyecto del Gobierno elevará la cantidad de miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y abre un nuevo formato de “salas”, distinto de lo actual. Eso licúa el poder que descansa en la Corte pero, además, deslegitimaría su carácter de “última palabra” que está en cabeza de los actuales cinco ministros.

Se dijo más arriba que oficialismo y oposición están enfrentados por este proyecto. La oposición sostiene que “se trata de una reforma inoportuna, innecesaria, mal estructurada, altamente costosa y con aspectos de dudosa constitucionalidad”. Contundencia en los dichos para cerrar de manera categórica un debate de fondo. Sin embargo eso no sería suficiente en la Argentina, con un terreno donde el fango político destaca.

Inseguridad, problema derivado

Mientras todos miran a la Justicia Federal como el gran escándalo por resolver, dado que muchas de las causas politizadas terminan recayendo allí y -en muchos casos- su suerte dependería bastante más de la conveniencia del poder político que se impondría al resto de los poderes, hay otros dos temas que se imponen en la agenda de los ciudadanos y que están al margen de la de los magistrados y la clase dirigente nacional.

La inseguridad es uno de esos temas de mayor preocupación. Los datos son alarmantes. En la provincia de Buenos Aires se registraron, estadísticamente, más de 77.000 delitos en el mes de junio. La misma cantidad que se habían denunciado el año pasado.

Frente a esto hay que decir dos cosas: la primera, es que poco parece haberse hecho para mejorar la performance. No se ha podido llevar tranquilidad a los ciudadanos, en especial en los sectores de mayores bolsones de pobreza que es donde el delito es más intenso. Lo otro, que a pesar del aislamiento y la cuarentena, donde los niveles delictuales cayeron fuerte en los meses de marzo y abril, luego la situación volvió a su origen. Es decir, el problema de fondo sigue latente.

El otro tema importante es la inseguridad jurídica. Los ciudadanos argentinos sufren el cambio de reglas permanente. Los ciclos políticos se suceden de manera pendular. Cuando gobierna el peronismo las normas se enfocan desde una visión. Cuando toma el poder la oposición aquello cambia. Y así sucesivamente, lo que genera mucha incertidumbre entre los argentinos de a pie.

Esta vez hay un proyecto sobre el cual discutir. Ese es un mérito que se le debe reconocer al peronismo por estos días. Porque impone algo sobre lo cual se podrá debatir, más allá del paladar de cada una de las fuerzas políticas actuales.

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La oportunidad perdida

En la Argentina los tribunales están saturados de causas que se acumulan en todos los sectores de la justicia. Sin embargo, pasan los años y ni unos ni otros –oficialismos u oposiciones, según el tiempo que les toque- logran resolver el tema.

El ex presidente Mauricio Macri tuvo cuatro años para impulsar una reforma y no lo consiguió. Tenía un diagnóstico pero no supo como ejecutar su programa. Ahora le toca a los partidos de la coalición opositora padecer el peso del poder del oficialismo. Una oportunidad perdida de parte de lo que fue la alternativa democrática de centro que tuvo el país entre 2015 y 2019. Y una toma de decisiones en manos del peronismo que, cuando se sienta sobre el sillón presidencial, es implacable en el ejercicio del poder en todas sus dimensiones.

Este articulo se publicó en la Revista Reino de Valencia nº 125.

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